El Gran Angular • El lado oscuro de las inversiones chinas mineras en el Perú
Perú es uno de los tres países de América Latina que cuenta con una relación estratégica integral con China, ambos países han firmado el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 2010. Desde entonces, China ha logrado tomar una ventajosa posición en la economía del país, siendo hoy el primer socio comercial y el mayor inversionista del Perú, principalmente en el rubro de la minería. En junio pasado, en la ceremonia de ampliación del proyecto minero Toromocho en Palacio de gobierno, el embajador chino en Lima, Jia Guide, sostuvo que China planea invertir hasta el 2021 unos US$ 10,000 millones de dólares en sectores claves como: energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.
El alto nivel de reservas y su marco jurídico promotor de la inversión privada hacen de Perú uno de los destinos más atractivos para la inversión minera: tres proyectos mineros en manos de capitales chinos se encuentran en fase de operación, dos cuentan con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, tres se encuentran con EIA en exploración y dos de los proyectos en operación están en etapa de ampliación. La inversión total de todos estos proyectos asciende a los 25 mil 478 millones de dólares.
Cuatro de los más grandes proyectos mineros representan más de 17 mil millones de dólares de inversión: Las Bambas-MMG, Toromocho-Chinalco, Marcona-Shougang y Río Blanco-Zijin. Sin embargo la expansión de la inversión china minera en el país se contrasta con las vulneraciones a los derechos humanos, laborales y ambientales en las zonas donde operan estos consorcios. De acuerdo al informe “sombra” realizado por la sociedad civil de Perú, estas cuatro empresas vienen vulnerando derechos como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la salud y al medio ambiente sano, violación a las libertades sindicales y violaciones al derecho al trabajo en condiciones dignas y el derecho a la Consulta previa. El informe Perú forma parte del informe regional de cinco países (Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CIHDA), dicho informe evidencia la preocupante situación de los derechos humanos en 18 proyectos chinos en América Latina, cuyo impacto social y ambiental es alarmante, además contiene recomendaciones para que el Estado chino implemente políticas de inversión en el extranjero, y fue entregado ante las Naciones Unidas (ONU) en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) que se desarrolló en Ginebra el 6 de noviembre, donde participaron 151 Estados miembros interesados en trasladar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos de la República Popular China.
En este contexto, China recibió recomendaciones por el impacto negativo extraterritoriales de cuatro Estados (Kenia, Ecuador, Perú y Palestina), la Misión Permanente de Perú solicitó considerar el establecimiento de un marco legal para garantizar que las actividades que realizan sus industrias sujetas a su jurisdicción no afecten negativamente los derechos humanos en sus actividades en el extranjero. Mientras la Misión Permanente de Ecuador fue enfático al recomendar al gigante asiático la necesidad de promover medidas adecuadas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera de su territorio, guarden plena consistencia con los derechos humanos, como el respeto al medioambiente y la sostenibilidad con los recursos naturales en línea con la legislación internacional y nacional aplicable, y los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Aunque la delegación china destacó su compromiso con la ONU para desarrollar una agenda de derechos humanos con características chinas, sin embargo, advirtieron que hay recomendaciones que no serían aceptadas si no están alineadas con sus políticas nacionales.
Empresas chinas en Perú y la violación de DD.HH.
La primera empresa minera china que se asentó en el Perú es la minera Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Corporation, que opera en Marcona (Ica) desde 1992. Desde el inicio de sus operaciones los trabajadores mineros de Shougang han denunciado la vulneración de una serie de derechos laborales: condiciones de trabajo precarias, prácticas antisindicales y remuneraciones por debajo del promedio de la gran minería, violaciones que les obligó a realizar cerca de una veintena de huelgas indefinidas, con un promedio de 30 a 40 días. En tanto, las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones.
“Desde el 2013 la empresa Shougang tiene multas interpuestas por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) por más de un millón de soles, por incumplimientos de convenios colectivos, normas legales y derechos de los trabajadores, esas multas hasta ahora no ha cobrado el Estado, porque las empresas apelan y dejan de pagar. Además, no se cumple con los laudos arbitrales impuestos por las autoridades peruanas. Todos los años los trabajadores mineros que participan o apoyan huelgan somos denunciados por la Fiscalía”, señala Julio Ortiz, ex dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros.
Ortiz añade que la empresa ha impuesto el uso de ácido oxálico que atenta contra la vida de los trabajadores, cuyo efecto es nocivo e irreversible para la salud, por lo que demandan que la SUNAFIL realice inspecciones laborales sobre salud ocupacional de los obreros de Shougang.
“Es una empresa que tiene un largo historial de malas prácticas en materia laboral, algunos de los aspectos más destacados están relacionados con la hostilidad que la empresa tiene respecto al derecho de asociación sindical y del derecho a la negociación colectiva para mejorar las condiciones de empleo y de vida de los trabajadores”, sostiene Javier Mujica, director de Perú Equidad.
