La economía ilegal en la región, principalmente la de la minería aurífera en la Amazonía, ha alcanzado tal magnitud que su existencia y pujanza sólo puede ser explicada por un alto nivel de complicidad por parte de los Estados, advirtieron dos investigadores de Venezuela y Brasil. En Bolivia, la minería ilegal del oro ha cobrado notoriedad en los últimos años y avanza acompañada por la permisividad de la administración pública.

En un conversatorio en línea organizado por la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, el sociólogo e investigador venezolano Emiliano Terán apuntó como una de las causas del crecimiento de la economía ilegal del oro el auge de la corrupción política. Se ha alcanzado —subrayó— preocupantes “niveles de permisividad y articulación entre estas redes ilícitas y las esferas estatales”.

Latinoamérica ha estado históricamente vinculada a procesos de extractivismo. Los negocios ilícitos, por supuesto, no sólo ocurre en el sector aurífero, que después de la pandemia ha cobrado realce, sino también en el tráfico de especies silvestres, de madera, de droga, entre otros.

En Bolivia, el oro metálico se ha convertido en el principal producto de exportación, por encima incluso de los hidrocarburos. En 2022, el país exportó 3.003 millones de dólares en oro metálico de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra nunca antes vista desde que se tiene registro. Las exportaciones de gas llegaron sólo a 2.973 millones.

El 99 por ciento de la producción de oro en el país corresponde a las cooperativas mineras auríferas, la mayor parte de éstas emplazadas en el norte de La Paz, según datos del Ministerio de Minería. Estos grupos operan, en muchos casos, al margen de la ley, violando normas ambientales, no pagan impuestos y negocian el saqueo del oro boliviano por parte de empresas chinas a través de acuerdos ilegales.

Terán exhibió un estudio de 2016 titulado “El nexo de la minería ilegal del oro y el tráfico de personas”, según el cual el 31 por ciento del oro producido entonces en Bolivia tenía fuentes ilegales. En Venezuela, la situación era más preocupante, pues el 91 por ciento de su oro era ilegal. En Colombia, el 80 por ciento; en Ecuador, el 77 por ciento, y en Perú, el 28 por ciento.

El vertiginoso crecimiento de la minería aurífera en la Amazonía ha provocado la deforestación del bosque tropical más grande del mundo.

“Tales niveles de dimensión de extracción difícilmente pueden pasar invisibles a la vista del Estado. ¿Qué niveles de articulación podríamos mencionar allí?”, cuestionó Terán.

Para la docente e investigadora brasileña Silvia Adoue, las actividades ilegales no sólo las realizan grupos criminales, sino, en muchos casos, organismos públicos que cometen delitos.

Mencionó que entre 2015 y 2020 se extrajeron 200 toneladas de oro ilegal de la Amazonía brasileña y que tan sólo en 2022, con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro a la llamada “minería a pequeña escala”, la minería ilegal creció en un 54 por ciento.

En Bolivia también se han promovido políticas públicas en favor del cooperativismo minero aurífero que, en alianza con empresas privadas extranjeras, operan a gran escala. Entre estas políticas está la posibilidad de permitir estas operaciones en áreas protegidas, así como el cobro de un impuesto único de 4,8 por ciento (que aún no ha entrado en vigencia), mucho más bajo a lo que paga el sector privado (encima del 25 por ciento).

Terán alertó que estas alianzas ocurren tanto en gobiernos considerados de derecha como en aquellos que se denominan de izquierda “con patrones comunes”.

“Estamos viendo una composición estatal profundamente corrompida por poderes que se están haciendo cada vez más determinantes” en poderío económico, influencia política, y fuerza violenta. “Esto nos pone ante un escenario de hibridación de gobernanza territorial bastante turbia, ya que estos grupos terminan convirtiéndose en ‘Gobiernos locales’”, dijo el investigador.

Adoue recordó que las acciones ilícitas no empiezan y terminan en los grupos mineros, sino que continúan a través de los comercializadores y los compradores finales, entre los que figuran refinadoras extranjeras y bancos centrales.

Dijo que, en Brasil, la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) amplió sus negocios del narcotráfico a la minería aurífera, encargándose de que los trabajadores cumplan el cupo de producción exigido por el inversionista.

En toda la región

La economía ilegal opera a nivel internacional, advirtió Terán.

En tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que existe contrabando del oro peruano ilegal al país. En 2020 se importó 11,4 toneladas de oro, de las cuales 11,3 toneladas fueron por vías ilegales.

Al ser éste un fenómeno que involucra a varios países, Terán señala que la solución debe tener un alcance internacional en coordinación con los países afectados por estos males.

Asimismo, las políticas que se basan en la punitividad, como ocurre con “la guerra contra las drogas”, no siempre llevan a buenos resultados. Terán dijo que se deben ver las causas del problema, como el desempleo o el subempleo, característico de los países de la región.

Asimismo, se debe apostar por educar a las nuevas generaciones y considerar otras formas de beneficiarse de los productos de la Amazonía con una mayor sostenibilidad.

El país recibió 2,3% de la venta del oro

La exportación de oro en 2022 llegó a 3.003 millones de dólares; sin embargo, las regalías que pagaron los cooperativistas mineros llegó apenas a 70 millones de dólares. Esto ha sido calificado como un saqueo por el analista Héctor Córdova.

Publicado en: Los Tiempos