Desde finales del año pasado Colombia ha iniciado un delicado proceso de transición post conflicto que se inició con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Bogotá.

Parte de las discusiones que precedieron a la firma de la paz y que hoy son parte del acuerdo final es la política de tierras que, en adelante, se aplicará en Colombia. Es así que el Estado colombiano ha dispuesto la creación de un banco de tierras que centralice los territorios antes ocupados por las FARC para fines ilícitos. Estos territorios serán redistribuidos conforme lo dispone la política de reparaciones que ha entrado en vigor. En términos de reparación para las víctimas del conflicto armado este es un paso reivindicatorio importante, así como el fin de décadas de tensión sobre el uso de la tierra en Colombia.

Sin embargo, muchos de estos territorios se encuentran en regiones ricas en recursos minerales y, a pesar de que el Estado se ha prometido desplegar esfuerzos para desarrollar una agricultura de calidad que dinamice estas regiones, corren peligro de caer -nuevamente- en garras de otros grupos criminales que retomen las actividades ilícitas. Hablamos de los protagonistas de la denominada “minería criminal”, grupos ligados a las guerrillas o el narcotráfico y que se dedican a la extracción de minerales trayendo consigo, contaminación, violencia, tráfico de personas y comercialización de drogas. Este tipo de actividad llega a concentrar el 80% de la producción de oro del país y su rentabilidad iguala a otras actividades ilícitas como el narcotráfico. En total, se calcula que 220 municipios en 25 departamentos tienen presencia de esta minería informal con vínculos directos con mafias criminales.

La minería ilegal o criminal es apenas una de las tres categorías mediante las cuales el gobierno de Colombia divide a la actividad minera informal en el país.

La minería ancestral o tradicional se desarrolla en la mayor parte de los casos sin los permisos legales necesarios. Este tipo de minería se encuentra ligada profundamente a la subsistencia de comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en departamentos en recursos como el Chocó y la Guainía. Su participación en el total de la producción informal es relativamente mínima y muchas veces estas mismas comunidades terminan lidiando con los pasivos ambientales y de violencia que deja la minería criminal tras de sí.

Un segundo tipo de minería es la minería informal o de pequeña escala no mecanizada. De características similares a la minería tradicional, también se le puede considerar una minería de subsistencia, que emplea a migrantes rurales empobrecidos y trabaja con bajos niveles de mecanización y de productividad.

La minería ilegal, vinculada a mafias criminales, también explota a migrantes rurales empobrecidos, pero accede a mayores capitales, trabaja con maquinaria pesada y logra productividad y ganancias más altas.

En sus distintas modalidades, los retos que impone la minería informal tras los acuerdos de paz implican un esfuerzo conjunto de distintos niveles de gobierno. Desde el empresariado minero formal (Asociación Colombiana de Minería) y desde el estado (la Agencia Nacional de Minería de Colombia) se ha propuesto concesionar esos territorios a la gran minería legal y formal, de modo que esos recursos sean explotados por compañías que cumplen con los más altos niveles de seguridad y tributan formalmente al estado.

Sin embargo, diversas poblaciones y autoridades ya han alzado su voz en contra de esta apuesta por la gran minería en los territorios pacificados. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional de Colombia ya les ha dado la razón a estas jurisdicciones con una serie de fallos que privilegian el poder de decisión de los gobiernos subnacionales en temas de ordenamiento territorial, y la necesidad que estas decisiones sean tomadas de manera participativa. Es claro que una salida unilateral al problema que imponga desde el gobierno central la presencia de la gran minería en esos territorios terminaría provocando un incremento de los conflictos sociales en los territorios que se acaban de librar de la guerra.

Desde otros sectores, como la academia y la sociedad civil, se comparte la preocupación por el potencial impacto negativo de una imposición de la gran minería desde el gobierno central y se propone la creación de más espacios de diálogo donde participen las empresas, las comunidades y el Estado. La creación de mecanismos de participación ciudadana, así como instrumentos de capacitación sobre los impactos de la actividad minera formal e informal resultan componentes esenciales para este tipo de diálogo. De la misma manera, se plantea que procesos firmes de descentralización que permitan a las jurisdicciones locales realizar un ordenamiento territorial de acuerdo a sus propios objetivos de desarrollo, también podrían prevenir el conflicto social.

Finalmente, es importante resaltar siempre que la firma de la paz con las FARC no significa el fin de la violencia ni de la violación de derechos humanos en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue actuando en el territorio y se enfrenta a las mismas Fuerzas Armadas que enfrentaron a las FARC. Asimismo, el yugo del narcotráfico aún golpea a distintas zonas del país.

Tomar decisiones sobre la presencia y el rol de qué tipo de minería en las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado con las FARC es crucial para la paz y la vigencia de los derechos humanos en esos territorios.

En este marco, el pasado diciembre del 2016 la OCDE presentó una Guía de Diligencia Debida para el manejo responsable de cadenas de suministro en zonas afectadas por conflictos. De esta manera, se busca prevenir el ingreso a los países miembros de la OCDE de oro producto de violaciones de actividades ilegales y criminales y en las que se violen derechos humanos.

Pero, naturalmente, se requiere de una respuesta mucho más compleja, que incluya la reconversión productiva y/o el reasentamiento territorial de los productores y los trabajadores de esta minería, el control de la provisión de insumos que vienen en muchos casos de las empresas formales de otros sectores de la economía (maquinaria pesada, precursores químicos, servicios financieros, canales de exportación, etc.), y el fortalecimiento de las agencias públicas encargadas de estas actividades en todos los niveles de gobierno.
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