Nelly Ledesma, asesora del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, dice que los trabajadores han recurrido a diversas instancias sin tener respuesta. “Hubo una huelga de 60 días, no solo fue de los trabajadores, sino de la localidad (…) se ha recurrido al Congreso, producto de ello los integrantes de la Comisión de Trabajo visitaron dos veces Marcona (2012 y 2016), ahí se comprobó las condiciones de vida de los obreros; en el 2013 se pidió la intervención del Ministerio de Energía y Minas, y se creó una Comisión Descentralizada y una Mesa de Diálogo. Se ha recurrido no sÓlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, también ante la SULFANIL, órgano del Ministerio de Trabajo encargado de hacer las inspecciones en materia laboral; se ha recurrido al Gobierno Regional de Ica, se ha viajado a Lima en marchas de sacrificio, se ha tocado las puertas de la Embajada de la República Popular China para decirles: “Señores, esta empresa estatal china está cometiendo una serie de arbitrariedades con los trabajadores”, pero lamentablemente no hay eco y esto es una situación que va empeorando año tras año”.
“Muchas veces en las huelgas generales indefinidas hemos tenido resultados trágicos: fallecidos, heridos, despedidos”, sostiene Ledesma.
La segunda empresa minera china en cuestión es la mina Las Bambas-MMG, considerada la mayor inversión minera en la historia del Perú, con 10 mil millones de dólares de inversión, operado por el consorcio chino Minerals and Metals Group (MMG) desde 2015. Se ubica en Cotabambas, Apurímac, desde donde se extrae concentrado de cobre con subproductos de oro, plata y molibdeno. Uno de los principales cuestionamientos de la población hacía este proyecto es el cambio que se hizo en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en el 2011, el traslado de los minerales iba a ser por un mineroducto y se cambió por una carretera que, hasta la fecha, no ha sido asfaltada y atraviesa territorios de 18 comunidades campesinas, que se ven perjudicadas por el polvo, la vibración y el ruido de los 370 camiones que transitan a diario, contaminando el aire y el agua de las comunidades.
El EIA de Las Bambas ha sufrido siete modificaciones sustanciales, de las cuales cuatro se han producido por medio de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), instrumento que no permite la participación ciudadana por ser consideradas menores las modificaciones. “Se ha realizado tres cambios en el Estudio de Impacto Ambiental por el procedimiento regular, y hay cuatro por el procedimiento de Informe Técnico Sustentatorio, un procedimiento rápido de aprobación para cambios que se supone no son significativos, pero que en realidad sí lo están siendo”, explica Ana Leyva, directora de CooperAcción.
“Nosotros queremos que los funcionarios de la República Popular China nos escuchen, porque nuestros derechos están siendo violados por empresas las chinas en nuestro país, estamos siendo criminalizados, y no existe ningún acuerdo sostenible por parte de la empresa Las Bambas-MMG en Apurímac”, denuncia Víctor Limaipuma, miembro del Frente de Defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas.
La chispa que encendió la pradera en Cotabambas ha sido el cambio del mineroducto por la carretera, desde entonces el conflicto se mantiene latente en la zona, el proyecto Las Bambas tiene cuatro víctimas mortales, y opera bajo permanente estados de emergencia, la población tiene suspendido sus derechos constitucionales, como el libre tránsito y la seguridad personal. En vez que desde el Estado y la empresa minera se promueva el diálogo para una mejor convivencia entre población y empresa, desde hace dos años se ha suspendido inconsultamente la Mesa de Diálogo. Además, la criminalización de la protesta ha llegado a su punto más alto: más de 100 defensores vienen siendo investigados, y la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho (Apurímac) ha solicitado hasta 17 años de prisión a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra la mina por no estar de acuerdo con una modificatoria sustancial del EIA de la mina.
El 2017 las operaciones de MMG produjeron 598.196 toneladas de cobre y de acuerdo a información de la propia mina la proyección de este año es de 560.000 a 590.000 toneladas de cobre y de 190.000 a 220.000 toneladas de zinc.
Otra mina que opera desde hace once años en Perú es Chinalco, el proyecto minero Toromocho está ubicado en Morococha (Junín), con una reserva de 1526 millones de toneladas de minerales. Morococha es el primer caso de reasentamiento minero en el Perú, miles de familias fueron desplazadas de sus hogares y trasladadas hacia la ciudad de Carhuacoto o “Nueva Morococha” debido a la ampliación del proyecto minero Toromocho. Este reasentamiento en vez de generar mejores condiciones en la calidad de vida de los morocochanos ha traído pobreza y desempleo, con el reasentamiento se liquidó la dinámica económica de los lugareños, en la nueva ciudad no se ha podido generar el desarrollo de actividades económico-productivas para las familias, mientras que la mina produce aproximadamente 180,000 y 190,000 toneladas de cobre anualmente en Perú, y es la segunda productora más grande de alúmina en el mundo y la tercera productora más importante de aluminio primario.
