La crisis de los precios bajos en el orden internacional altera el desarrollo de todos los planes mineros del país, sean estos privados medianos o chicos, la minería estatal, incluyendo la metalurgia y además el subsector de cooperativas mineras, es decir el conjunto de los operadores que trabajan explotando diversos yacimientos mineralizados, aunque en diferentes condiciones técnicas y económicas, pero en todo caso acomodando sus condiciones a las circunstancias vigentes que entre otras cosas son más restrictivas para unos que para otros, dependiendo de las características de cada sector.

 

Los precios bajos han restado el flujo de ingresos que percibían los productores mineros en función a sus operaciones, por ejemplo en el sector mediano privado las empresas adoptaron algunas medidas preventivas para contrarrestar los efectos de una inminente crisis en materia de comercialización, de modo que al presentarse el problema acudieron a programas de emergencia sustentados con soportes financieros oportunos y adecuados a las circunstancias. La minería «chica» no pudo conjurar el problema del mismo modo pues sus operaciones no dan margen a establecer ahorros, pero aún esperan un soporte oficial que permita a este sector reacondicionar su actividad «capeando» el temporal de los precios bajos.

 

En el caso de la minería estatal, el impacto se dio con mayor fuerza en el distrito minero de Huanuni, el principal productor de estaño, pero al mismo tiempo el de mayor complejidad social por el número de trabajadores y los costos de producción que apenas pueden compensarse si la libra fina de estaño se cotiza al borde de los ocho dólares, lo que no sucede actualmente.

 

Lo lamentable es que en el caso estatal, las anteriores autoridades no tomaron ninguna previsión, de manera que el feliz periodo de las buenas utilidades sirvió para obtener recursos y gastarlos sin visión y sin tomar recaudos para la llegada de otro ciclo de «vacas flacas». No se hizo ningún ahorro, no se movilizó ningún «Fondo de Previsión» y sucedió lo que ahora se lamenta, no hay recursos para inyectarlos a la debilitada corriente productiva de la minería estatal en crisis. En el caso de este sector, sólo Colquiri «saca cara» por el sector.

 

PIDEN ÁREAS DE TRABAJO

 

Como si no fuese suficiente el problema de la minería, el sector cooperativo se lanza con una demanda al Gobierno reclamando «nuevas áreas de trabajo y apoyo con equipo y maquinaria» para afrontar la crisis derivada de la baja cotización de los minerales. El planteamiento fue presentado al Jefe de Estado remarcando que los mineros cooperativistas «están cansados de revolcar y revolcar el saldo de minerales en yacimientos marginales». Desean nuevos parajes para seguir trabajando y señalan que la Comibol debe destinar «áreas ociosas» mineralizadas que actualmente no cumplen función productiva.

 

Este puede convertirse en un problema que agrave la ya delicada situación minera, considerando que el sector no es precisamente el más apto para encomendarle el trabajo de explotación de nuevos yacimientos, sabiendo que su sistema no garantiza condiciones favorables al desarrollo de una nueva minería.

 

Según algunas autoridades que coinciden con la opinión de expertos, el Gobierno debe analizar seriamente en los niveles que corresponda, el ministerio del ramo y la Comibol, una estrategia especial para tratar la demanda de las cooperativas mineras, que como ha sucedido en el último tiempo, acuden al Estado para lograr prerrogativas sectoriales, que sólo benefician a ese sector y no solucionan el problema general de la minería boliviana, ésta puede ser la coyuntura para establecer condiciones más concretas que signifiquen una mejoría tangible para aumentar la producción, rentabilidad, tributación, cuidado del medio ambiente y garantías de producción bajo criterios técnicos y no de simple entusiasmo de corto plazo y poca eficiencia en rendimiento productivo.

 

Lamentablemente con los planes de contingencia que se proponen, está visto que el más afectado resulta el Estado, pues para satisfacer algunas demandas debe hacer inversiones, satisfacer exigencias, pero sin reciprocidad efectiva, por ejemplo en mayor producción, buen aprovechamiento de créditos, igualdad en el tratamiento tributario, sin exenciones arbitrarias y con el cumplimiento de pagos oportunos por créditos que están en mora y que son el reflejo de posiciones particulares que se apoyan en ciertas relaciones políticas y no estrictamente técnicas, como correspondería a la producción minera en general con reglas para todos los sectores, el privado y el estatal, minero y metalúrgico.

