• Hace un año, el Ejército y la policía intentaron tomar control de la cordillera y acabar con las extracciones ilegales de oro. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos han reabierto socavones y ahora operan en ríos que llegan a comunidades indígenas.
• Mongabay Latam y El Comercio recogieron testimonios de autoridades, especialistas, mineros y líderes indígenas, que describen la compleja situación, en Amazonas, frente a una actividad que avanza de forma irrefrenable sobre un área que debió ser parte de un parque nacional.

El primer socavón destruido tenía casi 200 metros de profundidad y estaba a un lado de la carretera que llegaba al puesto de observación Tambo, en la Cordillera del Cóndor (Amazonas), el más cercano a la frontera con Ecuador. El boquerón de acceso medía 1.80 metros de alto y 2.10 metros de ancho, pero era imperceptible entre las quebradas agrestes. En el interior, agentes de la División de Seguridad contra Minas de la Policía Nacional del Perú habían encontrado evidencias de excavaciones recientes. El estallido de una carga de explosivos demolió el túnel y así empezó el operativo de supervisión contra la minería ilegal ejecutado, el 4 de marzo, por la Fiscalía en Materia Ambiental y un contingente de policías y militares a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

Otros socavones hallados también en las inmediaciones de la línea de frontera, correspondiente al distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, tenían dimensiones similares y señales aún más preocupantes: habían sido reabiertos luego de que fueran dinamitados en octubre de 2019.

Mongabay Latam y El Comercio participaron en el operativo y fueron testigos de la destrucción de los socavones reabiertos para la extracción ilegal de oro. Una evidencia de cómo esta actividad avanza de forma irrefrenable sobre territorio peruano.

Las incursiones de los mineros ilegales en la Cordillera del Cóndor habían disminuido notoriamente desde el 15 de octubre del 2019. Ese día, 100 efectivos de la Policía y el Ejército ingresaron al sector del Tambo, en El Cenepa, en atención a una resolución suprema que autorizaba la interdicción de campamentos y maquinaria utilizados por los extractores de oro. Los soldados sellaron socavones, dinamitaron y trazaron zanjas sobre la vía carrozable por donde los ilegales sacaban el material en camiones hacia La Herradura, la localidad ecuatoriana más próxima a suelo peruano. Allí, los cargamentos de tierra eran acumulados y procesados a diario para conseguir la purificación del mineral. Con el fin de erradicar esta actividad clandestina, una tropa y dos fiscales especializados fueron designados para custodiar la zona y se quedaron en las instalaciones de la paralizada minera Afrodita.

La estrategia de intervención y vigilancia contemplaba una primera fase de seis meses. Pero antes de que este periodo acabara, las Fuerzas Armadas efectuaron un operativo de inspección y hallaron varios túneles reabiertos. El fiscal provincial adjunto especializado en Materia Ambiental de Ucayali, Berli Rodríguez, dijo para este reportaje que, desde la interdicción de octubre hasta esa fecha (4 de marzo), 30 socavones habían sido inhabilitados. Sin embargo, si bien la presencia militar había logrado contener el flujo habitual de mineros ilegales en la cordillera, todavía se registran ingresos.

Los mineros han recurrido a nuevas modalidades. Un policía a cargo del control en la zona detalló que desde inicios de año entran en grupos de siete, solo de noche o cuando hay neblina para pasar desapercibidos. En un caserío cercano a La Herradura, un minero ecuatoriano, quien solo se identificó como Andrés, contó que cada grupo está encabezado por un dirigente que previamente ha reunido dinero para entregárselo a los militares y conseguir así el acceso.

“Los mineros que están en el grupo del dirigente que ha negociado pueden trabajar toda la noche. Unos 15 socavones para extracción de oro están activos actualmente”, precisó Andrés.

La contaminación que emana desde los puntos de procesamiento del oro, en Ecuador, termina llegando a las cabeceras de cuenca de los ríos Cenepa, Comaina y Santiago. Y esto discurre, a través de afluentes, hacia las comunidades awajun y wampis ubicadas en la parte baja de la Cordillera del Cóndor. La salud de los indígenas asentados allí y sus tierras están expuestas a este peligro constante.

