LOS TIEMPOS. 2018-08-26

¿Qué poder tienen quienes actualmente, en Bolivia, matan jaguares y otras especies para traficar sus restos? ¿Quién los protege? ¿Por qué las autoridades bolivianas no asumen políticas de Estado para evitar el exterminio del “guardián amazónico” y un consecuente desastre ambiental?

Esas y más preguntas se multiplican en cada vigilia y protesta que realizan decenas y hasta cientos de activistas en diversas ciudades del país. Unas se llevan a cabo frente al Ministerio de Justicia en La Paz, durante jornadas íntegras. Otras frente al juzgado noveno de sentencia en Santa Cruz. Hubo más en las plazas centrales de Cochabamba, Tarija o Sucre, donde se alternó la proyección documentales y discursos de los activistas. En cada caso las autoridades salían con la mirada esquiva, cabizbajas, y evitando dar respuestas a preguntas y críticas, tras cumplir sus horarios, al empezar la noche.

“La campaña se ha vuelto nacional”, dice la activista Ana Serrano, “no todos quieren firmar los libros en los que demandamos justicia para el jaguar. Hay personas que simpatizan, pero se muestran muy pesimistas por la conducta que tienen las autoridades. Pero existe un apoyo creciente y generalizado de la población y ya superamos las 10 mil firmas de reclamo ante las autoridades”.

 

NI UN DETENIDO, SIQUIERA

La matanza del jaguar boliviano se ha vuelto sostenida desde hace algo más de tres años. Pero para indignación, rubricada y expresa, de estos miles de ciudadanos, hasta hoy no existe ni una sola persona condenada que purgue este delito. Peor aún, no hay alguien detenido siquiera de manera preventiva. Los 15 procesos judiciales que se han encarado hasta la fecha se han convertido en una especie de antología de la impunidad.

El sistema judicial boliviano se ha convertido en un aliado ideal para los traficantes. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (MMyA), desde 2014, de 23 denuncias, 15 han derivado en procesos penales por tráfico de colmillos de jaguar. De esas 15 causas, dos finalizaron con sentencias condenatorias, una en Cochabamba y otra en San Borja. Pero ninguno de los dos individuos condenados a tres años de prisión, cumple su pena, uno logró medidas preventivas y el otro fugó.

Al respecto, la directora General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Teresa Pérez, manifestó a la agencia ANF que hay fiscales y jueces que muchas veces no entienden la problemática. Pérez explicó que se trata de redes, que así como hacen tráfico de animales, también están vinculadas al de personas y narcotráfico. “El primer caso que hemos llevado ha sido en Rurrenabaque, con dos ciudadanos chinos y presencia de bolivianos, algunos guías hermanos indígenas que los han utilizado prácticamente. Ese caso nos ha costado mucho, porque incluso la documentación se perdió, el tema del tráfico es muy delicado”.

Si sirve de consuelo, por tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia, hasta el presente sólo una persona ha purgado penas. Se trata de un ciudadano chino que intentaba ingresar 119 colmillos a su país el año 2015. Fue detenido y condenado en Beijing a cuatro años de prisión y a una multa equivalente a 10 mil dólares.

¿QUEDARÁN JAGUARES EN 2020?

Un pronunciamiento del Colegio de Biólogos de La Paz advierte sobre el daño causado a la especie y reclama medidas enérgicas a las autoridades. “Considerando que se pueden obtener cuatro colmillos de un individuo, cuando se suma del total de piezas decomisadas, se estima que desde 2014 se cazaron al menos a 190 jaguares –dice el texto–. Este número podría estar subestimado, ya que solamente considera los envíos y casos en flagrancia detectados y decomisados. No hay certeza de cuántas piezas efectivamente han podido salir de Bolivia, ya que, según estimaciones internacionales del tráfico de fauna, sólo se llega a detectar entre el 10 al 20  por ciento de todos los casos”.

Bajo esos parámetros es muy posible que entre 950 y 1.900 jaguares hayan sido eliminados en Bolivia en los últimos tres años. De acuerdo a los propios registros de los biólogos, respaldados en diversos estudios científicos, la población del gran felino en el país hasta el año 2014 oscilaba entre 2.000 y 3.000 ejemplares. Vale decir que al ritmo de caza impuesto desde entonces, la extinción del jaguar boliviano estará sentenciada en un plazo no mayor a dos años.

Hasta 2009, el guardián de la Amazonía estaba oficialmente considerado como una especie en estado de conservación “Vulnerable”.  Esto significaba que sus poblaciones corrían el riesgo de pasar a la categoría de “En Peligro de extinción”. Resulta difícil a estas alturas dudar de que el estado de supervivencia del gran felino ha cambiado. Tal vez sí para las autoridades del MMyA cuando informan que en el país existen en 7.000 y 8.000 ejemplares de jaguar. Sin embargo, no han respaldado dichos datos en ningún estudio actualizado.

