Author - webmaster

El 46% de autos importados a Bolivia son de origen chino (PÁGINA SIETE)

PÁGINA SIETE. 2019-07-07 Entre enero y abril de este año, del total de compras de vehículos que realizó el país de más de 50 países, el 46,2% provino desde el mercado de China, luego -por orden de participación- le siguen Japón,  Brasil, México e India. De acuerdo con los datos elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los primeros cuatro meses de este año Bolivia internó un total de 50.821.102 kilogramos de autos (el registro se realiza por kilogramos, no por unidades), de los cuales 23.484.698 kilogramos fueron importados de China (ver gráfica). En el caso del valor, el total de compras bolivianas significó 349,7 millones de dólares, de los cuales se pagaron 101,2 millones de dólares al mercado asiático. Mientras que desde Japón se importó un total de 5.456.261 kilogramos; le sigue Brasil con 5.197.630 kilogramos; India con 3.269.695 y México con 2.334.842, según las cifras oficiales. Asimismo, el reporte señala que en 2018 Bolivia internó 53.180.372 kilogramos por un valor de 227,4 millones de dólares, de un total adquirido 125.716.202 kilogramos, por los cuales se pagó 880,9 millones de dólares. El IBCE denota que en 2003, el origen de compras de automotores lo encabezaba EEUU con el 42% de participación, seguido por Japón con el 36%; mientras que China no superaba el 1%. El  gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, atribuyó la mayor compra desde el país asiático al factor precio de los autos. “Obviamente el precio es el que predomina. La situación en el país ha cambiado y la gente puede comprar vehículos de segunda mano, ya que las opciones de financiamiento han cambiado”, afirmó el representante. Asimismo, mencionó que la preferencia por los autos chinos  se da principalmente en vehículos nuevos, que hasta 2018 registraban el 35,6%; seguido por la industria japonesa con el 15,5%; India, 13,6%; Brasil, 6,6%, entre otros.   En el caso de la importación de autos antiguos o usados, la participación la lidera Japón con el 38,8%; luego está México con el 12,7%; EEUU con 12,5%; Suecia, 9,3%; Canadá con el 7,2% y China en el puesto sexto con el 6,1%. Para Encinas, los datos anteriores muestran que el sector automotor privado es afectado por importadores eventuales. “No son firmas que tienen representación directa del fabricante, siguen  importando palos blancos de lavadores de dinero y subfacturadores a través de Iquique. Seguimos siendo el basurero de camiones viejos importados desde Suecia y Estados Unidos, que en algunos casos son declarados como siniestrados   y luego refaccionados”, enumeró. Ante ese panorama, denotó que  los controles de calidad que se deben realizar a los vehículos antiguos   no se los realizan. El parque automotor Según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), con datos a junio de este año y remitidos a Página Siete, en el país circulan  1.965.010, de los cuales el transporte particular suma un total de 1.824.176 unidades, seguido por el transporte público con 106.610 y en menor cantidad corresponde a vehículos oficiales, con 34.224 unidades. A diciembre de 2018 habían  1.910.143 unidades de autos, de los cuales la mayor cantidad transitaba en Santa Cruz, con 647.033 unidades; seguido de La Paz, con 449.950; Cochabamba, con 410.396; Tarija, con 108.596; Oruro, 99.392 y otros departamentos con menor número. La  preferencia
  • Modelos Según la clase de vehículos, reporta el INE, las vagonetas constituyen el grupo más importante del parque automotor de Bolivia, porque hasta el 2017 se registraron 508.080 unidades. Por orden de importancia, le siguen las motos con 438.560 unidades, automóviles con 313.170 y camionetas con 179.842, según la web de de libreempresa.com.bo.
LEA LA NOTA EN: https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/7/el-46-de-autos-importados-bolivia-son-de-origen-chino-223341.html
Read more...

Grupo de minería del Mercosur analizó los nuevos desafíos ante el acuerdo con la UE (DIARIO DE ZONDA)

DIARIO DE ZONDA. 2019-07-07 El Grupo de Geología y Minería del Mercosur se reunió para considerar futuros escenarios del sector ante nuevas oportunidades para la región. Autoridades del Mercosur coincidieron en la importancia de desarrollar una minería que contribuya al desarrollo equilibrado de sus pueblos y en el potencial de esta actividad para el crecimiento del bloque a nivel global, en el marco de la XXI Reunión de Trabajo del Subgrupo de Geología y Minería del Mercosur. La reunión fue encabezada por la secretaria de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo, Carolina Sánchez, ya que Argentina tuvo a su cargo la presidencia pro tempore en el primer semestre de este año. Por Brasil participó el secretario de Geología, Mineración y Transformación Mineral del Ministerio de Minas y Energía, Alexandre Vidigal de Oliveira, y por Chile (país adherente) el director del Servicio Nacional de Geología y Minería de la República de Chile (SERNEAGEOMIN), Alfonso Domeyko-Letelier. Durante la apertura, Sánchez celebró el “acuerdo histórico” entre el Mercosur y la Unión Europea, y resaltó: “El bloque tiene un gran potencial y herramientas para contribuir al desarrollo equilibrado de sus pueblos también en las actividades relacionadas con la minería”. “Estas reuniones son muy importantes para fortalecer el desarrollo de nuestras instituciones y nuestros marcos normativos para que los beneficios de la minería se vuelquen en el verdadero desarrollo de las comunidades”, resaltó la funcionaria nacional. Alexandre Vidigal de Oliveira, de Brasil, coincidió con Sánchez y llamó a “pensar en la minería como una oportunidad de desarrollo global: estamos viviendo un momento histórico, tenemos el desafío de desarrollar una minería que sea promotora del desarrollo económico y social, y que nos permita integrarnos profesionalmente con el mundo”. Alfonso Domeyko, destacó que “la minería ha sido una actividad fundamental para el desarrollo de Chile en los últimos 50 años y sigue siendo una actividad económica primordial”, y afirmó: “El futuro nos habla de inteligencia artificial, de electromovilidad, y todo eso es imposible pensarlo sin el desarrollo de una minería sustentable en sus tres pilares: social, económico y ambiental”. Durante la reunión, que se llevo adelante el 3 y 4 de julio, se realizó un seguimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo 2017/2018, con foco en acuerdos bilaterales, legislación comparada, datos de exploración y sustentabilidad de la minería, y se aprobó el Nuevo Plan de Trabajo para el período 2019/2020 centralizado en el estudio conjunto de depósitos de relaves y la finalización del mapa geológico de escala 1:1.000.000 del Mercosur, entre otras. LEA LA NOTA EN: https://www.diarioelzondasj.com.ar/grupo-de-mineria-del-mercosur-analizo-los-nuevos-desafios-ante-el-acuerdo-con-la-ue/
Read more...

Vice anuncia la producción de etanol en el norte paceño y sugiere plantar soya para biodiesel (ANF)

ANF. 2019-07-05 El vicepresidente Álvaro García Linera anunció la noche del viernes que el Complejo Agroindustrial de caña de azúcar de San Buenaventura, en el departamento La Paz, contará con una planta de producción de etanol  con el fin de producir gasolina. Además, sugirió que en el norte paceño se debe considerar plantar soya para producir biodiesel. Aseguró que ambos combustibles podrán ser vendidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Como Gobierno vamos a invertir en la planta de azúcar San Buenaventura; sino me equivoco es una inversión de 50 o 60 millones de bolivianos, para incorporarle una súper planta de producción de etanol. Vamos a agarrar el alcohol, le vamos a sacar la gasolina y eso le vamos a vender a YPFB”, anunció García, durante su intervención en la inauguración de la Quinta versión Feria La Paz Expone. Resaltó que, a mandato del presidente Evo Morales, el Ministerio de Economía envió a la Asamblea Legislativa un presupuesto reformulado, que incluye el monto para el proyecto de etanol. Consideró que la producción del mismo es una gran oportunidad para la ampliación y potenciamiento de la agricultura en el departamento paceño. LEA LA NOTA EN: https://www.noticiasfides.com/economia/vice-anuncia-la-produccion-de-etanol-en-el-norte-paceno-y-sugiere-plantar-soya-para-biodiesel-398941
Read more...

El Bala: San Miguel autoriza estudios para hidroeléctrica (CORREO DEL SUR)

CORREO DEL SUR. 2019-07-03 ENDE logró la autorización de la dirigencia indígena de San Miguel de El Bala para hacer estudios complementarios para el megaproyecto hidroeléctrico Chepete y El Bala a cambio de un tinglado y un motor para embarcación. Álex Villca de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Contiocap) dijo que esta comunidad del norte de La Paz era la única que se había resistido a aceptar los estudios del proyecto hidroeléctrico. LEA LA NOTA EN: https://correodelsur.com/politica/20190703_el-bala-san-miguel-autoriza-estudios-para-hidroelectrica.html
Read more...

La OPEP y sus aliados adoptan un “acuerdo” de cooperación permanente (PÁGINA SIETE)

PÁGINA SIETE. 2019-07-02 La OPEP y sus socios, liderados por Rusia, adoptaron el martes en Viena un "acuerdo" para consolidar su alianza a través de una carta de "cooperación permanente", crucial para hacer frente al auge de la oferta estadounidense. Los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 países socios aprobaron por unanimidad el texto, calificado de "histórico" por Arabia Saudita. La medida se aprobó con un voto a mano alzada durante una reunión en la capital austriaca, donde la OPEP tiene su sede. Su alianza, hasta ahora informal, remonta a finales de 2016, cuando, debido a la caída vertiginosa de los precios del petróleo, los miembros de la OPEP se pusieron de acuerdo con otros 10 países petroleros, entre ellos Rusia, México y Kazajistán, para limitar su producción de crudo. Los 24 países, agrupados bajo la sigla OPEP+ y que producen la mitad del petróleo del mundo, sellaron el martes esta alianza a través de un documento de "cooperación permanente", del que se desconocen los detalles. Como era previsible, estos países también prolongaron el martes, durante otros nueve meses, su acuerdo del pasado diciembre para bajar su oferta acumulada de 1,2 millones de barriles diarios (mbd) para estimular las cotizaciones del crudo. En este contexto, este acuerdo de cooperación del martes crea de facto una especie de OPEP ampliada, lo que consolida su bloque frente a Estados Unidos, primer productor de petróleo del mundo. LEA LA NOTA EN: https://www.paginasiete.bo/planeta/2019/7/2/la-opep-sus-aliados-adoptan-un-acuerdo-de-cooperacion-permanente-222853.html
Read more...