La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Flor de María Vega, declaró durante las supervisiones del 4 de marzo que otra grave preocupación para su despacho era la deforestación del Parque Nacional Ichigkat Muja, situado en la misma franja de la cordillera en que están las áreas de operaciones mineras. “Nuestra soberanía ha estado conculcada”, expresó. Esa misma fecha, el fiscal Berli Rodríguez estimó que las interdicciones en la cordillera se iban a prolongar hasta fines de año. Sin embargo, solo 10 días después, el brote del Covid-19 truncó nuevas intervenciones militares como las de octubre y marzo. Los mineros ilegales, mientras tanto, han aprovechado la emergencia sanitaria para volver a ganar terreno.

Delito histórico

La extracción ilegal de oro en la Cordillera del Cóndor no es una actividad reciente. Dos de los líderes indígenas que integran las organizaciones comunales awajun y wampis más importantes en El Cenepa, Zebelio Kayap (Odecofroc) y Saúl Yampis (Odecoac), aseguran que los mineros ecuatorianos empezaron a operar a mediados de la década de los 80. Y que desde entonces han estado coludidos con los soldados peruanos que resguardaban la frontera. La actividad extractiva se intensificó luego de la Guerra del Cenepa y a ello habrían abonado las urgencias que enfrentaban los militares destacados a los puestos de vigilancia.

El ecuatoriano Héctor Apolo, dedicado hace más de 30 años a la minería de socavón, comenta que un helicóptero peruano llegaba con provisiones cada tres meses a los puestos militares y a veces solo para dejar verduras secas o frutas que los soldados consumían rápidamente.

“Nosotros los apoyábamos con lo que les hacía falta y ellos nos permitían hacer minería. Tuvimos hasta una procesadora para el material allá (suelo peruano), estaba un poquito más abajo del destacamento”, indica el minero ecuatoriano.

Héctor Apolo sostiene que, tiempo después, con la llegada de la minera Afrodita a la frontera surgieron los primeros inconvenientes para los operadores ilegales. La empresa había obtenido concesiones en la cordillera e iniciaba labores de exploración. “Nos decían que este era un queso muy grande y estábamos pellizcando de poquito en poquito”, recuerda. Sin embargo, afirma que los mineros ilegales de su país llegaron a un acuerdo con Afrodita, empezaron a entrar a la cordillera con permiso de la compañía y dejaron de procesar el material en el lado peruano de la frontera.

“Traíamos los sacos cargando hasta acá”. Apolo dice esto mientras apunta con su índice derecho a La Herradura, área minera de Chinapintza, en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, distante solo a 20 minutos caminando de la línea de frontera. La Herradura es un pueblo habitado, en su mayoría, por mineros ilegales, informales y artesanales, quienes son conocidos como ‘cuñeros’. Ahí, los sacos de 30 o 40 kilos son depositados en unas moliendas, donde el material extraído es pulverizado. Luego, el polvo es sometido a un procedimiento con mercurio para capturar las partículas de oro. Finalmente, el mercurio es quemado y así se obtiene el oro en pepitas.

El tránsito desde Ecuador al lado de la cordillera que corresponde al Perú ha sido sencillo a lo largo de las últimas décadas y eso permitió la expansión de la actividad ilegal. En cambio, acceder desde las comunidades awajún más cercanas a las zonas de extracción, demanda hasta hoy al menos cuatro días de caminata.

Amparados en estas condiciones geográficas, los ‘cuñeros’ llegaron a habilitar 144 socavones hacia el 2015. Los túneles estaban a lo largo de dos kilómetros de cordillera, en un área que había sido destacada debido a su altísima diversidad de flora y fauna por una delegación científica que exploró la cordillera en 1994. Los expedicionarios identificaron durante la investigación especies únicas para el lugar, muchas de las cuales no han sido halladas en otra parte del mundo hasta ahora. En ese lugar se expandía precisamente la actividad ilegal.

El operativo para clausurar estos 144 socavones en el área apenas funcionó como un analgésico. Para el 2016, los mineros ecuatorianos ya tenían hecha la carretera que conectaba La Herradura con las zonas de excavaciones. La coordinadora nacional de las FEMA, Flor de María Vega, indicó que por esos años recibía información sobre el ingreso diario de hasta 60 camiones para transportar el material extraído.