 

¿RUMBO AL 16 CASO IMPUNE?  

Por ello, el más reciente caso crispa los ánimos de quienes buscan presionar desde las calles a operadores de justicia que parecieran protagonizar una tragicomedia. Al cierre de este reportaje se esperaba que la audiencia para la instalación del juicio contra los ciudadanos  Ming Li y Jinlan Li no sea suspendida por sexta vez consecutiva. Al juez Juan Coronado Camacho no le han faltado justificativos tales como: “Juez declarado en comisión” o “juez en clases de capacitación obligatoria”.

Incluso, como si fuese obra de magia china, la más reciente postergación resultó inevitable. Nada menos que el fiscal del caso, Boris Brañez, “olvidó” llevar las pruebas al recinto judicial. Los activistas optaron por la ironía antes que por la amargura. Escribieron carteles donde le recordaban al representante del Ministerio Público todas las labores que debe realizar antes de salir de casa rumbo a las audiencias. Frente a tanta adversidad reflexionan sobre si hay otra causa por la que se esté dilatando un proceso con tantas evidencias y pruebas.

Ming Li y Jinlan Li fueron hallados en posesión de 185 colmillos de jaguar, además de garras y otros restos el 23 de febrero. Vale decir que la sola instalación del juicio ha tardado ya más de medio año. “Lo que alarma es que fueron descubiertos en pleno corazón de la ciudad de Santa Cruz, en un negocio de venta de pollos”, dice Serrano, “su conducta era descarada: tenían un cartel donde ofrecían dinero a quienes les trajesen los colmillos y las pieles. Era un delito cometido sin mayor preocupación y a plena luz del día”.

CADA VEZ MENOS PROTECTORES

Es decir que, en este caso, las autoridades no tenían más remedio que actuar. Las capturas generalmente han sido casuales y lejos de las áreas donde se mata al guardián amazónico. Coordinadamente, entre 2014 y 2016, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y el MMyA, interceptaron 16 paquetes. Estos contenían un total de 337 colmillos.  También tuvieron importante labor en varios casos los guardaparques de Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Es decir, las autoridades no hacen, no planifican operativos que frenen la masacre en las propias selvas y menos en las porosas fronteras bolivianas. Hasta ahora incautaron colmillos, pieles y osamentas de jaguares en aduanas, oficinas de correos, domicilios y negocios diversos luego de recibir denuncias. Peor aún, como si una mano oscura actuase sistemáticamente, Pofoma, el Sernap y Ecobol han visto disminuidas radicalmente sus potencialidades en estos precisos tres años.

“El Sernap sufre desde hace aproximadamente tres años una crisis que en estos días llega a tocar fondo. No tenemos recursos y la autoridad central de este servicio, situada en La Paz, no ha sabido gestionar fondos para las 22 áreas protegidas nacionales. (…) Más de la mitad de los guardaparques de todo el país se quedarán en los próximos meses sin contrato”, declaró el director del parque Noel Kempf, Sandro Áñez, a radio El Deber, hace dos meses.

Áñez explicó que incluso se ha vuelto imposible obtener equipos aún en casos de donaciones internacionales y vieron dificultades hasta para pagar servicios básicos. Alertó  que se produjeron cuatro cambios de autoridades nacionales del Sernap entre 2015 y 2018. Según el funcionario, la actual cabeza, el exministro de Aguas Abel Mamani procedió a retiros masivos de personal cualificado y con experiencia de décadas.

Mientras tanto, a Pofoma se le han recargado misiones como la de intervenir en el maltrato a animales domésticos en las ciudades. Baste señalar que para un área tan importante y emblemática como el parque Madidi, esta unidad policial cuenta apenas con cuatro efectivos. Y para colmo, uno de los más importantes filtros para las incautaciones, Ecobol fue cerrada por el Gobierno el 1 de marzo de este 2018. “Allí había personal entrenado en detectar tráfico de especies”, dice la bióloga Ángela Núñez, “sin Ecobol, ahora, los correos privados son más difíciles de supervisar”.

 

NEGOCIO A PLENA LUZ DEL DÍA

Es más, las autoridades ni siquiera se han animado a actuar de oficio en situaciones flagrantes. Hoy, en varias ciudades benianas, los traficantes pagan avisos en las radios donde ofrecen dinero a cambio de las piezas. Este tipo de incitaciones públicas a delinquir violando leyes expresas ha sido denunciado desde las primeras incautaciones. En la población de Reyes, por ejemplo, radio Eco anunciaba las ofertas, en 2016.