El 32,6% de los ingresos por el gas van a las petroleras (LA RAZÓN)

WALTER VÁSQUEZ (LA RAZÓN) 2019-07-01 En los últimos 13 años, el 67,4% del total de los ingresos generados por el sector hidrocarburífero de Bolivia se quedó en las arcas del Estado y el 32,6% pasó a manos de las petroleras, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Entre 2006 y 2018, el rubro generó un total de $us 55.603 millones, de los que $us 37.479 (67,4%) fueron para los bolivianos y $us 18.125 millones para las operadoras, que recibieron estos recursos por su participación en los proyectos ($us 7.907 millones) y por costos recuperables ($us 10.218 millones), detalló ayer la autoridad.   “Es una convivencia perfecta entre la empresa privada y la empresa estatal bajo las normas del Estado boliviano”, destacó. El ministro recordó que la Ley 3058 de Hidrocarburos de mayo de 2005 estableció una retención del 50% del valor de la producción de gas y petróleo para el Estado que “no se operativizó” hasta que el actual Gobierno nacionalizó el sector el 1 de mayo de 2006. “Con la firma de los nuevos contratos de servicios, el Estado se queda con el 82% y las empresas con el 18%”, además de los costos recuperables, expuso. Marco. Si el proyecto es exitoso, los gastos realizados en la etapa exploratoria se “amortizan” en la fase de explotación y la “infraestructura se queda con los bolivianos”, explicó Sánchez, quien insistió en que el rubro vive su “época dorada” desde hace 13 años. La autoridad resaltó también que de los $us 55.603 millones generados en los últimos 13 años, el 45% se distribuyó a los departamentos productores y no productores y el 55% al nivel central. “La gran bonanza de la parte económica se debe a esto, es decir, la economía de Bolivia ha crecido en más el 10%  y se debe a la decisión política, a una buena negociación, a la gestión, a la inversión y, fundamentalmente, a los resultados”, declaró el ministro al programa El pueblo es noticia de la red Patria Nueva. Un análisis a 2017 de la Fundación Milenio observa, no obstante, que “mientras duró la bonanza económica el sistema de costos recuperables funcionó sin mayores sobresaltos, incluso a pesar de las omisiones e incumplimientos por parte de YPFB y la laxitud en los procedimientos de control”. “Pero esto ha cambiado en los últimos años, a  raíz de la debacle de los precios del petróleo (...). YPFB ha estado pagando por concepto de costos recuperables, sumas por encima de los rangos internacionales de precios”, agrega. LEA LA NOTA EN: http://www.la-razon.com/economia/Informe-ingresos-gas-venta-petroleras-Bolivia_0_3176082375.html#.XRzH4eOk9X0.facebook
Read more...

Expreso • Empresa china anuncia interés en un megapuerto en Ilo

El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, anunció que la principal empresa naviera del mundo, la china Cosco Shipping, planea revisar las instalaciones del puerto de Ilo, en esa región.

”Nuestro sueño y deseo es que en Ilo tengamos un gran megapuerto de entrada y salida para Perú, Bolivia y Brasil”, aseguró el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el reciente Gabinete Binacional Perú-Bolivia. Afirmó que se está gestando un nuevo ‘Qhapaq Ñan’ a través del Tren Bioaceánico en el contexto global de Una Franja Una Ruta, o Ruta de la Seda de China, el esquema de cooperación económica global. Cosco acaba de confirmar hace muy poco la construcción del megapuerto de Chancay.

El embajador chino en el Perú, Jian Gide, ha anunciado que, ademas de la inversión de Cosco en Chancay, la empresa China Harbour Engineering Company invertiría en el puerto de Ilo. El interés de China se remonta al 2013 en que mostraron interés en la salida bioceánica China Harbour Engineering Company y Hunan Road and Bridge Construction.

Bolivia exportará más a China

La Paz.- Bolivia entregó este domingo a China un protocolo sanitario para la exportación de su carne bovina que le permitirá nivelar su balanza comercial con esa potencia asiática. El propio presidente boliviano, Evo Morales, entregó al embajador de China en Bolivia, Liang Yu, el documento.

A su turno, el embajador chino resalto que la recepción del protocolo está orientada a “equilibrar la estructura comercial” entre ambos países. Ambos gobiernos han firmado ya acuerdos para exportación de quinua, café y soya.

La Confederación de Ganaderos de Bolivia aglutina a unos 80.000 productores dedicados a la crianza de especies bovina, ovina y camélida. Bolivia produce alrededor de unos 10 millones de cabezas de ganado.

Fuente: https://www.expreso.com.pe/economia/empresa-china-anuncia-interes-en-un-megapuerto-en-ilo/

Read more...

1° de julio de 2019: Boletín bisemanal: Iniciativa para la Acción FOSPA VIII – Compartiendo información sobre empresas e inversiones chinas en la Panamazonía

Bolivia Armada Boliviana confisca 2 dragas chinas sin registro en Teoponte  Fuente: Página Siete Brasil A batalha dos jumentos La batalla de los burros Fuente: Diálogo Chino Colombia Conversatorio (4 de julio, 2019) : China-Colombia. ¿Hacia dónde vas las relaciones? Fuente: Universidad Nacional de Colombia Ecuador En Ecuador, pelea por mina se convierte en disputa por la identidad indígena Fuente: DIálogo Chino Regional Los recursos estratégicos de Latinoamérica en la guerra China-Estados Unidos Fuente: CELAG- Contralínea
Read more...

Diálogo Chino • En Ecuador, pelea por mina se convierte en disputa por la identidad indígena

El futuro de uno de los proyectos mineros más importantes para Ecuador, que quiere apostarle a ese sector para apalancar su desarrollo, será incierto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.

Serán los magistrados del máximo tribunal de ese país quienes definan cómo terminan tres años de enfrentamientos legales y hasta físicos entre la minera china Junefield Ecuagoldmining y varias comunidades locales de la montañosa región de Cuenca. En una primera instancia esos pobladores le ganaron a la empresa, que busca explotar los yacimientos subterráneos de oro y plata de la mina de Río Blanco, pero el gobierno de Lenin Moreno apeló el fallo y el caso sigue en un limbo.

A la espera de ese fallo definitivo, el muy mediático caso está revelando las dificultades que tiene el sector minero en Ecuador, en medio de la falta de diálogo entre empresas y comunidades, las preocupaciones por su huella ambiental y la casi completa ausencia del estado.

La comunidad, entre el oro y el agua Para llegar a Río Blanco, un caserío escondido entre la niebla a 3550 metros por encima de la cordillera de los Andes, hay solo dos caminos.

Ambos están trancados por plumas metálicas que cortan el paso según la voluntad de quien las maneja. Sin embargo, cada una tiene un operario distinto: mientras las comunidades opuestas a la mina de oro bloquean la vía asfaltada para impedir el paso de los vehículos de la minera, una empresa de vigilancia privada contratada por la empresa controla –con la aprobación de la Policía Nacional- el paso por la pedregosa carretera secundaria que abraza los riscos de la montaña.

Esas dos trancas son la evidencia física de hasta qué punto ha escalado el conflicto social en esta zona escasamente poblada con gente, pero rica en agua y oro.

“No podemos entrar a nuestro territorio libremente: nos tienen controlados, nos piden documentos muchas veces. Este camino lo construimos nosotros sin ayuda porque la empresa no quiso ayudar”, dice la líder campesina Elizabeth Durazno, vistiendo un gorro morado de lana para protegerse del frío en el techo de los Andes. Esta mujer de 37 años y cuatro hijos es una de las caras más visibles de lo que en Río Blanco llaman, de manera intercambiable, ‘la resistencia’, ‘la lucha’ o ‘la prevención’.

Es apenas uno de los temas que tiene enfrentados a varias decenas de campesinos indígenas con la empresa que pertenece al conglomerado privado chino Junefield Mineral Resources Holdings, cuyo yacimiento de oro y plata podría significar más de 200 millones de dólares al país. En realidad se trata de un conflicto heredado tras comprarle a la canadiense International Minerals Corporation (IMC) en 2013, pero que desde entonces ha crecido.

Aunque casi todos los vecinos de Río Blanco han trabajado para la minera en el pasado, hoy la acusan de no haber cumplido sus compromisos laborales, de no traer mejorías en la calidad de vida local, de taponar una laguna con escombros, de promover divisiones dentro de las comunidades y, sobre todo, de no haberles consultado previamente.

Cierto o no, la realidad es que los poblados vecinos están divididos sobre el proyecto. La mayor parte de las 80 familias de Río Blanco se opone a la mina aledaña. En Cochapamba, más distante de la mina pero también dentro de su área de influencia directa, la mayoría está a favor. Más abajo sobre la vía de acceso, Yumate decidió unánimemente bloquear el acceso a los vehículos de la minera y Molleturo, donde está el gobierno local, es más favorable. Incluso al interior de las mismas comunidades están enfrentados, algo que los detractores de Junefield atribuyen a la minera y que sus defensores le endilgan a los opositores.

Todo esto ha contribuido a que el conflicto escalara sin que se vislumbren posibilidades claras de solucionarlo.

