La denuncia la hacen los congresistas Bob Menéndez, Tim Kaine, Ben Cardin, Marco Rubio y Ted Cruz

La resolución acusa al gobierno de Maduro de “facilitar directa e indirectamente” la minería ilegal, provocando “abusos de los derechos humanos, destrucción de la trama social indígena, deforestación, pérdida de hábitat, degradación ambiental y un aumento de casos de malaria y otras enfermedades en Venezuela”.

Por eso, pide una mejor coordinación regional e internacional entre gobierno e industria para mitigar los riesgos que emanan de Venezuela, y alienta a promover prácticas mineras “legales, reglamentadas y sostenibles” en ese país, así como en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, donde reconoce los esfuerzos para combatir este flagelo.

Según datos citados en la resolución, Venezuela encabeza las prácticas mineras ilícitas en Latinoamérica, con 90 % del oro extraído en el país de manera ilegal, seguido de Colombia y Ecuador, con un 80 %; y Bolivia y Perú, con un 30 %.

El texto advierte que el flujo de todo el oro producido dentro de Venezuela, que se estima en un total de 75 toneladas anuales, con un valor de mercado de más 4.000 millones de dólares, puede contribuir a financiar grupos armados paraestatales, corrupción y lavado de activos, entre otros delitos.

En Venezuela, la minería ilícita se concentra en la región del Arco Minero del Orinoco, el Parque Nacional Yapacana y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, donde viven comunidades indígenas de 17 grupos étnicos.

Más de 500,000 personas están involucradas en operaciones mineras en Venezuela, de los cuales un 45 % son menores de edad y la mayoría son indígenas forzados a trabajar y amenazados con violencia, según cifras del CSIS, un centro de estudios con sede en Washington.

Publicado en: RIMAYPAMPA