Para referirse al Cerro Rico de Potosí y su situación actual se requiere de una mirada histórica y objetiva que permita valorar los pros y contras que conlleva su actual detrimento y sus eventuales soluciones.

Las demandas de atención al deterioro del milenario yacimiento no resultan novedosas. Estas cobraron mayor relevancia en los tres últimos lustros, sin que hasta el momento se haya dado una atención efectiva, con el debido respaldo técnico y económico, de parte del Estado y los operadores mineros asentados en el Cerro. Atender el tema resulta complejo por los diversos componentes que implica, entre ellos, los factores, sociales, técnicos y económicos.

Este yacimiento de plata empezó una explotación sostenida a partir de 1545, actividad que se extiende hasta nuestros días. La explotación de los españoles fue sustituida por la de capitales ingleses en la República y posteriormente estuvo en manos de Mauricio Hochschild, con la Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí, que optó por la explotación de estaño. Posterior a la nacionalización de las minas en 1952, la totalidad del Cerro Rico pasó a administración de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que prosiguió con la explotación de estaño a través de la Empresa Minera Unificada, que desde ese año administró las bocaminas, colas, escorias, desmontes, pallacos, relaves y terrenos aledaños al milenario yacimiento. A estas actividades se sumaron el Banco Minero de Bolivia, algunos mineros chicos y los cooperativistas mineros que, con el tiempo, fueron proliferando a consecuencia de las crisis económicas, como la gran depresión (1929-1930) y la relocalización a consecuencia del Decreto Supremo 21060 de 1985 que arrojaron a las calles a miles de trabajadores mineros que, forzados por su necesidad, se organizaron en cooperativas mineras.

Apuntes elaborados por el Ingeniero Alfredo Gutiérrez Bernal estiman que la producción de plata entre 1550 y 1799 fue de 706.345.574 Onzas Troy (O.T.). Considerando este volumen con la cotización actual de la plata ($US 24 por O.T.) representaría 16.952 millones de dólares.

A partir de 1985, a consecuencia de la caída del precio del estaño, el objetivo de los mineros asentados en el Cerro reemplazó al estaño por los sulfuros de zinc-plata-plomo. A esta faena se sumaron la Compañía Minera Concepción (COMCO) —subsidiaria de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada— y la Planta Hidrometalúrgica Potosí, bajo dominio estatal; ambas procesando plata metálica.

Durante este nuevo auge, el Cerro Rico fue declarado Monumento Nacional el 9 de noviembre de 1990, mediante la Ley 1179. Esta declaración comprendía la cumbre, el cerro menor Huayna Potosí, la capilla del minero, los socavones explotados durante la Colonia y el socavón del Rey.

Como sorna, en 1997, a través del Código Minero (Ley 1777) Gonzalo Sánchez de Lozada reglamentó las actividades mineras del Cerro Rico, obviamente, con excepción de las actividades mineras preexistentes, entre ellas las de COMCO. La Ley 1777 estableció en el inciso c) del artículo 44, que: “…con excepción de las actividades mineras preexistentes a la vigencia del Código, las cuales estarán sujetas a reglamentación especial, el concesionario minero no podrá realizar actividades mineras de exploración y explotación en la vecindad de los monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta una distancia de mil metros”.

La norma recién sería reglamentada en el gobierno de Carlos Mesa, en octubre de 2004, a través del Reglamento Especial para las Actividades Mineras en el Cerro Rico de Potosí, preexistentes a la fecha de vigencia de la Ley 1777. El decreto reglamentario estableció una zona de seguridad desde la cota 4.700 hasta la cima del cerro de Potosí, en los cuales no se podrá efectuar labores de explotación minera superficial.

También estableció que entre la cota 4.400 y 4.700 solo podrá realizarse labores de exploración, evaluación, explotación y remoción de desmontes, pallacos y sucus sin afectar la roca dura, excepto en lo que sea estrictamente necesario para la habilitación de caminos de acceso y obras civiles menores autorizadas por la COMIBOL. Por debajo de la cota 4.400 se podría realizar labores de exploración, evaluación, explotación y remoción de desmontes en general, así como de pallacos, sin afectar la roca dura.

La medida resultaba tardía puesto que, para el año 2004, el asentamiento de cooperativas en el Cerro Rico se había masificado como efecto del nuevo ciclo de precios altos de los minerales.

La actividad minería se intensificó aún más el año 2008 con el inicio de operaciones del proyecto San Bartolomé, a cargo de la transnacional Coeur D’Alene Mining, que inicialmente trabajó los sucos y pallacos de siete cooperativas mineras y concesiones de la COMIBOL. Diez años después, en 2018, la Coeur Mining cedió el 100% de sus acciones a la empresa Ag-Mining Investments AB. Finalmente, de forma sorpresiva, el pasado año la Ag-Mining vendió sus intereses en el Cerro a la Andean Precious Metals Corp.

Para Bolivia y su minería los contextos de precios altos tienen dos caras. La positiva se traduce en el impulso de las economías locales y nacionales, además del incremento de fuentes de empleo, aunque la mayoría en condiciones precarias. La cara negativa es la proliferación de conflictos sociales, ambientales por la disputa de yacimientos y la renta que generan, ante la mirada pasiva de las autoridades que carecen de respuestas consensuadas, reales a corto, mediano y largo plazo, y el mejor ejemplo de esto es el problema que se vive en el Cerro Rico.

La cotización de la plata en el mercado internacional registra un promedio de $US 24 la O.T., principal factor que motiva el incremento de operaciones mineras en el Cerro Rico. Se estima que la plata del Cerro Rico tiene una ley de 250 gramos por tonelada, que promueve una mayor atracción hacia sus socavones.

