ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS

Enero 28, 2018

Retrasos, secretismos, crecientes dudas. Todo esto ha ido sumando para que expertos en el sector de evaporíticos adviertan que el emprendimiento boliviano sobre su litio esté mutando en sus métodos y en sus estrategias. ¿Será para bien?

Al respecto, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze, considera que el gobierno boliviano ha “abandonado su discurso nacional/estatista” sobre la industrialización del litio.
Y es que el gobierno, a través de los principales responsables de la ex Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) y de la actual empresa Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), sostuvo durante varios años que la Estrategia Nacional de Industrialización de los Evaporíticos de Bolivia —lanzada públicamente por el presidente Evo Morales en 2010—, constituía un proyecto “histórico”, no solamente por el salto tecnológico que significaba, sino porque la producción industrial de litio sería 100% estatal.
Así fue como se publicitó el proyecto en una cartilla del año 2009 sobre la industrialización del litio titulada “La industrialización del Litio. Un proyecto estratégico 100% boliviano”, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos.
Luego, el año 2010, Luis Alberto Echazú, en su calidad de máximo ejecutivo de la exGNRE, escribió un artículo titulado “La estrategia nacional del litio y sus detractores”, en el Boletín N° 35 de la GNRE (diciembre de 2010), reiterando que la producción industrial de carbonato de litio correspondía a la segunda fase del proyecto desarrollado íntegramente por el Estado.
En el mismo artículo, su autor desdeñaba la inversión extranjera porque no garantizaba la industrialización, pues su interés sería únicamente la exportación de materias primas, como ocurre en Chile y Argentina.

Industrialización: ¿Carbonato o batería?
En las dos publicaciones citadas, se consideraba que la producción de carbonato de litio en sí mismo era ya un producto industrial y no una materia prima, al ser el último producto de la concentración de la salmuera sujeta a “procesos químicos” y por constituirse en “la forma comercial a nivel internacional”.
En su artículo del año 2010, Echazú (hoy convertido en Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas) explicaba que el proceso de industrialización del litio contemplaba tres fases.
La primera fase, investigación y producción piloto de cloruro de potasio y carbonato de litio en volúmenes pequeños (1.000 toneladas mensuales y 40 toneladas mensuales, respectivamente); la segunda, construcción de la planta industrial de carbonato de litio, con una capacidad de producción de 30.000 toneladas anuales; y la tercera fase, producción de electrodos, electrolitos y baterías para vehículos.
Por su parte, Juan Carlos Montenegro (actual Gerente de YLB), en agosto de 2017, afirmaba que ya se había “cerrado el circuito de la cadena de valor y de industrialización del litio”, implicando que la producción de carbonato consistía ya en industrialización.
Sin embargo, expertos del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), consideran que los derivados directos del litio (carbonato de litio y cloruro de potasio) siguen siendo una materia prima semi-industrial, y que la verdadera industrialización (y el verdadero negocio) está en el de dar el salto tecnológico hacia la fabricación comercial de baterías.
La Ley 928 de abril de 2017, de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), al parecer sigue la interpretación de CLACSO, pues menciona que la producción de carbonato de litio constituye un proceso de “química básica”, teniendo más un carácter experimental o piloto.
En este sentido, la ley parece dejar atrás la inicial definición del carbonato de litio como industrialización, incluso contradiciendo a Montenegro en sus declaraciones de agosto de 2017. Estos virajes denotan una aparente confusión en las autoridades del sector, o al menos una falta de claridad.

Transnacionales, ahora bienvenidas
En el segundo parágrafo de su artículo único, la misma Ley 928 determina que “procesos posteriores de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos”, diferentes a los procesos de “química básica” que incluyen la producción de carbonato de litio, “se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado”.
O sea que se abren las puertas a la participación de las transnacionales, y ya no solamente en la fase de industrialización (baterías), sino también en fases previas a ésta. Así lo interpreta Arze, experto del CEDLA: “el carácter genérico y ambiguo de la redacción de la ley modifica el discurso nacional-estatista sostenido hasta abril de 2017”.
La razón de ello, afirma, es el “retraso en el desarrollo del proyecto y al incremento del dinamismo en los proyectos de producción de litio en países vecinos, como Argentina y Chile”, con lo que “la participación de capitales extranjeros vendría a salvar ese inconveniente”.
El riesgo es que, al igual que en Argentina y Chile, se abandone también la visión de fabricar la batería y se priorice simplemente la exportación de carbonato de litio y otros derivados directos, con lo que otra aspiración industrializadora quedará abandonada. Los próximos meses revelarán la ruta a seguir.

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