El reglamento fue aprobado mediante la resolución de directorio  001/2022 del 31 de enero de este año.

“Este instrumento normativo debe ser inicialmente dirigido únicamente a las empresas comercializadoras de oro, ya que incluir a las cooperativas conllevaría a una problemática social que no permitirá su vigencia o aprobación, como es el caso del RIS por Senarecom mediante resolución de directorio 2018”, advierte en  la parte considerativa el nuevo reglamento.

Esto con base en el informe técnico UCCI/INF/120/2021 de 9 de noviembre de 2021, que señala que el Senarecom necesita contar con un instrumento normativo que le permita establecer infracciones y aplicar sanciones en la fase de comercialización del oro, por los altos volúmenes comercializados en los últimos años.

La resolución 001/2022 también hace mención al informe legal ULE/INF/No 467/2021, el cual se refiere de la aprobación de un RIS el 23 de noviembre de 2018. Este reglamento, que consistía en la publicación en un medio de circulación nacional, se dejó sin efecto.

“Existió susceptibilidad por parte de la reacción de las cooperativas, por lo que se paralizó dicha publicación hasta la fecha (enero 2022)”, subraya el informe legal.

Tampoco se pudo avanzar en esto en 2019-2020. “Ahora el reglamento sólo alcanzará a las empresas comercializadoras de oro y no alcanza a los actores productivos mineros como son las cooperativas, ni a sus socios ni a sus no asociados”, aclara la resolución.

Este reglamento incluye sanciones leves y graves, como por ejemplo errores en el llenado de formularios, no tener balanzas  calibradas por Ibmetro, no pagar la regalía minera en el porcentaje que corresponda o mentir  en la declaración jurada.

Este último incluso puede derivar en un proceso penal, fuera de la sanción.

El investigador del Cedla  Alfredo Zaconeta observó que la resolución sólo concentra las sanciones en los comercializadores, omitiendo deliberadamente las infracciones de los operadores mineros, como los cooperativistas, que detentan el 94% de la producción nacional a 2020 y también a los intermediarios dentro de la comercialización.

Añadió que la misma sólo es un paliativo para combatir los diferentes problemas que atraviesa el oro, desde la otorgación de licencias,  explotación, comercialización y exportación.

“Lo que se requiere es una Ley Integral del Oro, que afronte toda su problemática. Llama la atención que esta resolución de infracciones y sanciones ya estaba lista desde noviembre de 2018, sin embargo, las autoridades de turno incurrieron en el incumplimiento de deberes al no publicarla y ponerla en vigencia, por el temor de un conflicto con el sector cooperativo minero, que por entonces (2018) dominaba el 99% de la producción nacional de oro”, manifestó.

La exclusión de las cooperativas del RIS respondería a que el Senarecom regula principalmente a las empresas dedicadas a la comercialización de minerales, mientras que la producción se encuentra bajo control de otras entidades.

La presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, Cecilia Requena, opinó que es preocupante la debilidad del Estado para ejercer sus funciones de garantía del Estado de Derecho y cumplimiento de la ley en el país.

Según la senadora de Comunidad Ciudadana, es innegable el poder de presión de un sector que se refuerza por la falta de opciones de trabajo en el país y que podría ser una respuesta adecuada si es debidamente conducida y controlada.

“Que la documentación inicial del reglamento excluya explícitamente a las cooperativas de la aplicación de esta norma (aunque no el texto del reglamento) por razones de presión social demuestra y refuerza una situación que se ha descontrolado hace rato”, observó.

Agregó que esta situación  amenaza con generar más conflictos graves, explotación y exportación ilegal,  saqueo de recursos no renovables,  abuso contra comunidades locales, envenenamiento de agua y poblaciones con mercurio  y más devastación ambiental con graves consecuencias colectivas, muchas irreversibles.

En 2020 se retuvo la exportación de 331 kilos de oro al ciudadano indio Amit Dixit, que posteriormente salió del país. En el sector se dice que por falta del RIS no se pudo aplicar  sanciones más fuertes.