La tensión llegó a su máximo punto en mayo del 2018, cuando lo que comenzó como una protesta pacífica en Río Blanco terminó con el incendio del campamento de la minera. Hasta hoy no hay claridad sobre lo que ocurrió ese día, en una conflagración que los chinos dicen fue provocada por los campesinos y de la que éstos acusan a la seguridad privada de la mina.

Más allá de las preocupaciones de los lugareños, Río Blanco no es un lugar cualquiera. La mina está situada justo en los bordes del Parque Nacional Cajas, que alberga más de cientos de lagunas de alta montaña y es una verdadera fábrica de agua. Una decena de ríos fluyen desde sus páramos, llevando agua a Cuenca, a la costa ecuatoriana y a los ríos de la cuenca del Amazonas.

Las comunidades temen que las actividades de la minera puedan afectar el agua que nace dentro del parque nacional, algo prohibido por la ley. La empresa insiste en que su proyecto está por fuera –a 3,5 kilómetros de sus linderos- y que no tiene por qué afectarlo.

“Nosotros tenemos que sacar de la Madre Tierra para comer. Vivimos del campo y del riego, así que ¿qué va a pasar? No queremos que eso se pierda. La empresa china no nos da oídos”, dice la campesina Beatriz Loja en Yumate, cuyas quebradas bajan de Río Blanco.

El valor hídrico del Cajas, considerado una Reserva de la Biósfera por Naciones Unidas, es tan grande que el caso también se volvió políticamente sensible en Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador cuya agua proviene de allí y cuyos tribunales se convirtieron en el nuevo escenario de la disputa desde hace un año.

La batalla legal por Río Blanco A pesar de que casi todos los titulares de prensa se han centrado en la tensa relación entre comunidades y empresa, el caso en realidad se ha movido en los tribunales.

El 1 de junio del 2018, el juez Paúl Serrano ordenó la suspensión de las actividades en la mina y la desmilitarización de la zona, respondiendo a una acción legal de protección presentada por las comunidades argumentando que se habían violado sus derechos al agua, al trabajo y a ser consultados. El golpe más duro para Junefield y el gobierno ecuatoriano fue su determinación de que se había violado el derecho de las comunidades indígenas vecinas a ser consultadas previamente sobre el proyecto.

El Gobierno ecuatoriano apeló esa decisión y el caso subió hacia el Tribunal provincial de Azuay. En medio de gran expectativa y ruidosas muchedumbres en el central Parque Calderón de Cuenca, el 3 de agosto tres magistrados ratificaron el fallo.

Su doble victoria, que parece no ser definitiva aún a raíz de la decisión del Gobierno ecuatoriano de apelar y elevar el caso hasta su última instancia posible en la Corte Constitucional, muestra una realidad cada vez más común en Ecuador y otros países de América Latina.

Conscientes de que las protestas y bloqueos de vías suelen terminar en enfrentamientos con la fuerza pública e incluso en procesos penales contra sus líderes, las comunidades locales ahora están optando por estrategias más jurídicas y políticas.

Y están ganando. En abril de este año, los indígenas waorani de la Amazonia ecuatoriana ganaron un caso similar en la justicia, a causa de un proyecto petrolero dentro de su territorio que no les había sido consultado. En octubre pasado, otro tribunal protegió a los indígenas cofán de Sinangoe, que presentaron una queja idéntica contra varias concesiones mineras.

Río Blanco fue justamente la primera de esas victorias. En parte se debió a que el caso fue acompañado por un sinnúmero de organizaciones indígenas y Ong legales, que intervinieron en las audiencias judiciales respaldando las preocupaciones de los vecinos.

Entre ellas estuvo Zhang Jingjing, una prestigiosa abogada ambiental china que hizo énfasis en el compromiso de China de que sus empresas respeten las normas ambientales y los derechos de minorías étnicas de los países donde trabajan.

“Es hora de que las empresas chinas que están invirtiendo o quieren hacerlo en América Latina enfrenten el desafío, adopten buenas prácticas globales, escuchen con sinceridad y respondan a las preguntas de las comunidades afectadas”, escribió Zhang, que lleva años litigando en temas ambientales en China y que dirige el Programa de Rendición de Cuentas Ambiental Transnacional de la Universidad de Maryland, para Diálogo Chino.

Hay una diferencia, sin embargo, entre el caso de Río Blanco y las otras victorias legales, que está en la nuez de la disputa política hoy.

Los habitantes de Río Blanco solo se comenzaron a identificar como indígenas cañari kichwa en 2017, cuando ya había un conflicto con Junefield. Esa condición de indígenas es la que les da derecho a exigir la consulta previa libre e informada, un derecho protegido por la Constitución ecuatoriana y por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Ecuador firmó. Por eso se organizaron como comunidad indígena, redactaron sus estatutos y se registraron ante Ecuarunari, el brazo de la organización indígena nacional que reúne a los pueblos indígenas de los Andes.

Ese tema de la autoidentificación es espinoso. El Gobierno de Lenin Moreno disputa hoy que ellos sean indígenas, argumentando –con cierta lógica- que esa información no estaba disponible al inicio del proyecto. Irónicamente, fue el propio gobierno ecuatoriano –entonces liderado por Rafael Correa, con Moreno como vicepresidente- el que promovió desde el censo poblacional de 2010 que las comunidades con raíces indígenas se declararan como tal.

