El boletín “Situación de la Minería y Boletín Estadístico al Tercer Trimestre 2022”, publicado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, brinda las pautas necesarias para comprender el rumbo que siguió nuestra minería en la presente gestión, el mismo que no se verá afectada en su destino, en esta gestión, por lo que haya podido suceder en el último trimestre de este año que está a pocos días de culminar.

En principio, se ratifica como país –a falta de industrialización– nuestra dependencia del comportamiento de los precios de los minerales y metales en el mercado internacional.

La bonanza de precios, registrados durante los tres primeros trimestres de esta gestión, muestran su efecto positivo a las cifras de valor de nuestra producción minera, más no en el volumen de su producción, ejemplo de esto es que en minerales como el estaño, plomo, plata, wólfram y ulexita los volúmenes de producción descendieron, pero como efecto de los precios altos, su valor supera a las cifras registradas en el mismo período de la pasada gestión.

Este efecto de precios altos también incidió en el valor de exportación de minerales, que se incrementó en un 20,4%, en comparación a los tres primeros trimestres de 2021, aunque los destinos de nuestra materia prima minera continúan sin variación alguna, siendo Asia el destino principal (68%), particularmente del zinc y oro.

La lógica del “estamos saliendo adelante” y el “exportar o morir” aplicado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ratificó al sector minero como mero proveedor de materias primas. A las pruebas nos remitimos, de enero a septiembre el valor de producción alcanzó a $us 5.251 millones, de los cuales el valor de las exportaciones minero metalúrgicas alcanzó a $us 5.043 millones.

En términos de valor de producción, se ratifica la predominancia del sector minero cooperativo, que detenta el 57,6 % del valor de producción minera nacional, esto por su dominio en la explotación de oro, que se va extendiendo hacia el norte del país. El segundo lugar lo ocupa el sector privado con un 36% del valor de producción, por el efecto que produce la Minera San Cristóbal en la explotación de los minerales de plata, plomo y zinc. El Estado, a través de sus operaciones de estaño, zinc, cobre y hierro regentadas por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), ocupa el tercer lugar, con apenas el 6,3% de participación.

A esta precariedad que registra la minería estatal se debe añadir la disminución de los volúmenes de producción de estaño al tercer trimestre de esta gestión que apenas alcanzó a 13.161 Toneladas Métricas Finas (TMF). Esto constata la afirmación hecha por el CEDLA en gestiones pasadas sobre el estancamiento de la capacidad de producción de estaño de Huanuni y Colquiri, hecho que afectará a las metas de la metalúrgica de Vinto, que aún está lejos de alcanzar su capacidad plena de tratamiento de estaño con el Horno Ausmelt, que fue instalado para tratar 18.000 TMF por año.

La salud económica de la fundición de Vinto en la presente gestión continuó en declive. En agosto de esta gestión, las deudas impagas de Vinto obligaron a los mineros de Huanuni a movilizarse exigiendo el pago de los $us 92 millones, por los concentrados de estaño que entregó a la metalúrgica.

Acotar que en la gestión que culmina, el gobierno no pudo concretar el funcionamiento pleno del Ingenio Lucianita de Huanuni, que tuvo una inversión de $us 54 millones, entregado en febrero de 2015 por Evo Morales, pese a que en julio de 2021, el presidente Luis Arce aseguró: “hoy inauguramos, con pruebas que hizo el Ministro de Minería, nuestro Ingenio Lucianita, un ingenio que hace muchísimos años empezamos a construirlo, a diseñarlo, y la verdad ha pasado mucho tiempo y recién estamos pudiendo ponerlo en funcionamiento en su totalidad”. Lucianita, diseñado para un tratamiento diario de 3000 Toneladas Métricas de estaño, debía adicionar mensualmente una producción de 500 Toneladas Métricas Finas (TMF) de estaño a la Empresa Minera Huanuni, sin embargo, está claro que esto no sucedió.

Con el gobierno del MAS, el modelo rentista de la minería se acentuó, empero, el mismo no se adecua a la realidad minera, tanto en precios internacionales, como tampoco en el rol fáctico de sus operadores.

Veamos lo que sucede con las regalías mineras.

El valor de la producción nacional minera hasta septiembre de 2022 alcanzó a $us 5.251 millones. En este contexto, el valor de producción de oro explotado en los departamentos de La Paz y Beni, hasta el tercer trimestre de 2022, alcanzó a $us 2.399 millones, pero el departamento que mayor regalía percibe es Potosí con el 61,7%, por la explotación de minerales complejos (plata, plomo y zinc) a la cabeza de la empresa privada. El departamento de La Paz apenas captó el 19,5% del total de regalías, gran parte por la explotación de oro. Este desface es a consecuencia de la tributación asimétrica en favor de las cooperativas mineras, en el caso del oro, desde la vigencia de la Ley 535, promulgada en mayo de 2014 por Evo Morales y su gobierno.

Un hecho por demás importante, que no debe pasar desapercibido, es que hasta el tercer trimestre de esta gestión se confirma lo previsto por el CEDLA, que las cooperativas mineras, motivadas por los altos precios del oro en el mercado internacional y la flexibilización de normas tributarias y ambientales para beneficio de su sector, volverán a registrar un casi monopolio en la explotación de oro, tal como lo registraron entre los años 2013 a 2018. Al tercer trimestre, las cooperativas mineras registran un 99,6% de la producción nacional.

En este punto, acotar que en la gestión 2022 se registrará nuevamente un volumen de producción récord de oro, casi similar al de 2021 (45,6 toneladas), lo que nos lleva a estimar la mísera regalía que dejará la explotación de este recurso estratégico no renovable, que bordeará los $us 60 millones, con el daño colateral de la contaminación ambiental en las zonas de explotación dominadas por las cooperativas mineras y una mayor conflictividad social.

En contraparte, los mineros cooperativistas auríferos cierran la gestión con un gran logro para su sector, que es la obtención de un tributo del 4,8% aplicable sobre el valor bruto de venta de oro, un impuesto único que, en su aplicación, considerando el valor de exportación de oro de 2021 que alcanzó a $us 2.534 millones, apenas dejaría $us 121 millones para el erario nacional.

En conclusión, nuestra minería se encuentra estancada y depende de los precios altos para mantener su nivel de participación en la economía nacional. Empero, la recaudación de la misma no se ve reflejada por el actual modelo impositivo y tributario vigente en el país, a consecuencia de la Ley 535. Este escenario ha derivado en que las cooperativas mineras dominen la minería nacional, seguida del sector privado que busca abandonar el país como lo va haciendo Glencore, dejando en tercer lugar a la minería estatal, tanto en volumen como en valor de la producción nacional, sin haber podido llegar a la tan prometida industrialización minera.

A esto hay que añadir también que, en la presente gestión, el gobierno fue incapaz de concretar:

El proyecto siderúrgico del Mutún, comprometido desde el año 2006, durante el primer gobierno del MAS, proyecto en el cual la duda del aprovisionamiento de gas para su funcionamiento continua.

La instalación de las Refinerías de zinc: comprometida desde el año 2010, que, ante el fracaso de tres licitaciones públicas internacionales y ante la negativa de realizar una inversión estatal, para procesar el mayor mineral que produce el país, optó por gestionar un crédito de $us 350 millones del Eximbank de China

El funcionamiento continuado de Karachipampa, que, a nueve años desde su reactivación, solo arrojó cifras negativas, como las logradas en 2021 cuando apenas logró generar 321 toneladas métricas (TM) de lingotes de plomo, 3.467 TM de lingotes de plata y 232 TM de sales de antimonio.

No hay desarrollo de trabajos de geología estatal para renovar las reservas de las operaciones de la COMIBOL, particularmente de estaño, como tampoco hay trabajos con resultados positivos, que permitan el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Como corolario de esta gestión, no se pudo concretar la redacción de un Plan Sectorial de Desarrollo Integral Minero Metalúrgico que permita lograr una política minera, o que haya delineado un aprovechamiento del período de precios altos, para beneficio de nuestra minería, con la industrialización tan reiteradamente prometida.

Ergo, el actual desgobierno en el sector minero solo permitió la expansión del modelo cooperativista, con su praxis por demás conocida, que ha logrado expandirse a los nueve departamentos del país, ocupando 9 de cada 10 empleos que genera la actividad minera. ¿Es este el modelo de minería que queremos para el país?

Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA