El discurso que tienen las autoridades de gobierno respecto al futuro de la planta regasificadora ha cambiado de forma significativa en las últimas semanas, al punto de que ahora es mucho más cauteloso y en él no se da como un hecho que el proyecto se vaya a concretar.

Consultada por El Observador respecto a si está resuelta la continuidad de la obra, la ministra de Industria, Carolina Cosse respondió ayer: “Estamos analizando toda la realidad. Estamos viendo todas las posibilidades de forma seria y en clave de futuro”. La jerarca añadió que no se tomarán “medidas apresuradas”

A comienzos de setiembre, durante su comparecencia en el Parlamento, la ministra había señalado con decisión que el gobierno seguiría adelante con la obra, luego de que se acordara la salida con el entonces adjudicatario, el consorcio GNLS (integrado por GDF Suez y la japonesa Marubeni) que pagó a Gas Sayago una compensación de US$ 100 millones.

Incluso en esa oportunidad se había informado que habría un nuevo llamado a licitación para seleccionar un nuevo adjudicatario, de manera que la obra estuviera pronta a mediados de 2017. “El proyecto está en inmejorables condiciones para continuar”, había dicho.

También el presidente Tabaré Vázquez se refirió al tema esta semana durante una conferencia de prensa en el marco de su gira por Francia, donde reconoció que se están evaluando cambios en el proyecto porque la situación en Uruguay es “totalmente distinta” a cuando se empezó a estudiar la planta regasificadara”.

“Ahora lo que tenemos que evaluar es si continuamos con el mismo proyecto o continuamos con un proyecto más reducido, si necesitamos un barco de tales dimensiones o si con un regasificador más pequeño nos podemos arreglar para las necesidades de Uruguay”, dijo Vázquez, según informó radio El Espectador.

El buque regasificador que se construye por parte de la naviera nipona MOL tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos. En el contrato original de la regasificadora, MOL alquilaría el barco a GNLS por 15 años, y otros cinco años a Gas Sayago –la sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para gestionar el proyecto–. Ahora Uruguay tiene la opción de quedarse con ese barco, pero no está obligado a hacerlo, lo que da mucha flexibilidad a las autoridades.

Desde el gobierno también se ha incluido otro elemento en la discusión, que es la certificación que existe respecto a la existencia de gas y petróleo en Uruguay. “Será explotable o no, pero que existe, existe”, había dicho Vázquez. A eso se suma que tanto Brasil como Argentina no aseguran que comprarán los excedentes que genere la planta como se esperaba cuando nació el proyecto, según se reconoce desde el Poder Ejecutivo.

En las últimas semanas también circularon versiones sobre un “posible rezago” en la ejecución del plan, producto del estricto seguimiento y control que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está realizando sobre las inversiones de las empresas públicas.

La ministra Cosse elevó un informe el pasado lunes 19 de octubre, defendiendo la continuidad del proyecto. Según informó el semanario Búsqueda, el ministro de Economía, Danilo Astori, argumentó que el contexto económico actual “es diferente y (eso) debe pesar” a la hora de tomar la decisión final.

También algunos técnicos de UTE entienden que sería oportuno volver a evaluar técnicamente la “viabilidad” del proyecto en vista de un posible sobrecosto, que podría hacer no tan atractiva la ecuación de la planta para reducir la cuenta energética del país.

A eso se suma el fuerte avance de la energía eólica y la caída en los precios del petróleo. Si bien UTE tiene actualmente en construcción una central de ciclo combinado en Punta del Tigre, su mayor obra de respaldo térmico, las turbinas también pueden funcionar con fueloil.