Para dar continuidad a las reflexiones sobre la explotación de oro en el país, toca hacer una acerca del papel del Estado, sus políticas públicas y sus intenciones por desempeñar un rol protagónico dentro de la cadena productiva y comercialización de oro.

Una primera iniciativa se dio en octubre de2010, cuando la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) creó, mediante resolución de directorio general N° 4424/2010, la Empresa Boliviana del Oro (EBO).Esta empresa tenía como objetivo comprar toda la producción de oro en el país, con una justa remuneración para los cooperativistas y su venta al Banco Central de Bolivia (BCB); además, evitar que salga de contrabando a través de las comercializadoras de minerales.

Paralelamente, buscó promover la formalización de las operaciones de las cooperativas mineras auríferas.Para esto, EBO instaló oficinas en Riberalta y San Ramón, en el departamento de Beni, y una tercera en la ciudad de El Alto.

El principal crítico a este emprendimiento estatal fue el sector cooperativo aurífero, puesto que aseguraban que EBO no tenía la capacidad de competir en precios –bajo la lógica del libre mercado– frente a las comercializadoras privadas, debido a la obligatoriedad que tenía en los siguientes aspectos: de emitir factura, al ser una empresa estatal; de deducir impuestos y, sobre todo, de vender el oro al BCB. A ello se sumó que EBO no contaba con el capital económico para acopiar todo el oro que se produce en el país.

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Otro factor que limitó los objetivos de la estatal del oro fue que, en el mismo período, el Fondo de Financiamiento Minero (FOFIM) desembolsó a favor de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), $US 12,4 millones para crear la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras (COMERMIN), que, dentro de sus objetivos, también disputó la comercialización de oro.

Las dificultades administrativas para EBO fueron recurrentes. El efecto limitado de su gestión recién se conoció en 2019, cuando la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, elaboró un diagnóstico sobre la situación de varias empresas estatales, entre ellas la estatal del oro.

El diagnostico identificó que EBO no funcionaba como una empresa, sino como un proyecto para evitar el contrabando de oro, que lo compraba para el BCB. En 2019, funcionaba como una unidad compuesta por cuatro funcionarios (un responsable, una administradora, un auxiliar y un laboratorista), que, además, figuraban en planillas de la COMIBOL. En conclusión, EBO no pudo cumplir a cabalidad su propósito.

Otra muestra de debilidad institucional en la intención del Estado de administrar la explotación y exportación de oro es el episodio registrado el año 2012, cuando los reportes oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia exhibieron una variación de cifras entre la producción y exportación de oro. En esa gestión, Bolivia produjo 12 toneladas y exportó 26,9 toneladas. Este hecho hizo presumir de contrabando de oro proveniente de Perú, que hubiese salido legalmente por fronteras bolivianas al mercado internacional. Sobre este hecho el Estado nunca confirmó o descartó esta hipótesis.

En varios de los análisis y las reflexiones que se hacen sobre la cadena de explotación y exportación de oro, se omite el rol de las comercializadoras de minerales y sus intermediarios, que, amparadas en la vigencia del Decreto Supremo 21060, juegan un rol protagónico en la actividad minera. Desde las cooperativas mineras han surgido varios cuestionamientos sobre el rol de las comercializadoras mineras.

Para entender el rol de las comercializadoras de oro y sus intermediarios es necesario rememorar un episodio registrado en marzo de 2019:en esa fecha, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO) hizo pública su intención de acopiar todo el oro producido en el departamento de La Paz y venderlo de forma directa a la India.

El comunicado fue hecho por el presidente de FERRECO, Armando Saravia, tras una reunión con empresarios de la India, donde se planteó alinear a todas las cooperativas auríferas que operan en La Paz y prescindir de las comercializadoras de minerales. Para este propósito, los cooperativistas denunciaron que las comercializadoras, con el fin de no pagar el 1,8% para el seguro de la Caja Nacional de Salud (CNS) y el 0,35% para las federaciones del departamento de La Paz, desviaban el oro producido en La Paz y lo declaraban como oro explotado en el departamento de Beni.

