Hoy, los habitantes de Pijao, en Quindío, acudirán a las urnas para votar en una consulta popular si permiten o no actividades mineras en su territorio. La antesala de la jornada electoral vaticina que el municipio le dará la espalda a la industria, pues en cada esquina hay un letrero que reza: ‘Vote no a la minería de metales, la montaña nos une’.

Al tiempo, Arbeláez, en Cundinamarca, tendrá su propia consulta. Allí, el ambiente también gira en torno a un no rotundo contra estos proyectos mineros en su zona.
Si se dan los resultados que se esperan tanto en suelo quindiano como en el cundinamarqués, la minería volvería a sufrir un duro revés. Entre el 2013 y el 2017 ha acumulado un resultado negativo de cinco derrotas en cinco consultas populares realizadas durante ese periodo.

El 28 de julio del 2013, el municipio de Piedras, en el Tolima, votó contra las actividades de minería en su territorio. Los resultados fueron avasalladores: el no ganó con el 98,8 por ciento, mientras que el sí obtuvo el 0,80.

Casi cinco meses después, el 15 de diciembre del 2013, Tauramena, en Casanare, siguió el ejemplo de Piedras y le dio la espalda a la minería. El porcentaje del no fue de 96,01 y el del sí, de 3,27.

Ya en el 2017, el 26 de febrero pasado, Cabrera, en Cundinamarca, votó contra los proyectos mineros: el no venció con un 97,28 por ciento y el sí solo alcanzó el 1,53 por ciento de los votos.

Cajamarca, municipio tolimense, fue el cuarto territorio en frenar la minería. El 26 de marzo, el no alcanzó 97,92 por ciento de votos, mientras que el sí obtuvo un 1,21 por ciento.

Finalmente, el pasado 4 de junio, Cumaral, en Meta, le bajó el dedo a la industria minera: el no venció con un 96,90 por ciento y el sí apenas llegó al 2,51 por ciento.
Vale la pena resaltar que en los municipios antioqueños de Jericó y Támesis se ha prohibido la minería mediante acuerdos municipales de los concejos.

Pero ¿por qué se está dando esta tendencia de votar contra la minería en el país?
Para Álvaro Pardo, director de un grupo investigador del colectivo Colombia Punto Medio y experto en minería e hidrocarburos, este fenómeno se debe a que las autoridades nacionales desconocen todo el desarrollo constitucional en torno al tema.

“La gente vota no a la minería porque su reclamo legítimo no tiene respaldo en el Gobierno Nacional, que desconoce los fallos de la Corte sobre un artículo del Código de Minas que declaró inexequible el año pasado, ya que dicha norma decía que los municipios y departamentos no pueden prohibir la minería y esa ley lo que estaba haciendo era desconocer la Constitución Política”, dice Pardo.

“Lo que ha hecho la gente es decir ‘bueno, si el Gobierno sigue tomando decisiones en mi territorio sin tenerme en cuenta, ignorando mi derecho a participar, vamos a parar la minería por la vía de las consultas o por la vía de los acuerdos municipales’ ”, agregó, al tiempo que dejó claro que las comunidades, cuando se habla directamente con ellas, “dicen que no quieren minería porque destruye el agua, los saca de sus fincas y cambia completamente su vocación”.

Para Mauricio Cabrera, coordinador de políticas en temas mineros de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), la tendencia a darle la espalda a la minería se debe a diferentes variables.

“Primero, que las comunidades rurales en el país tienen mucha más conexión con el medioambiente que la que tenemos los ciudadanos de los grandes centros urbanos. Segundo, el uso de los recursos naturales forma parte de un arraigo campesino y eso no se puede romper con una propuesta minera que, evidentemente, plantea una ruptura de esa relación. Y tercero, las relaciones de poder a través del conocimiento han cambiado: ahora las compañías no pueden llegar a decir mentiras o falsas verdades o verdades a medias porque fácilmente son detectados buscando en internet información”, manifestó Cabrera.

El experto de la WWF también resaltó la importancia de respetar los POT (Planes de Ordenamiento Territorial) de cada municipio, pues “para ser válidos requieren una concertación popular, organizar espacios de diálogo y debate, validarlo con la autoridad ambiental y, después de procesos muy largos, firmarlos”.

“El problema está en que mientras se está planeando el uso del suelo y el subsuelo, una persona anónima está entregando un título minero a una gran compañía sin información ambiental y cultural necesaria, afectando unos territorios”, complementó.

Pardo, por su parte, acotó que el tema de que la minería apoya a la economía “no es tan cierto”: “La minería es apenas el 1,9 por ciento del PIB, o sea que no es un sector tan significativo. En cuanto a empleo, el Dane informa que esta industria genera 175.000 empleos formales. Lo que hacen el Gobierno y las empresas mineras es incrementar unos números para mostrarnos que son importantes, pero cuando uno se va a las cifras reales, esa importancia no es tan grande”.

Asimismo, Pardo reconoció que, desde su colectividad, la propuesta que hacen es la de una minería esencial o necesaria, como la de arcilla o cobre, y no las de carbón u oro, que “dejan pasivos gigantescos, contribuyen al cambio climático y, en el caso del oro, es principalmente especulación en el mercado internacional”.

“Lo que se requiere es una minería para el desarrollo de la economía. Una al servicio de la industria colombiana y lo que los colombianos necesitemos. En lugar de entregar títulos mineros sin pensarlo bien, miremos lo que necesitamos y explotemos las áreas donde se pueda hacer”, reconoció.

Próximas consultas

Además de Pijao y Arbeláez, ya está programada Pasca, en Cundinamarca. Será el 6 de agosto, con un potencial electoral de 7.686 y un umbral ganador de 2.562.
La próxima semana se anunciarán otras en el sur del Tolima y en el suroeste antioqueño.

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