El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.

Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.

Y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA de Andorra.

Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.

El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se ofrecían en el Gran Volumen.

El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente auto de la juez andorrana.

Tras la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del proyecto de construcción de la planta termoeléctrica El Vigía”.

Por cada obra adjudicaba, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Un millón de dólares (882.591 euros) por el proyecto del delta del Orinoco; 400.000 dólares (353.072 euros) por el del río Guarico; 600.000 (529.610 euros) y un millón de dólares (882.591 euros) por el del rio Orinoco; tres millones (2,6 euros) por los proyectos de Fábrica, Tiznado, Piritu Becerrra, Delta Orinoco y Guarico. Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró. Y sumó 106 millones de dólares (93,5 de euros)

Al tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA. Los ejecutivos del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del empresario venezolano al que ayudaron a constituir su red de sociedades panameñas.

El negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares (48,5 de euros). Rodríguez percibió 9,5 millones dólares (8,3 de euros). El dinero fue a parar a la cuenta andorrana de la sociedad holandesa Investments and Consulting.

La firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de la central de La Cabrera. Cinco días antes, la sociedad panameña de Salazar había firmado un contrato con Francisco Jiménez Villaroel, gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar en el mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna estructura para prestar esos supuestos servicios. La empresa china no tardó en transferir 50 millones de dólares (44,1 de euros) a la cuenta de Salazar y Eudomario Carruyo, entonces director financiero de PDVSA, recibió en su cuenta de la BPA 7 millones de dólares (6,1 millones de euros)

El caudal de pagos millonarios del Gran Volumen no se detuvo. Nuevas comisiones por La Cabrera, por el proyecto Agrícola Integral Pajuey y Santo Domingo Llano Alto. Y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas de Salazar y sus colaboradores. Como la firma de fabricación de autobuses Yutong Hongkong Ltd., que le transfirió 11 millones de dólares (9,7 de euros); la petrolera Shandong Kerui Petroleum, que le envíó 17 millones (15 de euros).

Salazar declaró en 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de decidir que empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos, y Javier Alvarado, exviceministros de Energía de Hugo Chávez.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543315819_586995.html