En mayo de 2017, el entonces vicegobernador regional de Amazonas, Carlos Navas, encabezó una comitiva que viajó hasta la línea de frontera y halló 38 túneles operativos, muchos de los cuales habían sido cerrados en 2015. En los puestos militares Tambo y Cuatro Antiguo, distantes unas cinco horas entre sí, Navas no vio a ningún soldado. Pero lo que más le impresionó fue la cantidad de relaves mineros que emanaba desde los sitios de procesamiento del mineral hacia los ríos de El Cenepa.

“Nuestra soberanía estaba mellada. Vi cómo los sacos eran llevados a plena luz del día”, dice. Él expuso ante Cancillería lo que estaba ocurriendo. La interdicción se efectuaría recién en octubre 2019 pero, pese a ello y al operativo de supervisión de marzo de este año, Navas relata que las extracciones mineras han seguido durante la pandemia y que la contaminación ahora afecta a todos los ríos de Condorcanqui.

Contaminación vigente

Las operaciones mineras se realizan en una zona de la Cordillera del Cóndor que había sido contemplada para formar parte del Parque Nacional Ichigkat Muja, pero que fue recortada al emitirse el cuestionado decreto supremo con el cual se creó esta área protegida (ver la segunda parte de este especial). Así lo constató este medio en los dos recorridos hechos por los sectores de excavación días antes del brote de la pandemia. Zebelio Kayap, ex presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), dice que hace más de 10 años este grupo ha solicitado al Ejecutivo la restitución del territorio que fue excluido (más de 65 mil hectáreas) en la instauración del parque nacional.

“Es territorio ancestral. Esa vulneración del acuerdo está judicializada. Pero hasta ahora no tenemos una resolución sobre el destino de la cordillera”, subraya Kayap. Él afirma que la extracción ilegal de oro continúa hasta hoy cerca del puesto de observación Tambo, en la quebrada del río Sawientsa, y del puesto de vigilancia Cuatro Antiguo.

La misma información tiene la abogada del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), Rocío Meza. En una entrevista para este reportaje explicó que las excavaciones no se han detenido luego de la interdicción y que las mafias dedicadas a la extracción del mineral siguen pasando a territorio peruano. En tanto, para el abogado especializado en materia ambiental César Ipenza, una evidencia clara de que la minería ilegal en la frontera continúa siendo un tema pendiente de resolverse es la ampliación del mandato para la intervención de las Fuerzas Armadas. La prórroga más reciente fue emitida el martes 3 de noviembre.

Los mineros Andrés y Héctor Apolo detallaron que, aunque en menor cantidad, el ingreso de ecuatorianos a los socavones en suelo peruano se reinició solo 10 días después de la interdicción del 15 de octubre de 2019. Para conseguirlo, aseguran, además de organizarse y reunir dinero, los ‘cuñeros’ invitan a los militares a los locales de diversión que tienen en su país.

“A mí me han ofrecido. Si quiero pasar de noche a picar, que pase. Quizá por amistad, no por lucro. Yo tengo un pequeño negocio”, cuenta Apolo.

Por escrito, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) comunicó que se trata de “informaciones malintencionadas” debido a que las fuerzas del orden no permiten el acceso de ninguna persona para realizar minería ilegal en la zona. La institución hizo hincapié en que tales denuncias ya han sido investigadas. “Asimismo, las comunidades nativas manejan un doble discurso: por un lado se quejan de los ilícitos y de otro, están participando en estos por dádivas económicas”, se anotó.

Además, el CCFFAA detalló que los patrullajes en la línea de frontera se han intensificado, que siguen las interdicciones en vías de acceso y los bloqueos de socavones manipulados después de las intervenciones. Sin embargo, el comando conjunto remarcó la necesidad de implementar al personal con armas no letales y de un fiscal en el Tambo pues desde setiembre no se ha realizado el relevo del que había. “Falta la autoridad competente para solucionar los problemas sociales, culturales y de tránsito de personas”, apuntó la institución.

El jefe de la División de Inteligencia de la Policía de Medio Ambiente, coronel PNP Luis Guillén, señala que uno de los grandes obstáculos para la policía en la cordillera es la ausencia de condiciones mínimas para desarrollar una investigación luego de cada captura. Al tratarse de detenidos ecuatorianos, y ante la falta de una fiscalía en la zona, ellos deben ser entregados a la policía de su país. Pero sostiene que ahí la legislación es muy distinta y que «hay cierta impunidad».