La denuncia obligó al Ministerio de Minería y Metalurgia a solicitar a once comercializadoras que declaren la procedencia del oro que recibían. Este hecho se vio agravado por el inusual crecimiento en los volúmenes de producción de oro en el departamento de Beni sin ninguna explicación técnica valida. Todo apuntó a que este hecho se producía con la intención premeditada de evadir el cumplimiento de la Resolución Ministerial 165/2017, que dispone que si una cooperativa explota un yacimiento marginal con técnicas artesanales no puede extraer más de 20 kilos al mes y que, además, sólo una persona puede vender el oro en nombre de la cooperativa.

Pese a la presión del gobierno, solo nueve de las once presentaron la documentación requerida, y dos comercializadoras no presentaron ningún tipo de documentación, ni se pronunciaron sobre el tema. Por tal motivo, se anunció el inicio de procesos penales ante la Fiscalía y la suspensión de su Número de Identificación Minera (NIM), que las privaba de comercializar minerales en Bolivia.

Posteriormente, la intención de FERRECO de monopolizar la comercialización de oro en La Paz y exportarla directamente a la India no se concretó.

Por su parte, la Gobernación de La Paz denunció que 25 de 27 comercializadoras de minerales desviaron de manera ilegal regalías por ese concepto a favor del Gobierno Departamental del Beni durante ese período. El argumento de las autoridades departamentales señalaba que entre 2017 y 2018 las regalías mineras de La Paz se redujeron un 22%, mientras que las de Beni subieron en más del 100%.

Según datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras a 2019, en Beni existían registradas sólo siete cooperativas mineras, mientras que en La Paz alcanzaban a 1.239.

Al igual que otros casos, estas denuncias no lograron una atención efectiva de parte de las instancias gubernamentales y la justicia. Buscando una buena convivencia, en febrero de 2020, las gobernaciones de La Paz y Beni firmaron un convenio para impulsar acciones conjuntas para evitar la fuga de regalías a través de las comercializadoras en ambos departamentos.

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Pese a estas observaciones, a 2021, la cantidad de comercializadoras de oro formalmente establecidas alcanzaron a 22, que operan en los departamentos de La Paz, Beni e incluso Pando.

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, desde la COMIBOL se planteó dos proyectos estatales auríferos. El primero sugería la creación de la Empresa Minera de la Amazonia, destinada a la explotación de oro, con una inversión de $US 500 millones, que proyectó recaudar $US 37 millones por año, pagar impuestos por un valor de $US 187 mil y lograr una utilidad de $US 312 mil; con una cotización promedio del oro de $US 1.000 la onza troy (OT).

El segundo, la puesta en marcha del proyecto Amayapampa en el norte de Potosí, con una inversión de $US 400 millones, que proponía el pago anual de regalías de $US 7,2 millones, impuestos de $US 36 millones y una Utilidad Neta de $US 50 mil por año, con una cotización promedio de $US 1.200 la OT.

Ambas iniciativas fueron descartadas durante el gobierno de Luis Arce (MAS). En el caso de la Amazonia, se dejó la totalidad de la explotación del oro en manos de las cooperativas y en el caso de Amayapampa, se optó por la entrega de este yacimiento a la empresa minera transnacional, chino canadiense, Phoenix Mining S.A., que, pese a los plazos establecidos, hasta el momento no inicia operaciones.

En mayo de 2021, el gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, planteó la creación de una nueva empresa estatal encargada de la comercialización del oro, de transparentar este proceso y de recuperar los ingresos para incrementar las regalías que reciben las administraciones regionales y locales. El proyecto planteó abrir sucursales en las regiones y los municipios productores de oro, en el norte y el sur del departamento de La Paz, y en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

En esta oportunidad, el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, reconoció que la exportación ilegal podría elevarse a más de 30 toneladas, equivalentes a más de $US 1.000 millones.

Con lo expuesto hasta aquí, se corrobora que el gobierno ha sido incapaz de definir una política efectiva para controlar la explotación, comercialización y exportación de oro en el país. Esta conclusión también puede corroborarse con varias iniciativas legislativas que fueron truncadas por el sector cooperativo minero aurífero –como expondremos en un siguiente artículo–,que, por la presión de sus movilizaciones, supo blindar sus intereses.

Continuará…

Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA