Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concediera medidas cautelares a Yaku Pérez Guartambel, debido a presuntos actos de hostigamiento, amenazas, entre otros actos, por los procesos judiciales que se han suscitado en el proyecto Río Blanco, el dirigente indígena reiteró que esta decisión representa un “jalón de orejas” para el Estado ecuatoriano al no garantizar su vida e integridad conociendo de hechos delincuenciales en su contra.
“Hemos pasado un momento extremadamente duro, que casi casi ya no estamos en esta vida. Fuimos secuestrados durante 7 horas con tentativa de homicidio. Vimos la gasolina con la que nos iban a prender fuego los obreros de la empresa china ECSA en represalia a una resistencia tenaz del pueblo de Molleturo, a la actividad extractiva por contaminación de las fuentes de agua”, relató.

Según Pérez, Río Blanco está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas, es decir, a 40 kilómetros hacia la costa de la ciudad de Cuenca. De ahí nacen muchas fuentes de agua como la de Quimsacocha, detalló. Por los daños que las actividades mineras causan en el sector, indicó, la justicia se pronuncia a favor, tras lo cual recibió llamadas amenazantes y se produjo su “secuestro”.

“Ante eso, yo presento, el 5 de julio de este año, ante la CIDH, un pedido de medidas cautelares. El 27 me las concede y en las cuales se detallan cinco puntos. Primero, es un tirón de orejas con el que le dice al Estado ecuatoriano que, a pesar de que conoce de estos actos delincuenciales, no hace nada por precautelar la vida e integridad personal de Yaku Pérez”, contó.

Por lo que pidió un informe a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría, entidades que no lograron desvanecer las denuncias. “Yo aporté con pruebas contundentes, siendo así que la CIDH considera que es inminente la situación, que reúne los requisitos del artículo 25 del reglamento. En consecuencia, estoy bajo protección del Estado”.

“El Gobierno de Lenín Moreno tiene que proteger mi vida e integridad, pero además, en 15 días tiene que presentar un informe sobre cuáles medidas cautelares ha adoptado. Tiene que acelerar el proceso de investigación que está en la Fiscalía, por secuestro y tentativa de asesinato, que no avanza. Sin embargo, un juicio que me puso el Ministerio del Interior sí avanza rápidamente por el delito de sabotaje en Molleturo”, lamentó.

El Presidente de la ECUARUNARI indicó que son 32 las personas “criminalizadas” por la protesta social. “Mi caso no avanza, el del Estado sí. Por eso es que la CIDH le dice al Estado ecuatoriano que debe hacer que avance la investigación a través de la Fiscalía para que se dé con los autores y cómplices de este delito”.

Fuente: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818842272