De acuerdo con las investigaciones de su personal, Guillén confirma que los ecuatorianos están operando en túneles que habían sido clausurados. «Solo que cada vez se van encontrando más y más y más y en algunos casos los han reabierto nuevamente», precisa el coronel.

Saúl Yampis, uno de los líderes awajún de la comunidad de Shain e integrante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (Odecoac), señala que la única forma como se podrían controlar los ingresos de mineros ilegales es con la existencia de poblaciones indígenas y el desarrollo de trabajos productivos en el costado peruano de la cordillera. No se puede confiar en los militares, refiere Yampis, y sostiene que ha sido testigo durante años de cómo se negocia el ingreso de los ilegales a suelo peruano

El representante de Odecoac dice que esta organización propone que haya minería en la zona pero de forma legal y con el correspondiente pago de impuestos al Estado. “Nos podemos beneficiar como pueblo de esa manera, pero siempre respetando nuestros derechos propios”, anota.

En contraposición, Zebelio Kayap, líder del pueblo Achuim, considera que la Cordillera del Cóndor, como área natural, de uso común y territorio ancestral de los pueblos awajún y wampis, debe ser protegido por el Estado y los indígenas sin necesidad de ser poblado. Por ello y su amplia biodiversidad, explica, Odecofroc ha pedido que ese sector amenazado se restituya como parte del Parque Nacional Ichigkat Muja. Pero la realidad es otra.

Kayap narra que hay indígenas de los pueblos próximos a los puestos de vigilancia incurriendo en la minería de socavón. Y que, contratados por los ‘cuñeros’ ecuatorianos o coludidos con estos, han empezado a operar en los ríos que pasan por sus comunidades. Él señala que se trata de comuneros de Shain, Kunchai y Teesh, sectores adscritos a Odecoac. Pero dice también que la minería aluvial es practicada por indígenas de las comunidades de Huampami, San Antonio y Mamayaque, que pertenecen a Odecofroc. Esta es otra notoria y creciente modalidad de minería ilegal en El Cenepa, comenta Kayap, por cuanto se están desmoronando quebradas con la utilización de dragas, motores y maquinaria para succión en los cauces. Al respecto, el CCFFAA precisó que las entidades policiales y militares no disponen de embarcaciones para el control de ríos.

“Antes, los apus eran muy fuertes y respetuosos de sus comunidades, pero ahorita el dinero está boicoteando las funciones y el liderazgo. Son terceros los que traen las máquinas y las instalan a nombre del apu o de cualquier dirigente. Entonces, como organización, ya no podemos juzgar o sancionar”, declara Kayap.

Yampis descarta que esto ocurra en el caso de Shain o de otra comunidad integrante de Odecoac. Según indica, a Shain no han entrado dragas porque el reglamento interno de ese pueblo consigna severas sanciones para quien opere en minería ilegal. Insiste en que su organización apoya la formalización minera y el reconocimiento del Estado a esta actividad. “La población no quiere nada ilegal”, sentencia.

Como organización indígena, Odecofroc abarca 32 comunidades titulares y 34 comunidades anexas situadas en el llamado bajo Cenepa, entre la desembocadura del río Cenepa y Puerto Mori. A Odecoac pertenecen dos comunidades titulares y dos anexas, ubicadas en el alto Cenepa. Es decir, desde la desembocadura del río Comaina hasta la frontera con Ecuador. Existen otras dos organizaciones que agrupan a más pueblos originarios en el ámbito de la cordillera.

Concesiones vigentes

Odecofroc tiene en marcha un proceso para que se declaren nulas 111 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor, entre estas las correspondientes a la minera Afrodita. El abogado Javier Mujica, de la ONG Perú Equidad, representante legal de la organización indígena, planteó una acción de amparo por no haberse respetado el derecho de los pueblos awajún y wampis a la consulta previa. Las partes demandadas fueron el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Después de seis años de proceso, en abril de 2019, el Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo. Esta resolución fue observada por algunos detalles, pero el juez mantuvo la orden de anulación de las concesiones.

“Ya todo está listo para la sentencia final y aquí estamos esperando. Lo concreto es que la demanda paralizó todo y las empresas abandonaron sus proyectos de explotación”, puntualiza Mujica. Para César Ipenza es clarísimo que Ingemmet y Minem están a favor de la minería en la cordillera pero no lo dicen públicamente. Además, remarca, mantener una concesión les genera ingresos por derecho de vigencia. “Ellos siempre se salvan diciendo que la concesión que otorgan no da derecho a explotación”, enfatiza.

