Cuando en el 2012 el Gobierno se puso firme en la lucha contra la minería ilegal, los acopiadores de oro debieron buscar nuevas rutas y mecanismos para la comercialización del metal precioso. Así, una nueva vía ilegal cobraba forma y esta tenía como centro de acopio Ecuador, en la frontera norte del país.

La presencia de mineros informales ecuatorianos en zona de frontera ya había sido alertada por las autoridades locales desde hacía años atrás; las intervenciones el Ministerio Público y Policía, repetidas desde entonces, daban cuenta de que el problema no se había solucionado.

ATENDER.- La fiscal coordinadora de las Fiscalías de Medio Ambiente, Flor de María Vega Zapata, opinó que este es un frente que se tiene que atender de inmediato en la lucha contra la minería ilegal.

Amazonas es la zona donde los extractores ilegales ecuatorianos se han establecido en gran parte, sus operaciones fueron denunciadas en el 2015 con las intervenciones de las Dirección de Energía y Minas en ese departamento, así como del propio Ministerio Público e inclusive, del Gobierno Regional de Amazonas.

La dimensión del problema se evidencia, por ejemplo, en la discrepancia que se comenzó a notar entre el oro extraído formalmente en Ecuador y el exportado, que fue de US$949 millones (fuente: gobierno del Ecuador) en el período 2012-2014.

En el 2015, por ejemplo, informes periodísticos daban cuenta de la existencia de túneles que iban desde el pueblo ecuatoriano La Herradura, hasta el puesto fronterizo de El Tambo y por donde extraían el mineral sacado en Perú. En ese entonces, se estimó que eran por lo menos 150 los puntos de retiro del mineral en territorio peruano y que estaban a cargo de informales ecuatorianos.

PRECISIONES. La fiscal Vega Zapata, comentó a Correo en Arequipa, durante el Taller Especializado en Delitos de Contaminación Ambiental y Minería Ilegal que se efectúa en la ciudad, que la exportación de oro de Bolivia al mundo aumentó en 500% y que similar comportamiento estaría ocurriendo ahora en Ecuador por los yacimientos informales que se han abierto en Amazonas y otras locaciones de Piura y Cajamarca.

Indicó que en el 2016 identificaron 100 bocaminas en la zona de frontera Perú – Ecuador.

Al igual que en el resto del país, la erradicación de estos operadores resulta difícil, por la falta de control en las labores que son ocupadas una y otra vez, pese a los operativos e interdicciones.

“Destruimos, por ejemplo, motores de 160 mil soles que son repuestos inmediatamente por los mineros, porque esta actividad deja mucho dinero”, expresó la fiscal, para agregar que, con la ampliación del plazo para la formalización minera, el problema, lejos de corregirse, se agrava, pues se trata, en el caso de los informales peruanos, de sujetos con un compromiso de formalización y sometidos a un procedimiento menos riguroso que el anterior (DL_1105).

Sobre este asunto, la Coordinadora Nacional de Fiscalías de Medio Ambiente planteó alternativas a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, para que sean canalizadas a las instancias pertinentes.

“La finalidad es conseguir que el Ministerio de Energía y Minas no sea tan laxo en el control a los informales”, indicó Flor de María Vega.

ESTRATEGIAS. La coordinadora tiene a su cargo 151 fiscales especializados en defensa del medio ambiente, los que operan desde 51 fiscalías especializadas y 10 de prevención del delito con competencia en temas ambientales. Con los 61 despachos se pretende erradicar las actividades en las que están involucrados al menos 533 mil mineros informales (según estimaciones de especialistas) en el país.

“Tenemos dos frentes de trabajos, están las zonas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento y en todos los casos practicamos operativos”, señaló la representante del Ministerio Público.

Algunos de los puntos centrales en esta lucha son Ananea en Puno, Madre de Dios (Tambopata) Amazonas y Condorcanqui en Amazonas. No obstante, comienzan a surgir nuevos frentes en Trujillo y en Lima, en esta última región, para el caso de minería no metálica.

Los resultados son lentos, pero progresivos, sostuvo la fiscal y puso como ejemplo la sentencia de ocho años de prisión efectiva impuesta a dos mineros ilegales acusados por depredar la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios.

Por este delito, la pena máxima es de 8 años.

Hace unos meses, esta Fiscalía hizo requerimientos logísticos de importancia el Ejecutivo para poder ejercer mejor el trabajo de los 151 fiscales.

Requerían por lo menos tres embarcaciones para llegar a las zonas de Pucallpa, Loreto y Madre de Dios que son las zonas más afectadas, además de otro material logístico para el traslado de los representantes de los representantes del Ministerio Público en las zonas de interdicción.
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/ecuador-la-nueva-ruta-del-oro-i…