La “crudita”, proyecto de ley que impone un impuesto sobre el barril del petróleo y eleva el costo de la gasolina en Puerto Rico entre tres y cuatro centavos más como una fuente de agregar dinero a las arcas del Gobierno, se puso en marcha hoy.

La nueva ley eleva de 9,25 a 15,50 el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados, medida que incidirá directamente en el bolsillo de los consumidores y con la que se pretende elevar la recaudación y proporcionar así liquidez al estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El BGF mantenía a fecha del pasado 28 de febrero una liquidez de 1.227 millones de dólares, lo que supone un 12,6 % menos que la cantidad registrada en libros a comienzos del presente año.

La “crudita” forma parte de una serie de medidas del Ejecutivo con las que trata de enderezar la difícil situación fiscal y dotarse de fondos para mantener operativo el Gobierno y las corporaciones públicas, muchas de las cuales sufren graves problemas financieros y arrastran elevados niveles de deuda.

Con esta aprobación, el Gobierno tiene ahora ya vía libre para realizar una emisión de deuda (respaldada por los ingresos que se prevén obtener con la “crudita”) de cerca de 2.000 millones de dólares que dé liquidez al BGF, sin los cuales está en peligro la operatividad a corto plazo del Gobierno y de sus agencias.

La intención gubernamental es obtener 185 millones de dólares anuales de este impuesto y para asegurarse de que sea así, la Cámara aprobó una enmienda para que en o antes del 31 de marzo de cada año el Departamento de Hacienda determine y certifique la cantidad recaudada por el gravamen durante el año calendario previo.

La primera determinación se hará, según la medida, en o antes del 31 de marzo de 2017, y la primera revisión del impuesto cobrará efecto el 1 de julio del año fiscal 2017-2018.

La medida persigue además que con el incremento de ingresos la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se convierta en una corporación financieramente viable.

El camino para que el proyecto de la “crudita” se hiciera realidad fue largo y requirió de negociaciones para alcanzar consenso entre el Gobierno y las cámaras legislativas, trayecto salpicado además por la fuerte oposición de diversos colectivos sociales.

El proyecto precisó, primero, de negociación entre las dos cámaras legislativas, que una vez de acuerdo sobre el texto enviaron, el pasado mes de enero, su propuesta al Ejecutivo.

La situación más grave la atraviesa la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que arrastra una deuda cercana a 9.000 millones de dólares y que el pasado verano fue incapaz de hacer frente a los compromisos ante sus acreedores, lo que obligó a renegociar los plazos de sus pagos.