Además, se sabe que los traficantes hicieron correr la voz, además, de volantes entre pobladores y campesinos. “Se compra colmillos de tigre”, publicitaba radio FM 101.1 de Riberalta hace apenas algunas semanas con total naturalidad. Y se trata de una emisora que es parte de la Red gubernamental Patria Nueva. Una emisora que, paradójicamente, ha vertido también mensajes sobre la Ley de la Madre Tierra

Mientras tanto, la masacre parece exceder al jaguar y cebarse con otras especies. Desde Riberalta, para variar, diversos ciudadanos enviaron hacia las redes sociales y los medios de comunicación fotografías en las que se ve a obreros chinos cazando al célebre caimán negro o Yacaré. Y en el reciente Congreso de Mastozoología, algunos biólogos comentaron que en otras zonas se registraron denuncias de caza del oso jukumari. También señalaron como autores a ciudadanos de origen chino.

Las denuncias apuntan específicamente a la empresa Railway que construye la carretera Riberalta– Rurrenabaque. Pero hasta el presente no hay ningún resultado oficial al respecto. En general, la matanza del guardián de la Amazonía se desató coincidentemente con la llegada de empresas chinas para ejecutar obras en las selvas bolivianas.

“El Gobierno chino castiga fuertemente estas actividades ilícitas y delitos que dañan a los animales; hace falta un fuerte castigo (…) China castiga más fuertemente esos delitos”, señaló el embajador de China en Bolivia, Liang Yu. Dijo que desde la Embajada se dan recomendaciones permanentes a sus connacionales. “Exigimos a las empresas chinas y chinos que viven en Bolivia que obedezcan las leyes de protección de animales”. Finalmente, recomendó: “Creo que hace falta castigos fuertes aquí también”.

 

EXFUNCIONARIOS EN ESCENA

No se sabe cuándo los traficantes resultarán objeto siquiera de las limitadas sanciones que las leyes bolivianas (seis años máximo) establecen para estos delitos. Lo que queda claro es que los defensores de la pareja de chinos procesada en Santa Cruz son personalidades que tuvieron notoria proximidad al Gobierno central. De hecho, en la primera audiencia del caso, apareció junto a ellos Boris Villegas. Villegas fue director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, abogado de la Dirección  General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y responsable de la Inspectoría del Ministerio de Trabajo. A raíz del conocido escándalo “Ostreicher y el grupo de extorsión” fue alejado de instancias gubernamentales.

A medida que avanzaron las audiencias, Villegas salió de escena. Luego Ming Li y Jinlan Li fueron apoyados por el jurista Víctor Cartagena Tardillo y el asesor Juan Carlos Cueto Chajtur. El primero es un conocido abogado cruceño que tuvo cierta participación en los procesos que vincularon a Villegas y el grupo que éste encabezó en el caso Ostreicher. El segundo es un súbdito argentino simpatizante del Movimiento Al Socialismo de quien circulan en las redes fotografías junto a altas autoridades de Gobierno.

En el otro frente del pleito se halla el teniente coronel Wálter Andrade, director de Pofoma La Paz. Se trata de otra personalidad vinculada a un caso que marcó la historia del actual Gobierno: el operativo Hotel Las Américas. Curiosamente. Desde sus nuevas funciones, en el reciente Congreso Internacional de Mastozoología, durante su intervención, Andrade aludió a los procesos judiciales relacionados al tráfico de colmillos. La autoridad aseguró entonces que debido a diversos errores de procedimiento, especialmente relacionados a la contaminación de pruebas, “los casos se van a caer”.

Conocido como uturunku en los Andes,  jaguar en la Amazonía y yaguareté en el Chaco, el gran felino constituye uno de los mayores símbolos bolivianos. Viene a ser el protector de la Pachamama, marcado por un extendido afecto multicultural. Por ello los activistas, después de cada vigilia se preguntan:  ¿quién protege hoy a los traficantes que amenazan con exterminar al guardián de la Madre Tierra? Por ahora, un invernal cielo azul que oscurece se encarga de acallar a quienes asisten indignados a cada audiencia o a protestar en las plazas.

SU FUNCIÓN

El jaguar es el gran depredador de las selvas. Ése es su rol al estar en la cúspide de la cadena alimenticia. Ellos ayudan a controlar poblaciones de otros depredadores más pequeños, animales herbívoros, si uno de ellos desparece, los herbívoros aumentan y se desata un desequilibro en los ecosistemas.

NEGOCIO

Tras el incremento de más de 500 millones de personas a la clase media, en China se desató una fiebre de consumo de bienes suntuarios, entre ellos, los colmillos de tigre. Cuando los tigres empezaron a ser exterminados, el negocio se abrió hacia países que tenían la especie más parecida: el jaguar.

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