En la Gobernación de Cochabamba se estima poder aportar 24 a 30 millones de bolivianos al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), informó ayer el secretario de Planificación, Filemón Iriarte.

 

Explicó que para el 2016 los recursos que ingresarán por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) bordearán los 218 millones de bolivianos y que el 12 por ciento, que establece el proyecto de ley de incentivos, representa entre 24 a 30 millones de bolivianos.

 

El proyecto de ley crea un fondo económico con el aporte del 12 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que perciben gobernaciones, municipios y universidades.

 

La ley ya fue aprobada en grande en la Cámara de Diputados, pero está pendiente su tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores.

 

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró ayer que el fondo de incentivos permite a las gobernaciones, municipios y universidades “jugar a ganador”, porque ese dinero sólo será invertido cuando los proyectos de hidrocarburos sean certificados como exitosos.

 

“Las gobernaciones no perderán en la exploración, sólo aportan desde que las empresas certifican que han encontrado hidrocarburos, desde ese momento corre el aporte. Por lo tanto, es jugar a seguro, jugar a ganador”, remarcó García Linera en conferencia de prensa, desde La Paz, transmitida por Bolivia TV.

 

En ese sentido, García Linera ratificó que los gobiernos subregionales o las universidades públicas del país recibirán entre 4 y 8 dólares por cada dólar que inviertan para el fondo de incentivos.

 

Como ejemplo, explicó que si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o una empresa extranjera invierte 50 millones de dólares para explorar un pozo y no encuentran reservas, las pérdidas las asumen esas empresas.

 

No obstante, dijo que si YPFB o una empresa extranjera perfora y encuentra reservas de gas, desde ese momento se activan los aportes al fondo de incentivos.

 

Por su parte, Iriarte afirmó que en el caso de Cochabamba, para invertir y posteriormente tener réditos, es necesario ahorrar “sacrificando” proyectos, dijo que hacer recortes en infraestructura es más factible.

 

“Si queremos mejorar nuestro bienestar, si queremos hacer más sostenible nuestra economía eso implica ahorro y el ahorro implica sacrificios. En este caso vamos a sacrificar algunos (proyectos)”, señaló.

 

Indicó que los proyectos sociales están normados y no pueden “mover ya mucho”, porque por ley se debe invertir en sectores vulnerables.

 

Divergencias

Hasta la fecha, dos de los cuatro departamentos productores de hidrocarburos decidieron apoyar la ley de incentivos, que fue observada por municipios y universidades. Cochabamba y Chuquisaca ya manifestaron su conformidad con la normativa.

 

Por otra parte, las Gobernaciones de Tarija y Santa Cruz se negaron rotundamente a apoyar la ley de incentivos hasta que se garantice el retorno de lo invertido.