La ampliación del proyecto ha generado conflictos sociales tanto en la antigua como en la nueva ciudad, en la antigua ciudad aún viven 65 familias entre las casas y locales destruidos, quienes están en permanente rivalidad con los trabajadores mineros. En un recorrido que hicimos por la zona para conocer cómo se viene desarrollando la ampliación de este proyecto, encontramos a los niños jugando entre los escombros, expuestos permanentemente a los polvillos que generan los explosivos y detonaciones de la mina. «Recientemente ha habido enfrentamientos entre los ciudadanos que aun habitan en Antigua Morococha y los trabajadores de Chinalco, debido a que la empresa minera viene demoliendo ilegalmente (sin permisos) ambientes que aún son propiedad de la Municipalidad Distrital de Morococha”, sostiene César Reyna, Asesor del Frente de Defensa del Distrito de Morococha. Mientras tanto en la nueva ciudad, que luce como un pueblo fantasma, la población denuncian los altos riesgos ambientales por estar ubicados a metros de una laguna de relaves y en una zona altamente sísmica.
Rossy de la Rosa pobladora de antigua Morococha afirma que la empresa Chinalco no ha cumplido con el EIA del reasentamiento “no es cierto que el proyecto Toromocho sea un ejemplo de reasentamiento en el Perú como afirma la empresa, lo único cierto es que hay aún familias que viven en la antigua ciudad donde opera la mina, expuestos a la contaminación y a los explosivos diarios. Nosotros no nos vamos a mudar a la nueva ciudad porque no hay condiciones de vida, así lo confirmaron diversos organismos del Estado, donde se ha identificado la exposición de siete metales en el ambiente, hay fallas geológicas, y no hay trabajo. El gobierno y la mina hablan de crecimiento y ampliación del proyecto por U$ 1,355 millones, pero hay un conflicto que no quieren solucionar como las 34 hectáreas que son propiedad privada, lo que la mina está haciendo es explotar por encima de la población que aún habitamos en Antigua Morococha, nosotros convivimos con las detonaciones día a día”.
“Nos sentimos abandonados en este pueblo y la minera nos tiene marginados a todos, no podemos acceder a un trabajo”, menciona Nidia Cuba Páucar, pobladora que permanece en la antigua ciudad. Para César Reyna los morocochanos se resistirán a salir de sus hogares hasta que no haya una solución adecuada de parte de Chinalco: “No quieren ir a Nueva Morococha porque saben que no es un lugar idóneo o apto para la vivienda, tampoco tiene condiciones económicas para ellos; es decir, ellos saben que allá no van a encontrar buena perspectiva de vida, por ese motivo han rechazado totalmente reasentarse a Nueva Morococha”, menciona.
Por último, el proyecto minero Río Blanco, operado por el consorcio chino Zijin, está ubicado en las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y en Yanta en (Ayabaca) en Piura, es el único proyecto que no tiene licencia social, hace once años (2007) la población organizó una consulta vecinal donde el 75% de la población rechazó el proyecto. De acuerdo a Javier Jahncke, directivo de la Red Muqui, este proyecto desde que inició sus actividades ocupa ilegalmente territorios de las comunidades campesinas. Señala que “las comunidades afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico”. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. Jahncke afirma que de realizarse la actividad minera se estaría afectando irreversiblemente este ecosistema.
“La empresa ha sido sancionada por Osinergmin, con una de las multas más altas en el Perú, por realizar una serie de acciones que estaban fuera del Estudio de Impacto Ambiental”, finaliza Jahncke.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de exploración y de acuerdo al Embajador chino, ya se han invertido 600 millones de dólares en este proyecto.
China tiene obligaciones extraterritoriales
Perú es un potencial minero debido a sus recursos minerales y es uno de los principales países en el mundo que atrae inversiones en este rubro. Sin embargo, el desarrollo de los proyectos mineros se da en un contexto de permanente conflicto. Julia Cuadros, miembro del consejo directivo de CooperAcción manifiesta que en los cuatro proyectos mineros chinos se ha comprobado las violaciones de derechos humanos, por ello vienen demandando a la República Popular China que cumpla con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que obligan al cumplimiento de estos derechos. “Los Estados tienen una obligación que se denomina extraterritorial para que sus empresas no violenten derechos y el Estado chino tiene que responder por el comportamiento de sus empresas en nuestros países”, explica Cuadros.
“Tenemos muertos, heridos, personas denunciadas, investigadas, judicializadas, por centenares en estas operaciones. Sólo en el caso de Río Blanco han sido investigadas más de 300 personas, y en el caso de Las Bambas más de 120”, denuncia Cuadros.
