• El informe ‘Explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2019’ reveló que el 52 % de las explotaciones auríferas, sin incluir las subterráneas, están en zonas protegidas ambientalmente o donde la minería está estrictamente prohibida.
• Chocó y Antioquia son los departamentos donde las imágenes satelitales detectaron más huellas de explotación aluvial de oro. Ambos suman el 77% de las detecciones de todo el país, con el agravante de que el 70% de la explotación en Chocó es ilegal.

En Colombia, miles de personas se dedican a la minería de subsistencia y tratan de obtener oro, de manera manual, de los ríos y sus cauces. Sin embargo, el aumento internacional del precio de este mineral —que en 2019 se ubicó como el más alto en los últimos siete años, con valores superiores a los 1730 dólares por onza—ha hecho que la minería ilegal que utiliza maquinaria pesada se propague por el país, poniendo en peligro el medio ambiente y la salud de las personas, al utilizar elementos como mercurio y cianuro.

Durante varios años el país luchó contra ese flagelo sin contar con las herramientas de detección apropiadas y la información necesaria. Hasta hace unos años era impensable monitorear a través de medios satelitales los lugares donde se explotan recursos no renovables para verificar si esta se hacía dentro del marco legal. Pero desde 2016, el Ministerio de Minas y Energía, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Estados Unidos en Colombia utilizan tecnologías que permiten identificar de manera cada vez más precisa los sitios donde se registran evidencias de explotación de minerales, principalmente oro, bajo la modalidad de aluvión —aquella que aprovecha el oro depositado en ríos y en las tierras que rodean sus cauces—.

En el informe ‘Explotación de oro de aluvión: Evidencias a partir de percepción remota 2019’ se muestran todas las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), tanto legales como ilegales, durante el año pasado. “Este es el cuarto reporte. El fenómeno tuvo un incremento del 6 % al pasar de 92 000 hectáreas en 2018 a 98 000 hectáreas en 2019”, dice Pierre Lapaque, representante de UNODC en Colombia.

La fiebre del oro en Antioquia y Chocó

El informe toma en cuenta todas aquellas zonas donde hay una “huella” detectable a través de imágenes satelitales de alta resolución. Según explica Sandra Rodríguez, líder del área de Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales de la UNODC, esa huella en tierra se detecta porque hay una evidente pérdida de capa vegetal, se aprecian lagunas de beneficio y el afloramiento de suelos desnudos.

La detección de 2019 mostró 98 028 hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en tierra en 12 de los 32 departamentos del país. El 77 % de estas hectáreas se encontraron en los departamentos de Antioquia (40 201) y Chocó (35 105).

Y no solo esto, solo 10 municipios concentran el 54 % de las hectáreas afectadas por esta actividad: Zaragoza, Nechí, Cáceres, Nóvita, El Bagre, El Cantón de San Pablo, Ayapel, Istmina, Río Quito y Montecristo. Todos estos son municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar.

Aprovechando los resultados de años anteriores, el reporte contiene un análisis detallado de la tendencia de explotación de oro de aluvión en el país. “Una de las ventajas es que tenemos una cifra histórica. Para 2014 teníamos 78 939 hectáreas de EVOA en tierra. El fenómeno se ha venido ampliando y actualmente van 98 028”, cuenta Rodríguez.

Esto permitió a los investigadores clasificar las áreas explotadas en cuatro grupos. El primero incluye las áreas estables, es decir, que se detectaron en 2018 y se mantuvieron activas en 2019; en esta categoría están 81 191 hectáreas. El segundo abarca las áreas en expansión —que no existían en 2018 pero se han desarrollado en zonas contiguas a explotaciones más antiguas—; allí se detectaron 11 795 hectáreas.

El tercer grupo es el de las áreas nuevas, focos que apenas están iniciando y a diferencia de las áreas en expansión —que también son nuevas— no están ligadas a zonas antiguas de explotación; en esta categoría se detectaron 5042 hectáreas. Finalmente están las áreas con indicios de pastos y herbazales, los primeros estadios de la sucesión o regeneración natural; se trata de 10 855 hectáreas que se están dejando de explotar y están concentradas principalmente entre los departamentos de Nariño y Cauca.

“A través de la geografía se ofrece la información que facilita el trabajo de actores específicos que tienen competencia en estos territorios. Es una invitación a que gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales, comunidades y autoridades activen sus propias estrategias de acción”, dice Lapaque.

La minería ilegal es la que domina

Uno de los resultados más críticos es que, después de levantar la información geográfica y cruzarla con los permisos y licencias que debe tener toda actividad minera, se detectó que el 66 % de todas las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en tierra eran ilegales. A pesar de que Antioquia presentó la mayoría de hectáreas detectadas, es en Chocó donde hay mayor ilegalidad. Según el informe, el 70 % de las EVOA en Chocó son ilícitas.

Solo el 27 % de las áreas donde se explota oro de aluvión son legales, es decir, tienen permisos técnicos y/o ambientales, mientras que un 7 % se encuentran en una categoría definida como tránsito a la legalidad, donde se explota oro pero se están adelantando solicitudes de legalización. “Acá [categoría de tránsito a la legalidad] está permitida la explotación pero solo con medios manuales”, recalca Sandra Rodríguez de UNODC.

Otra situación grave es que el 52 % de las EVOA (50 801 hectáreas) están en zonas con restricción para la minería, principalmente áreas naturales protegidas. “La Reserva Forestal del Pacífico, considerada como una de las más grandes reservas de biodiversidad del mundo presenta las cifras más altas, pues una tercera parte de la EVOA en tierra nacional se encuentra en esta zona”, dice el informe y agrega que “la explotación de minerales es una de las principales causas directas de deforestación en Colombia. En este sentido, se tiene que el 68 % de la pérdida de coberturas vegetales de valor ambiental se presenta en áreas de explotación ilícita”.