La minera Afrodita tiene dos concesiones vigentes en la Cordillera del Cóndor, pero hasta ahora no ha obtenido los permisos de explotación. Sin embargo, Kayap acusa que la compañía realizó labores de exploración y llegó a extraer oro sin autorización cuando ya tenía instalado su campamento, cerca del puesto de observación Tambo. En su denuncia también da cuenta de que Afrodita gestó la carretera que daba acceso a los mineros ilegales desde Ecuador a las zonas de excavación. En el 2016, el Gobierno Regional de Amazonas otorgó el permiso de explotación que buscaba la compañía. Poco tiempo después, Odecofroc denunció que las comunidades no fueron consultadas y el gobierno regional suprimió la autorización.

Algunos indígenas de la zona sostienen que los mineros ilegales eran socios o cercanos a Afrodita y que, incluso, los mismos trabajadores de la empresa realizaban extracciones allí.

En su campamento de la Cordillera del Cóndor, Afrodita ya no tiene trabajadores. Rocío Meza indica que la compañía también habría estado detrás de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de mineros que buscan operar en la frontera. Explica que uno de los requisitos para acceder al registro es tener el permiso del dueño de una concesión. Y que este proceso ha causado que tanto indígenas como gente de otros sitios estén llegando a “una zona donde el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar”. Ipenza añade: “Si tuviésemos mineros formales allí, ellos deberían tener un contrato firmado con la minera”. Él asegura que el Gobierno Regional de Amazonas ha pedido la exclusión de muchos mineros que están allá y pretenden formalizarse. “Pero el Minem, que tiene la competencia, no lo ha hecho”, lamenta.

Mongabay Latam solicitó la versión del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Precisamente, según señaló el CCFFAA, uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades en la cordillera es la falta de un pronunciamiento del Minem con respecto a los permisos para la realización de minería artesanal en la zona. El comando conjunto puntualizó: “No solo es necesaria la presencia permanente de personal de Energía y Minas, sino también de Migraciones y Cultura. El problema es multisectorial”.

Minera señalada

El gerente general de Afrodita, Jorge Bedoya Torrico, descarta que la compañía tenga relación con mineros ilegales peruanos o ecuatorianos. Por el contrario, sostiene que su campamento en el Tambo fue atacado e invadido durante seis meses por ilegales que operaban en los túneles habilitados por la minera. La abogada de la empresa, Fiorella Cáceres, añade que esto ocurrió luego que el Gobierno Regional de Amazonas les anulara el permiso de explotación. Bedoya afirma que, por ello, la compañía tuvo que abandonar la cordillera en el 2017.

El empresario indica que la minera siempre trató de mantener una buena relación con las comunidades ecuatorianas de La Herradura y La Pangui y que, incluso, llegaron a establecer un convenio para remediar sus relaves y construir la carretera que conectaba con el Perú. Según Bedoya, la vía estaba dentro de su declaración de impacto ambiental y permisos aprobados por la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas. Sin embargo, precisa que los mineros empezaron a exigirle autorizaciones para operar en zona peruana y contratos de trabajo como parte de sus procesos de formalización. Entonces, subraya, todo fue volviéndose más hostil.

“Desde que hemos salido de la zona, hay infinidad de gente que se irroga cercanía o alguna representación de la empresa”, enfatiza.

Bedoya afirma, además, que de las 111 concesiones mineras que Odecofroc busca anular judicialmente, solo dos están vigentes y son las de Afrodita. Detalla que el resto fueron abandonadas porque nadie las pagaba y que durante el proceso la zona se ha llenado de nuevas concesiones. El gerente asegura que el proyecto Afrodita estaba diseñado para no ser contaminante pero chocaba con la idea de que había generado la reducción del parque nacional. Además anunció: “He tomado la decisión de aportar los derechos mineros a un fideicomiso. Invito a IDL y las otras ONG a que decidan qué hacer con estos derechos mineros y participen del fideicomiso con las comunidades”.

Si hay algo en que han confluido los cuestionados intentos por el desarrollo de una minería legal, por parte de Afrodita, y de una formal, con el polémico tema del Reinfo, es en la avasalladora permanencia de la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.

Fuente: Mongabay