 

REGLAS CLARAS PARA TODOS

Nadie puede explicar en este tiempo de crisis, cuál es la causa para que no estén vigentes plenamente las «reglas de juego» para impulsar la minería, es decir, la aplicación de la Ley Minera 535, de minería y metalurgia, que después de año y medio de su promulgación no tiene reglamento y carece de un régimen tributario sectorial y apropiado para establecer las mejores condiciones hacia la necesaria «reactivación de la minería boliviana», empezando por tentar a grandes inversionistas, nacionales y extranjeros que se sientan seguros de las facilidades que ofrezca nuestro gobierno.

 

Días atrás el Primer Mandatario directamente en Nueva York, perfiló una oferta especial a empresarios internacionales, mostrando las bondades de la economía boliviana, pero además dando pautas muy concretas sobre seguridad jurídica para garantizar inversiones, lo que permitió vislumbrar el interés de algunos empresarios dispuestos a transferir capitales y tecnología para proyectos mineros de envergadura.

 

Un nuevo periplo presidencial ahora en sector europeo puede abrir otras opciones para la atracción de más capitales. Considerando que la minería es altamente importante por su factor multiplicador de beneficios económico – sociales, se descarta que será parte importante de la oferta boliviana a los interesados en rubros de minería y metalurgia. Parece que será cuestión de tiempo y ojalá con buenos resultados, pues lo más importante del momento es definir soluciones generales para un problema de importancia nacional.

Incentivos para petroleras durarán hasta 25 años

Los incentivos del Estado Plurinacional de Bolivia a las empresas petroleras que operen en Zonas Tradicionales tendrán veinte años de vigencia, mientras que los incentivos para quienes trabajen en Zonas No Tradicionales, tendrán una duración de veinticinco años. En ambos casos el beneficio se otorgará a partir de la producción comercial regular en ambas zonas.

 

Esta disposición se encuentra en los Parágrafos I y II del Artículo 8 (Plazo y Condiciones para la Aplicación del Incentivo a la Producción de Condensado Asociado al Gas Natural) del proyecto de ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

 

 

 

Además de señalar los citados plazos de 20 y 25 años, la propuesta de normativa explica que el plazo de duración del incentivo será definido en función a criterios técnicos y económicos, a ser reglamentos mediante Decreto Supremo.

 

Estos incentivos son para las empresas petroleras que tengan contratos vigentes, las que deben iniciar actividades de perforación exploratoria de forma inmediata y durante los siguientes tres años, hasta el 2018, una vez se promulgue esta ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Tal previsión está contenida en el artículo 8 del citado proyecto de Ley.

 

Es decir, se trata de incentivos para los campos por ser descubiertos.

 

Cinco años para campos en explotación

En cambio, para los campos que se encuentran en explotación (a la fecha de publicación de la citada ley) el plazo de duración de este incentivo será de cinco años a partir de la publicación de la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

 

El beneficio de este incentivo por el citado período de tiempo se establecerá conforme a una actualización del Plan de Desarrollo a ser aprobado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), que incorpore la línea base establecida en el Parágrafo II del artículo 9.

 

En este caso, el incentivo tendrá un monto variable hasta un monto máximo de 30 dólares  por barril de petróleo (Bbl) para la “zona tradicional”, se recalca en el Parágrafo III del artículo 9 del proyecto de Ley (Incentivos a la Producción Adicional de Condensado Asociado al Gas Natural).

 

El Parágrafo IV añade que el incentivo a la producción adicional del condensado asociado al gas natural sólo se aplicará cuando la producción sea asignada al mercado interno y será ajustado cuando se modifiquen las condiciones del precio del mercado interno para el condensado.

 

Antes, en el Parágrafo II, se establece que los parámetros para aplicar el incentivo se establecerán en función a una línea base, que considerará las reservas actuales e inversiones adicionales a las aprobadas por YPFB, de acuerdo a reglamentación mediante Decreto Supremo.

 

Boletín: Representación Nacional de la Gobernación de Tarija en La Paz