Las áreas protegidas más afectadas fueron la Reserva Nacional Natural Puinawai y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Este último tuvo un incremento de 28 % respecto al 2018. Así mismo, los realizadores del reporte hacen un llamado de alerta a los parques Paramillo, Munchique, Serranía de los Churumbelos y Acandí Playón, pues se detectó explotación de oro a menos de 10 km de ellos.

Las comunidades étnicas suelen ser las más afectadas por la explotación ilegal de oro de aluvión en Colombia. Por ejemplo, se registraron 39 183 hectáreas afectadas dentro de los territorios de 77 consejos comunitarios de comunidades negras y solo el 13 % cuenta con permisos técnicos de explotación. Es decir, el 87 % son ilegales.

“Quiero reiterar nuestra preocupación por la participación de los grupos armados organizados en la explotación ilícita de oro, la cual nutre sus finanzas e influye sobre las comunidades más vulnerables, propiciando de manera simultánea delitos que amenazan la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente”, afirma Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia.

Y es que la explotación de oro de aluvión viene acompañada, en muchos casos, de otras actividades. En el 43 % de los territorios donde se hizo minería aluvial de oro se identificaron cultivos de coca y de los 10 municipios con más hectáreas de explotación de oro, ocho también tenían cultivos de coca a su alrededor. “Los territorios que presentan los dos fenómenos de ilegalidad se caracterizan por ser zonas vulnerables con condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia de grupos armados ilegales” dice el informe y resalta que solo en el 10 % de esos territorios “se han realizado acciones de control para ambos fenómenos”.

Si la explotación de oro de aluvión en tierra ya es preocupante, lo que sucede en el agua es bastante grave. Las EVOA en agua son más difíciles de identificar y hace varios años representaron uno de los retos metodológicos más grandes para el Ministerio de Minas, la UNODC y la embajada de Estados Unidos. Las imágenes satelitales mostraban balsas y dragas pero tuvieron que desarrollar una aproximación basada en percepción remota con herramientas más especializadas “para observar lo que a simple vista no se ve”, dice Rodríguez.

En 2018 monitorearon cinco ríos de las cuencas amazónica y orinocense y para 2019 ampliaron ese análisis a 10. En total se monitorearon 6800 km de los ríos Caquetá, Putumayo, Amazonas, Apaporis, Inírida, Puré, Atabapo, Cotuhé, Negro y Yarí en su paso por Colombia.

En seis de estos ríos se registraron alertas por explotación de oro en sus aguas, lo que conlleva a grandes riesgos por contaminación con mercurio y cianuro. De los 49 puntos críticos detectados en el informe, 22 están en el río Caquetá, 14 en el Apaporis y 4 en el Inírida. Algunas de esas alertas por explotación ilícita de oro en agua se encontraron dentro de los parques Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis, Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai.

¿Para qué sirve la información sobre explotación de oro de aluvión?

Con base en la información de explotación de minería de oro de aluvión, el equipo de la oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales Naturales de Colombia ha podido georreferenciar otro tipo de presiones como pistas ilegales o identificar las fuentes hídricas utilizadas para estos delitos.

La información del informe anual le ha permitido a Parques Nacionales analizar con detalle los ecosistemas afectados y elaborar informes de impactos ambientales que sirven como material probatorio en los procesos penales y operativos de control con la Fuerza Pública.

El mayor general Hernán Bustamente, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, dice que son varias las regiones del país donde la actividad minera ha mutado, pasando de la práctica de subsistencia a una delictiva, “sin técnica, contaminante, destructora de los recursos naturales y financiadora de grupos organizados al margen de la ley”.

Según Bustamante, con base en la información, durante 2020 se han ejecutado 1336 capturas, se han intervenido 3761 minas, destruido 290 máquinas pesadas e incautado otras herramientas como motobombas, motores y vehículos. “Esto ha generado una afectación económica a los criminales de aproximadamente 369 000 millones de pesos [más de 98 millones de dólares]”, afirma.

Aun así, el informe destaca la urgencia de seguir ejerciendo control en las zonas de actividad ilegal pues los esfuerzos aún no son suficientes. “Aunque tenemos la presentación anual de este informe, esto no quiere decir que los expertos se demoren 12 meses haciendo la detección. Esto se hace de una manera muy rápida con las herramientas tecnológicas y sistematizadas que se han desarrollado desde hace cuatro años. Esta información permite focalizar las estrategias de acción y llegar a posibles soluciones”, resalta Sandra Rodríguez, líder del área de Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales de la UNODC.

De acuerdo con Pierre Lapaque, representante de UNODC en Colombia, el país necesita el control de la Fuerza Pública pero también estrategias que garanticen fuentes alternativas de ingreso, así como la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, asegura que el gobierno nacional viene haciendo otros esfuerzos en la contención de la explotación ilícita de oro en Colombia. “El pasado 21 de julio presentamos en el Congreso el proyecto de ley 059 contra la explotación ilícita de minerales que busca fortalecer las herramientas jurídicas para atacar frontalmente toda la cadena de extracción ilícita, endureciendo las penas, sobre todo cuando se realiza en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos”.

Mesa asegura que toda la información del informe anual sobre explotación de oro de aluvión es entregada a la Fuerza Pública, las autoridades ambientales y a la Fiscalía. Según dice, el informe se ha constituido en la fuente oficial de seguimiento y cuantificación de la explotación ilícita de oro en Colombia y su información es fundamental para el diseño de políticas públicas en el país.

Fuente: Mongabay