Históricamente, y por lo general, la minería en Bolivia ha dejado contaminación ambiental, enfermedad y pobreza en aquellos lugares donde se la ha implementado. Las cuantiosas riquezas de la tierra, una vez extraídas, beneficiaron a foráneos o lugareños que, sin embargo, no invirtieron las ganancias en las zonas de explotación.

Hoy en día, ésta sigue siendo la tendencia, coincidieron distintas fuentes relacionadas con la temática desde distintos ámbitos en un conversatorio organizado por siete organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Los expositores coincidieron en que la minería irresponsable, que es la que se realiza en gran parte del territorio boliviano, destruye el medioambiente y deja pocos beneficios para el país debido a las bajas regalías establecidas en la norma, impuestos que no alcanzan para aplicar una remediación ambiental.

En este conversatorio, el analista en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdoba, explicó que actualmente los actores mineros que más contaminan, y que menos reglas cumplen, son las cooperativas mineras.

Las organizaciones que las representan han señalado en reiteradas oportunidades que entre los requisitos para pertenecer a las federaciones de cooperativistas deben tener su licencia ambiental otorgada por el Gobierno central. Sin embargo, también han reconocido que hay un largo camino para alcanzar una minería responsable.

Según Córdoba, apenas un 15 por ciento de las cooperativas mineras que operan en el país tienen una licencia ambiental. La mayoría de éstas, además, son agrupaciones espontáneas de comunarios que no tienen experiencia en mitigación del impacto a la naturaleza y a su propia salud.

Esto se ha constatado en la contaminación de los ríos con mercurio utilizado para la extracción de oro, también en el rompimiento de diques de colas, como el último que ocurrió el 23 de julio en la comunidad Agua Dulce (Potosí), precisamente en uno de los afluentes del río Pilcomayo.

El vicario de la Diócesis de Potosí y miembro de la Fundación Jubileo, Marco Abascal, resaltó que “regalías de 1,5 por ciento no son suficientes” para aplicar remediación ambiental.

La Ley Minera 535 establece alícuotas que en casos excepcionales llegan al 7 por ciento para las regalías mineras; sin embargo, en su mayoría éstas no pasan el 3 por ciento. En el caso del oro para la minería “en pequeña escala”, las alícuotas van del 1 al 2,5 por ciento.

La minería aurífera operada por las cooperativas es considerada en pequeña escala; no obstante, ésta es responsable de más del 90 por ciento de la producción de oro en el país.

En este sentido, la líder indígena uchupiamona y dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Ruth Alipaz, dijo que éstas “no compensan el daño”.

El artículo 219 de la Ley Minera establece la responsabilidad de los operadores mineros para mitigar, reparar y rehabilitar las áreas explotadas, apuntó Córdoba. Sin embargo, esto no se cumple necesariamente en el territorio nacional.

Frente a este panorama en el que la minería se implementa con más irresponsabilidad que cuidado y cumplimiento de las normas ambientales, surge la alternativa de una minería responsable.

En algún momento, el propio ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, habló de “la minería verde”, aunque este concepto aún levante discusión y hasta rechazo en quienes sugieren apostar más bien por proyectos económicos alternativos y mucho más amigables con el medioambiente, como el turismo y la economía del bosque.

El coordinador del Proyecto de Minería Responsable de la pastoral Caritas, Noel Ortuño, dijo que no se puede prohibir la minería, pero que se debería hacer todo lo posible para que ésta se desarrolle dentro del marco normativo y considerando todos los cuidados necesarios no sólo para no afectar el entorno, sino también la salud de los propios mineros.

Para aplicar este modelo, se debe llegar a la conciencia de los operadores y ofrecerles incentivos económicos desde el Estado, concluyó.

Esperan resultados del río Pilcomayo

El 6 de septiembre, ante la Comisión de Medioambiente del Senado, el ministro del área, Santos Cruz, reiteró que la contaminación por el rompimiento del dique de colas en Aguas Dulces no llegó al río Pilcomayo. Pese a ello, aún hay temor de que los desechos lleguen río abajo. Se hizo una nueva inspección cuyos resultados aún no se conoce.