La salida del gigante japonés Sumitomo de Bolivia representa un daño a la imagen del país, sin embargo, también es una muestra más de que el Gobierno apuesta por la minería cooperativista, caracterizada por ser informal y evasora de impuestos, antes que por la minería privada, que reporta un mayor cumplimiento de la norma, señalan dos analistas en minería.

A principios de esta semana se conoció que Sumitomo Corporation, que operaba en el departamento de Potosí a través de su subsidiaria Minera San Cristóbal S.A., vendió el total de sus acciones a una compañía con sede en Canadá llamada San Cristóbal Mining Inc. (SCM).

La subsidiaria ahora transferida operaba con un capital de 132 millones de dólares, tenía un activo neto de 408 millones y un activo total de 921 millones.

Según el analista en minería Héctor Córdova, al igual que con otras grandes empresas mineras que dejaron el país, esta nueva salida daña la reputación de Bolivia como un país que ofrezca seguridad a la inversión privada.

“Es un mensaje de las grandes empresas de que ya no se pueden arriesgar en el país”, acotó Córdova.

El investigador especializado en minería del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta manifestó que ésta es una consecuencia de la dirección que tomó el país con el MAS en los últimos años: fomentar la minera cooperativista en lugar de la estatal y la privada, las cuales están en decadencia. Así, de 10 empleos en la minería, nueve están en manos de las cooperativas.

“¿Qué tipo de minería queremos en el país?”, cuestionó Zaconeta. La cooperativa se ha caracterizado por vulnerar y manipular las leyes. Las privadas se muestran más proclives a cumplir las normas, pero en su historial también figuran denuncias de corrupción.

Los Tiempos buscó la postura del Gobierno respecto a esta transferencia, así como datos sobre la misma, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Decisión estratégica

Sumitomo se limitó a señalar, en un comunicado oficial, que la mina que produce plata, zinc y plomo fue transferida “como parte de una revisión estratégica a la luz de los cambios en su cartera de negocios”.

Córdova coincidió con Zaconerta en que en el fondo se ve que la razón fueron los riesgos en Bolivia, como la inseguridad jurídica, los avasallamientos y la posibilidad de que se cambien las reglas del juego (leyes) en cualquier momento.

¿Qué ocurre con 1.400 empleados?

Con la transferencia de acciones de la mina San Cristobal a una empresa canadiense, se desconoce la suerte que correrán al rededor de 1.400 empleados que trabajan para Sumitomo.

El investigador en temas mineros Alfredo Zaconeta convocó al Gobierno a cerciorarse de que los derechos laborales de estos trabajadores sean respetados.

Asimismo, recordó que se debe informar en qué quedarán las inversiones pendientes en San Cristóbal, así como cuántos recursos comerciales quedan.

Publicado en: Los Tiempos