“El Ministerio de Minas hasta ahora dice que no somos pueblos indígenas, sino que somos mestizos, pero nosotros nos autoidentificamos como indígenas”, dice Elizabeth Durazno, señalando que cumplen con dos de los criterios probatorios: tener apellidos que demuestran ancestros indígenas y documentos históricos probando que la parroquia de Molleturo tuvo presencia histórica de los cañari-kichwa.

“Los pueblos indígenas han sido víctimas de muchas violaciones de sus derechos colectivos, a pesar de que la consulta previa está en la Constitución. Sobre todo el gobierno de Rafael Correa, que certificaba quién era indígena y quién no, fortaleció la idea de que nos oponemos al desarrollo y a la tecnología, que queremos vivir como nuestros antepasados, que somos los que atrasamos el progreso. Con esto nos deslegitimaba, sobre todo a los líderes”, dice Lauro Sigcha, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) que ayudó a los vecinos de Río Blanco a organizarse.

Esto ha generado que en Ecuador haya hoy un pulso político por quién es indígena y quién no. En medio de una ausencia de espacios para que las comunidades locales participen en la toma de decisiones sobre sus territorios, por ejemplo de proyectos mineros y petroleros, muchas están jugando la carta indígena.

Ese será seguramente uno de los temas que examinará la Corte Constitucional, dado que el gobierno de Moreno interpuso una acción extraordinaria de protección contra el último fallo judicial, argumentando que no se cumplió el debido proceso y solicitando que la empresa pueda reanudar la operación. La decisión de fondo podría tomar hasta un año, dado que la Corte tiene más de 8000 casos pendientes.

Eso permitirá clarificar una situación confusa para todos. “Nosotros aún no entendemos las implicaciones de la suspensión”, dice Andrés Durazno, cultivador de trucha, secretario de la asociación de agroecología de Río Blanco y líder también de la oposición a la mina.

De abogado antiminero a gobernante provincial Con el pelo largo amarrado en una coleta y un pañuelo arco iris anudado en el cuello, Carlos Yaku Pérez es el singular abogado que ha estado al frente de la estrategia legal de los pobladores enfrentados a la mina de oro.

Este carismático abogado de 50 años, que hasta hace poco lideraba la organización indígena regional Ecuarunari, fue quien aconsejó a la comunidad de Río Blanco identificarse como pueblo cañari kichwa y quien instauró la acción de protección en su nombre. Aunque era ya conocido en Cuenca tras años litigando casos de agua y derechos indígenas, la victoria judicial sobre Junefield cementó aún más su estatus.

“Claro que somos indígenas: nuestros apellidos, nuestro color, nuestra cosmovisión lo es. Pero hay un modus operandi muy generalizado: acá no hay consulta previa. Confunden consulta previa con socialización, con audiencias, con cualquier otra cosa que no lo es”, dice Pérez, haciendo énfasis en que este tipo de victorias legales habrían sido imposibles bajo el anterior gobierno de Rafael Correa, que ejerció una fuerte presión sobre la rama judicial.

Durante el proceso legal, Pérez denunció haber sido retenido ilegalmente por pobladores a favor de la mina, que -según él- le amenazaron de muerte y lo golpearon. A raíz de ese episodio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que depende de la OEA- le otorgó medidas cautelares, solicitando a Ecuador garantizar su seguridad.

En un giro que seguramente complicará aún más el caso, Pérez decidió este año lanzarse al cargo de prefecto de la provincia del Azuay como candidato del partido indígena Pachakutik, haciendo campaña con el eslogan del “defensor del agua” y tocando saxofón en las calles.

Al final, su victoria en las elecciones de marzo fue tan sorpresiva como contundente: ganó con 117.000 votos y más de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre su siguiente rival.

En cierta forma, su carrera refleja el aumento en influencia de la causa indígena en Ecuador en las últimas dos décadas. Tras ser uno de los fundadores y el primer presidente de la FOA provincial, pasó a liderar Ecuarunari y a ser directivo de la Conferedación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Al asumir el cargo de gobernador provincial de Azuay hace un mes, se convirtió en apenas el tercer prefecto indígena del Ecuador.

En ese proceso de autoidentificación como indígena cañari kichwa también se cambió el nombre: desde hace dos años ya no es Carlos Ranulfo sino Yaku Sacha –o ‘agua del monte’- en reconocimiento de los orígenes cañari kichwa de su familia.

Su elección no fue la única cuestión minera que se debatía ese día en las urnas. El 86% por ciento de los habitantes de tres poblados de Azuay –incluido aquel donde creció Pérez- votaron en contra de la minería, en una consulta popular convocada a raíz de otro conflicto social y ambiental. Esa disputa, por el proyecto de Quimsacocha con la minera canadiense Iamgold, fue justamente el primer caso que Pérez y FOA plantearon legalmente.