La modalidad de trabajo que se tiene en el Cerro Rico continúa siendo precaria y en la mayoría de los casos, como los que se tuvo en la Colonia e inicio de la República, esto permite que los costos de operación sean bajos, otro factor que motiva la masificación de la mano de obra.

Según la investigadora de Minning Wath, Kirsten Francescone, entre 1988 a 2020, 23.457.694 toneladas de mineral fueron procesados del Cerro Rico por los diferentes operadores asentados en este yacimiento.

Actualmente, el Cerro Rico alberga a 51 cooperativas mineras, de las cuales 17 operan en más de 20 bocaminas sobre la cota 4.400; y las operaciones de la empresa Manquiri, en su proyecto San Bartolomé.

No se pueden establecer datos oficiales de la gente que trabaja al interior del Cerro y en superficie, debido a que algunas cooperativas no accedieron al censo realizado el año 2008 por el proyecto de Apoyo a la Pequeña Minería (APEMIN). Según estimaciones de COMIBOL, hechas el 2010 entre socios y empleados de las cooperativas, se calculaba un promedio de 21.000 mineros en el Cerro Rico.

Como lo mencionamos, los conflictos sobre los hundimientos en el Cerro Rico no son recientes; en 2009 el ministerio de Minería informó de 138 hundimientos y más de 600 bocaminas. Hoy, según la COMIBOL, la zona presentaría solo 14 áreas de hundimiento y prefiere llamarlos “ensanchamientos”. Algo que nadie señala en este tema es que los hundimientos resultan rentables para los operadores mineros, porque así ahorran costos en labores que implican voladuras y remover el yacimiento; cuando esto sucede, solo se limitan a recoger la carga mineralizada desprendida.

En 2014 el título de Patrimonio Mundial del Cerro Rico ingresó en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro debido a la desmedida actividad minera que podría “degradar el sitio”, según informó la UNESCO. Este hecho obligó al gobierno de Evo Morales a pensar en propuestas para controlar los hundimientos y el deterioro del Cerro Rico. Las propuestas para salvar el Cerro coincidieron en fortificar sus columnas, rellenar los hundimientos, paralizar las actividades por encima de la cota 4.400 y reubicar a los mineros cooperativistas.

En junio de 2014 la Comisión de Defensa y Preservación de Áreas Históricas de Potosí determinó utilizar el relleno seco para preservar la estabilidad del Cerro Rico. Este trabajo se dividió en dos fases. La primera inició en 2015 y consistió en el proyecto de relleno seco del hundimiento del Cerro Rico a través del vaciado de 25.000 metros cúbicos de carga, equivalentes a 50.000 toneladas del desmonte denominado “Pailaviri”. Esta primera etapa demandó un presupuesto de 3,6 millones de bolivianos. La segunda fase se desarrolló en 2016 y fue encargada a la empresa Musuj Orcko, por un monto de 1,6 millones de bolivianos.

Evaluadas ambas fases, concluimos que resultaron insuficientes para frenar el descalabro del Cerro, que este año reportó un incremento de su deterioro.

Presionado por el avance en los nuevos hundimientos, en mayo de este año, el gobierno boliviano presentó un nuevo proyecto para preservar el Cerro Rico de Potosí que requiere de 20 millones de dólares. En versión de la COMIBOL, ya invirtió 12 millones de bolivianos en labores de contención ante los hundimientos, ¿serán suficientes estos montos para paralizar los constantes hundimientos en el Cerro Rico y salvar su patrimonio? A esto debe sumarse el presupuesto que implica cumplir el compromiso de reubicar a los cooperativistas que operan por encima de la cota 4.400, en yacimientos que deben ser prospectados y explorados para agrado de los cuentapropistas.

La economía cotidiana del municipio de Potosí —ante la caída del turismo— tiene como motor primordial a la minería que el año 2020 generó 23 millones de bolivianos por concepto de regalías mineras ¿En qué se invirtió ese monto desde la alcaldía potosina?

En el corto y mediano plazo, Potosí está condenado a la actividad minera debido a que no hubo un potenciamiento de sus otras vocaciones productivas y que, en las últimas dos décadas, apuntaron a la proliferación de la minería cooperativizada como opción de subsistencia ante la falta de fuentes de empleo e ingresos económicos.

Potosí continúa viendo de palco el saqueo de su riqueza y la especulación de sus recursos naturales no renovables. El potencial minero de este departamento y el auge de precios de los minerales no le permitieron superar sus condiciones de pobreza. Según un análisis realizado por el CEDLA, el 68% de la población potosina era pobre multidimensional en 2019.

Hay varios motivos para insistir en la preservación del Cerro Rico, entre ellos, se pueden mencionar: su valor excepcional, por ser un patrimonio cultural de la humanidad; el riesgo de perder este título, porque la actividad minera del Cerro es el motor de la economía cotidiana de la ciudad de Potosí; y, sobre todo, por precautelar la vida de miles de mineros cooperativistas que trabajan día a día en este yacimiento histórico.

La actividad minera intensa en el Cerro Rico se constituye, evidentemente, en una amenaza contra su estabilidad, pero al solicitar la paralización de actividades mineras afectamos al derecho humano de acceso al trabajo y la supervivencia de los mineros cooperativistas. El tema debe ser analizado objetivamente y encontrar un equilibrio para lograr una convivencia y cumplimiento de leyes ambientales, patrimoniales y el derecho al trabajo.

La riqueza del Cerro Rico no sirvió para mejorar la calidad de vida de los potosinos; la riqueza del Sumaj Orcko solo fue beneficio para pocos. La riqueza del Cerro vale más que los minerales de sus entrañas, la riqueza del Cerro ¡vale un Potosí!

Alfredo Zaconeta Torrico es investigador el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA