PALABRAS CLAVE: MEGAHIDROELÉCTRICAS – HIDROITUANGO – BRUMADINHO – CONFLICTOS MEDIAMBIENTALES – ENRGÍA LIMPIA – PROYECTOS MAL PLANEADOS – PASIVOS AMBIENTALES  

JUDIT ALONSO (Deutsche Welle) 2019-02-18

El cierre de una compuerta de la presa de Hidroituango en Colombia puso en jaque al río Cauca. El derrumbe de la presa en Brumadinho causó graves impactos en Brasil. DW repasa estas infraestructuras en la región.

Aunque las de Hidroituango y Brumadinho puedan ser las más conocidas tras sucesos ocurridos recientemente en Colombia y Brasil, respectivamente, según la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD, por sus siglas en inglés), existen 59.071 presas en el mundo. “América Latina es, junto con el sureste asiático y África, una región de acelerada expansión de la industria de construcción de represas, actualmente, en su mayoría, hidroeléctricas”, explicó a DW Daniela del Bene, coordinadora de EJAtlas, un mapa colaborativo que recoge  2.700 conflictos medioambientales existentes en el mundo.

Aunque para esa organización internacional, las represas son una infraestructura clave para los países en desarrollo de “garantía de suministro de agua para riego, uso doméstico e industrial durante las sequías y reducción de los impactos negativos de las inundaciones”, representan uno de los conflictos medioambientales “más violentos junto con los conflictos por extracción de petróleo y los conflictos mineros”, según Del Bene.

“Los conflictos ambientales relacionados con el agua no hacen referencia solo a represas hidroeléctricas, aunque estos están aumentando mucho en ciertas zonas del mundo. También, hay conflictos por trasvase de agua, conflictos de minería, que indirectamente afectan el uso y contaminación del agua”, señaló a DW, por su parte, Joan Martínez Alier, director de esa plataforma creada en 2014, señalando que hay contabilizados 364 casos situados en la Amazonia de Brasil, así como en Perú y Bolivia, entre otros países latinoamericanos.

La cara sucia de la energía limpia

Las grandes reservas hídricas de América Latina han contribuido a la promoción de dicha energía. En Colombia, “se han construido una treintena de este tipo de infraestructura sobre los principales afluentes del país, convirtiéndola en el mecanismo que abastece el mayor porcentaje de la energía requerida a nivel nacional”, apuntó en entrevista con DW Rosario Rojas, Coordinadora del Observatorio de Conflictos Ambientales de esde país.

Aunque están consideradas como un instrumento de desarrollo, diversos informes apuntan a que las represas generan numerosos impactos sociales y ambientales que repercuten en la pérdida de biodiversidad y desplazamiento de personas, así como un aumento de las emisiones debido a la destrucción de bosques y otras áreas naturales. “En el caso de Belo Monte fueron impactadas más de 500 hectáreas en la Amazonía de Brasil”, dijo a DW Astrid Puentes, codirectora de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

La organización ya elaboró un informe sobre esta cuestión en la región en 2009. No obstante, “en esta década ha continuado un boom de represas para energía, incluyendo la de Belo Monte en Brasil e Hidroituango en Colombia, ambas con impactos muy graves e irreversibles”, afirmó. “Hoy vemos los impactos de proyectos mal planeados”, lamentó.

Para Martínez Alier, estos sucesos, “no son accidentes inesperados porque se dan con cierta regularidad”. Así, recordó que existen dos tipos de desastres: “las enormes inundaciones y desplazamientos de gente y de animales, como Belo Monte en Brasil, además del riesgo de derrumbe. Nadie responde económicamente de los pasivos ambientales de las represas hidroeléctricas ni de las represas de residuos mineros. Son pasivos que no aparecen en los balances de las compañías, ya sean privadas o estatales”, denunció.

El río Cauca, amenazado

En Colombia, la presa de Hidroituango está en la mira después de que el cierre de una de sus compuertas hizo disminuir el caudal del río Cauca, amenazando la supervivencia de las comunidades de la zona. Esta infraestructura comparte factores que se repiten en otros países latinoamericanos. “Estos proyectos se planean y desarrollan sin consultar, ni tener en cuenta a las comunidades que van a ser afectadas por el proyecto o represa”, alertó Rojas.

En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó realizar el desmantelamiento inmediato de esa obra por considerar que la población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente. Los responsables del proyecto, el Estado colombiano, la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), hicieron caso omiso. “No puede seguir estando bajo control de la empresa y del orden regional de Gobierno, pues ya se dispone de antecedentes de ocultamiento de información”, criticó la coordinadora del OCA.

Aunque ahora se ha pedido suspensión la licencia ambiental a Hidroituango, “de retirarse podría dar margen para que no haya un resarcimiento efectivo de los daños que ha provocado y seguirá provocando este proyecto”, consideró Rojas, que alabó la movilización ciudadana que se llevó a acabo la semana pasada en diferentes ciudades del país. Por ello, apostó por la continuidad de esta presión pública. “De allí se desprende, además, la solución a éste y otros conflictos ambientales que vive Colombia”, dijo.

¿Lecciones aprendidas?

“Será importante comprender la causa completa de este fracaso para que se puedan compartir lecciones importantes con otras naciones y propietarios para prevenir futuras fallas en las represas”, declaró el presidente de la ICOLD, Michael F. Rogers, en un comunicado tras el colapso de la presa de relaves de la mina brasileña.

Rogers defendió el papel de las represas, no obstante reconoció que “presentan altos riesgos que deben abordarse durante las fases de planificación, diseño, construcción, operación y cierre”.  Por ello, anunció el lanzamiento de una actualización tecnológica en el diseño de presa de relaves, a finales de este año.

No obstante, para Puentes la solución pasa por desarrollar otras fuentes energéticas. “Si al final, los impactos son mayores que los beneficios, es hora de identificar y escoger otras alternativas”, apuntó, señalando el caso de Uruguay.  Sin embargo, Del Bene va más allá y aboga por un cambio de sistema que tenga en cuenta que la energía sea considerada “no como una mercancía sino como una necesidad humana y del resto del medioambiente”.

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