Aunque su cargo no implica una incidencia directa en decisiones sobre temas mineros, la presencia de Pérez en el gobierno regional seguramente complejizará aún más el ambiente. Una de sus primeras promesas recién electo fue anunciar que llevará un proyecto de consulta popular –similar al de Quimsacocha- a la legislatura provincial, para que todos los habitantes de Azuay se pronuncien sobre la minería cerca de fuentes hídricas.

Su campaña generó entusiasmo en Río Blanco, como atestiguan los afiches y calcomanías en casas y fincas de la zona montañosa, pero también entre los ciudadanos urbanos de Cuenca donde el tema del agua también es considerado sensible.

“Emergen territorios que ven el potencial de reconocerse y autoidentificarse como pueblos indígenas y que hay tratados internacionales que lo favorecen. No lo ven ya como un retroceso, sino como una forma de protección de sus territorios, sobre todo de proyectos extractivos”, dice Lauro Sigcha.

Es el otro lado de la moneda: ser indígena pasó de tener una connotación negativa a ser un activo en sus disputas.

La visión del Gobierno ecuatoriano El pleito legal que enredó la mina de Río Blanco ha generado un dilema para el gobierno del presidente Lenin Moreno, que lo considera uno de sus cuatro proyectos mineros estratégicos.

“Cuando tienes un proyecto que puede poner 610 mil onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata, a precios actuales de 1325 dólares por onza, ves cuán importante es desde un punto de vista económico. Antes de que en octubre la empresa tuviera que hacer recortes, generaban 656 empleos, además de pagar impuestos”, nos explicó el viceministro de minas Fernando Benalcázar en su despacho en Quito. “En resumen, tiene un impacto inmenso para todos en un país que necesita este tipo de inversión”.

El proyecto de Junefield, una empresa que tiene sede en Hong Kong, inversiones en finca raíz en China (bajo el nombre de Zhuangsheng) y proyectos de extracción de oro y cobre en Perú, es central para que Ecuador pueda cumplir la meta de que el sector aporte el 4% del PIB nacional para 2020. Tanto así que el año pasado Moreno creó un súper ministerio fortalecido para impulsar la política de largo plazo que necesitan los sectores de hidrocarburos, minería y energía.

“Es la gente de Río Blanco la que sería beneficiaria directa de empleos, entrenamiento para el trabajo y que podría proveer servicios a la empresa, desde los más básicos como lavandería hasta alimentación y mano de obra”, dice Benalcázar, un ingeniero civil y antiguo ejecutivo del sector petrolero que regresó a Ecuador para trabajar en el gobierno de Moreno.

Su visión coincide con la de otros vecinos de la zona que ven con buenos ojos la inversión local de la mina, que había sido inaugurada en 2016 en presencia del ex vicepresidente Jorge Glas (hoy condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht).

“Nosotros como comunidad lo único que hemos exigido es que el Gobierno ponga orden. Si tiene que hacerse, que se haga bien. Hemos apoyado con la intención de que estos recursos se pongan al beneficio de las comunidades y sean invertidos en necesidades básicas, priorizando educación, salud, vías y proyectos productivos”, dice Manuel Muevecela, dirigente de la comunidad de Cochapamba, cuya familia paterna es de Río Blanco. “Claro que va a haber impactos, incluso en el ambiente, pero debemos asegurar que hay más positivos que negativos”.

Sin embargo, a pesar del potencial económico de la mina, el Gobierno ecuatoriano parece tener una lectura simplista de lo que ha ocurrido en Río Blanco, que pone el acento en las hipotéticas motivaciones de los actores y omite sus causas más profundas.

“¿Hay un conflicto? Sí, entre ciertas personas que no pertenecen siquiera a la comunidad. De los ocho líderes, seis son de afuera y están todos liderados por una persona externa. Es una minoría la que intenta comprometer un proyecto de interés nacional”, dice el viceministro, refiriéndose –sin nombrarlo- al abogado Yaku Pérez.

En la visión del Gobierno, los pobladores de Río Blanco no son indígenas sino campesinos y, por lo tanto, el fallo judicial es equivocado.

“En ciertas circunstancias específicas debe realizarse la consulta previa libre e informada, no con comunidades –en eso quiero ser claro- sino con comunidades indígenas ancestrales que han existen desde épocas coloniales, antes de los españoles, y a quienes protege la Constitución. Alguna gente, con otros intereses, manipula eso e intenta obtener un poder de veto que no existe ni en nuestra Constitución ni en ninguna convención internacional que hemos suscrito”, explica, subrayando que en todo caso el gobierno respetará cualquier decisión final judicial.

Las comunidades pro-mineras están de acuerdo con el Gobierno a grandes rasgos: también atribuyen a Pérez un interés electoral, creen que la carta indígena es oportunista (identificándose ellos como mestizos) y se declaran víctimas de sus cierres en la vía, pero se distancian de éste en reconocer que sus vecinos opositores son genuinamente locales.

