Chile puede contabilizar cuatro o cinco momentos clave para su soberanía como Estado y para su desarrollo nacional: la política antártica, la guerra del Pacífico, el tratado de 1952 sobre la pesca y el Pacífico Sur, y la nacionalización del cobre. Ahora, puede agregar la propiedad y explotación del litio.

En cada uno de ellos lo clave ha sido la capacidad de sus gobernantes de apreciar la situación y ejercer voluntad de superar los obstáculos que surgen. Los actuales responsables de la conducción del país, del Gobierno anterior y el actual, han sido ambiguos con el litio y lo han visto como un asunto de negocios entre privados.

Ello va contra los intereses nacionales. Y es notoria la ausencia de un espíritu de lo público, que trascienda el simple cálculo de un negocio. Lo que está en juego es una visión de desarrollo de país de largo plazo y una inserción activa en un mundo dominado por la innovación y la tecnología, con una agenda productiva en la cual sobresalen el conocimiento, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente.

La corrupción política y el engaño económico inducidos y practicados por muchos años por Soquimich (SQM), empresa explotadora de la concesión sobre el litio nacional, han sido enfrentados por las autoridades con cavilaciones y reticencias, generando finalmente una renegociación cuyo resultado ha dejado fortalecida a la compañía infractora, y al litio en medio de una especulación internacional, con empresas chinas, norteamericanas y australianas, que dejan fuera al Estado de Chile. Ello, sin considerar que las mayores reservas mundiales de litio se encuentran en el triángulo formado por Chile, Bolivia y Argentina (Salar de Uyuni, Salar Hombre Muerto y Salar de Atacama)

SQM, la concesionaria nacional, que fue privatizada en época de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quedando controlada por su ex yerno Julio Ponce Lerou, ha hecho una gestión más que corrupta, que la llevó a sufrir –entre otros graves problemas– sanciones en EE.UU. por operaciones en Chile, con daños a pequeños accionistas. Su contrato de concesión del litio es un permiso de carácter administrativo y no la adjudicación de un derecho, pues la legislación establece que la propiedad del mineral no metálico es del Estado de Chile. Visto en perspectiva, el juicio arbitral entre SQM y Corfo por incumplimientos del contrato y acciones delictuales en el financiamiento de la política, prácticamente no tuvo consecuencias para la empresa.

Chile puede contabilizar cuatro o cinco momentos clave para su soberanía como Estado y para su desarrollo nacional: la política antártica, la guerra del Pacífico, el tratado de 1952 sobre la pesca y el Pacífico Sur, y la nacionalización del cobre. Ahora, puede agregar la propiedad y explotación del litio.

En cada uno de ellos lo clave ha sido la capacidad de sus gobernantes de apreciar la situación y ejercer voluntad de superar los obstáculos que surgen. Los actuales responsables de la conducción del país, del Gobierno anterior y el actual, han sido ambiguos con el litio y lo han visto como un asunto de negocios entre privados.

Ello va contra los intereses nacionales. Y es notoria la ausencia de un espíritu de lo público, que trascienda el simple cálculo de un negocio. Lo que está en juego es una visión de desarrollo de país de largo plazo y una inserción activa en un mundo dominado por la innovación y la tecnología, con una agenda productiva en la cual sobresalen el conocimiento, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente.

La corrupción política y el engaño económico inducidos y practicados por muchos años por Soquimich (SQM), empresa explotadora de la concesión sobre el litio nacional, han sido enfrentados por las autoridades con cavilaciones y reticencias, generando finalmente una renegociación cuyo resultado ha dejado fortalecida a la compañía infractora, y al litio en medio de una especulación internacional, con empresas chinas, norteamericanas y australianas, que dejan fuera al Estado de Chile. Ello, sin considerar que las mayores reservas mundiales de litio se encuentran en el triángulo formado por Chile, Bolivia y Argentina (Salar de Uyuni, Salar Hombre Muerto y Salar de Atacama)

SQM, la concesionaria nacional, que fue privatizada en época de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quedando controlada por su ex yerno Julio Ponce Lerou, ha hecho una gestión más que corrupta, que la llevó a sufrir –entre otros graves problemas– sanciones en EE.UU. por operaciones en Chile, con daños a pequeños accionistas. Su contrato de concesión del litio es un permiso de carácter administrativo y no la adjudicación de un derecho, pues la legislación establece que la propiedad del mineral no metálico es del Estado de Chile. Visto en perspectiva, el juicio arbitral entre SQM y Corfo por incumplimientos del contrato y acciones delictuales en el financiamiento de la política, prácticamente no tuvo consecuencias para la empresa.

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