A pesar de las observaciones de algunas gobernaciones y las advertencias de movilización de las universidades públicas del sistema, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, descartó ayer la modificación del Proyecto de Ley de Incentivos a las Inversiones Petroleras.

 

Consultado sobre esa posibilidad, Sánchez dijo a ANF que no es posible la modificación. “El sinónimo de la ley de incentivos son incremento de dineros. Si no hacemos la ley de incentivos el decremento de ingresos va a ser sustancial”, precisó Sánchez, quien se encontraba en Tarija, en el acto donde se anunció el incremento de producción gasífera en el campo Margarita.

 

El proyecto de ley crea el fondo de incentivos a la exploración hidrocarburífera con el aporte del 12 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que perciben gobernaciones, municipios y universidades.

 

El lunes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que con la distribución actual del IDH, la erogación mayor será del Tesoro General del Estado, que aportará al fondo con un 41 por ciento, los municipios un 35, las gobernaciones un 20, las universidades un 5,5 y el Fondo Indígena un 3,5.

 

Sin embargo, las universidades públicas exigen aplazar la promulgación de la ley, mientras que las gobernaciones de regiones productoras de hidrocarburos tienen posturas divergentes.

 

El pasado lunes, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) determinó exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la suspensión temporal por 10 días calendario del tratamiento del proyecto de ley. De no ser así, advirtieron con movilizarse. En esa reunión se determinó conformar una comisión técnico-jurídica que a elabore una propuesta alternativa.

 

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración de la gobernación de Cochabamba, Camilo Torrez, indicó que entre el jueves y viernes se sostendrá una reunión con el viceministro de Exploración y explotación Hidrocarburífera, Eduardo Alarcón para que se tenga una “idea clara” respecto a la ley de incentivos.

 

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, de visita en esta ciudad, señaló ayer que de los 100 millones de bolivianos que ingresan por IDH a esa Gobernación, aportarían alrededor de 12 a 16 millones de bolivianos con la ley de incentivos.

 

“Estamos muy de acuerdo, se trabajará, se estará avanzando en base a eso (…) no tenemos ningún problema como Chuquisaca para recibir más ingresos económicos por regalías y pozos que se puedan encontrar en nuestros departamento”, indicó.

 

En tanto, el secretario departamental de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Waldemar Peralta, declaró al diario tarijeño El País que el apoyo a la ley de incentivos está condicionado a la inclusión de un artículo mediante el cual el Gobierno central se comprometa a garantizar la reposición de los recursos del IDH que se destinarían para el fondo de incentivos.

 

Mientras que el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó que ven “improvisación” en la ley de incentivos porque se quiere negar la “insolvencia” económica de Yacimiento Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) para invertir en exploración.

 

Afirmó que el aporte perjudica a la inversión en educación y salud y cuestionó que el Gobierno pretenda que las instancias autónomas financien “una competencia privativa del Gobierno”, que es la inversión en exploración.

 

Ven violación a mandato de referendo 2004

 

La Paz | Erbol y Anf

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y el representante del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), Roberto de la Cruz, afirmaron que el proyecto de ley de incentivos para la producción hidrocarburífera viola la voluntad popular expresada en el referéndum vinculante realizado en 2004.

 

El proyecto de ley, ya aprobado en grande en la Cámara de Diputados, dispone la creación de un fondo para fomentar la exploración y explotación financiado con el 12 por ciento de ingresos por el IDH.

 

“Está yendo contra el referéndum que el pueblo ha aprobado, en contra de la población y en favor de las petroleras transnacionales. Esto se llama traición a la patria, presidente Evo”, dijo De la Cruz.

 

Quiroga especificó que la nueva norma estaría violando la pregunta cinco del referéndum, mediante el cual el Estado debe cobrar impuestos o regalías llegando al 50 por ciento de la producción de hidrocarburos. Añadió que constituye el “doble aguinaldo” para las empresas petroleras y la ratificación de que en el país “nunca” hubo nacionalización del gas porque las empresas extranjeras doblarán