El principal temor de los sectores favorables a la mina es que Río Blanco se convierta en una gran mina ilegal. El precedente dramático que cita Benalcázar es Buenos Aires en el norte del país, donde miles de personas extraen oro ilegalmente en medio del control de grupos criminales y la ausencia del Estado.

“Río Blanco es considerada el siguiente blanco de los ilegales en el país. La diferencia es enorme: esclavitud moderna, prostitución, lavado de dinero, cero impuestos ni regalías, daños ambientales. No les importa un centavo”, advirtió Benalcázar, señalando –sin mostrar evidencia- que los activistas anti-mineros tendrían un interés económico en explotar ese oro si la empresa renuncia a la mina.

En medio de estas posturas tan distanciadas entre sí, el conflicto ha seguido creciendo.

Con o sin argumentos científicos sólidos, las comunidades están cada vez más preocupadas por los posibles daños ambientales y escépticas de los beneficios económicos. Mientras tanto, las empresas y el Gobierno desechan sus temores como producto de la desinformación o el activismo, limitándose a insistir como discos rayados en que manejan las últimas tecnologías y que los proyectos extractivos traen progreso.

No existe ningún espacio de diálogo donde comunidades, empresas y autoridades puedan conversar de manera horizontal, por lo que al final nadie reconoce que las preocupaciones de los pobladores ni las aborda seriamente. “Preferían hablar a grupitos de líderes de trabajadores y [pedirnos] que le contáramos a las familias. Para nosotros la política de la empresa ha sido así: de no hablar con todos”, dice el campesino Rubén Cortés.

Intentamos hablar con Ecuagoldmining por teléfono y en persona, pero la empresa manifestó que su gerente local estaba muy ocupada con reuniones en Quito y que requería permiso de la sede central en Beijing. Además de Junefield, en ella invirtió la empresa estatal provincial Hunan Gold Group. “Ustedes deberían hablar con el Ministerio de Minas. Ellos son nuestros socios”, nos dijeron al visitar su oficina frente al río Tomebamba en Cuenca.

En lo único en lo que parecen estar de acuerdo todos los pobladores, los que están a favor y los que se oponen a la mina, es que el Gobierno ha estado totalmente ausente.

“No ha hecho lo suficiente para resolver esto: ha hecho su gestión para entregar la concesión, pero no ha habido seguimiento adecuado. Es un abandono de las instituciones del Estado total”, dice Muevecela, quien también intervino en las audiencias legales y pide que la voz de los lugareños pro-minería sea tenida en cuenta.

“El Estado es una parte de este conflicto: se ha mostrado incapaz de ver la complejidad del problema, pensando que actúa en pro de lo mejor pero sin siquiera entender las posturas de las comunidades”, dice Ivonne Yánez, una bióloga de la ONG Acción Ecológica que ha seguido el proceso legal.

También reconocen que hace falta un modelo participativo más amplio, que no solo proteja a las minorías étnicas. Como dice el líder indígena Lauro Sigcha, “esto no debería ser solo para indígenas, sino para todos los que viven en territorios que ven amenazadas sus comunidades. ¿Por qué la preferencia solo para indígenas en estos casos?”

El resultado de esta dinámica es que las empresas solo reaccionan cuando huelen que su inversión puede verse afectada por la oposición. El Gobierno solo aparece cuando hay que apagar un incendio. Y las comunidades quedan molestas por decisiones tomadas en escritorios a cientos de kilómetros de distancia. Todo ocurre de manera reactiva y, quizás lo más dramático, desescalar se vuelve casi imposible.

Un respaldo mayor a su causa también significa que no es claro si las comunidades de Río Blanco aceptarían un fallo en favor de la mina. En caso de que la corte decida que la mina no puede permanecer, las autoridades podrían verse a gatas para parar la minería ilegal en la región. Pero, más allá del oro, será difícil detener el debate iniciado por los pobladores de Río Blanco: después de todo, ¿qué es ser indígena y no tienen todas las comunidades el derecho a decir ‘no’ a proyectos que podrían cambiar sus modos de vida?

“Así venga el mismo presidente del país, no nos interesa hablar de minería. Ya no creemos, ya es tarde”, dice Hipólito Pacheco, otro líder de Río Blanco.

Por eso, por más que la Corte Constitucional se pronuncie, no parece existir hoy una ruta clara para desactivar el conflicto social y ambiental en estos caseríos abrazados por las nubes de los Andes.

El creciente apoyo a su lucha hace difícil prever si las comunidades de Río Blanco aceptarían una decisión en favor de la mina. Tampoco es claro si, en caso de que los magistrados determinen que la mina no puede operar, el Estado tiene la capacidad de fiscalizar cualquier minería ilegal que surja. Pero, más allá del oro, no será fácil cerrar el debate iniciado por los habitantes de Río Blanco: ¿qué es ser indígena en el Ecuador y tienen derecho las comunidades locales a rechazar los proyectos que sienten pueden transformar sus modos de vida?

Fuente: https://dialogochino.net/28510-ecuador-mining-conflict-evolves-into-a-battle-for-indigenous-identity/?lang=es

Read more...