Altas autoridades de Gobierno, el fiscal general, el ministro de Minería, legisladores del MAS, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otros funcionarios tienen conocimiento de que la empresa Korihatum SRL opera de manera ilegal, sin licencia ambiental ni contrato minero para explotar oro en el área protegida Chontalaka Yuyo en Apolo, actividad que daña el medio ambiente con el uso de mercurio y que también ha causado violencia en la última semana.

La comunidad Correo, a través de su apoderado legal, Víctor Espinoza, denunció la “pasividad” con la que actúa el Estado pese a que ganaron, en parte, una acción popular interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que obliga a la empresa minera a paralizar su trabajo y a la AJAM a retirar la maquinaria de forma inmediata.

En esta zona, que es parte del pueblo indígena Leco, hay registro de dos hechos de violencia ocurridos este año. El 31 de mayo hubo un enfrentamiento que dejó ocho heridos por uso de arma de fuego. Mientras, el 1 de noviembre la empresa minera habría “dinamitado” las casas de los indígenas lecos que protestan contra la aurífera, según Espinoza.

“Hay un encubrimiento tenaz. Este hecho es de conocimiento de todas las autoridades. Si hay un delito in fraganti debe haber acción directa, eso podía haberlo hecho la Fiscalía, la AJAM, la Policía y no quieren hacerlo. Nos dieron esta acción popular en calidad preventiva. ¿Qué previene si desde el 4 de agosto no hay ejecutoria?”, denunció el apoderado de la comunidad Correo.

Según la documentación a la que accedió este medio, la Sala Constitucional Tercera emitió la Resolución Constitucional Nº 131/2022 que concede la “tutela en parte” al directorio de la Comunidad Indígena Correo en contra de la Empresa Korihatum SRL, representada legalmente por Germán Sánchez Lipa.

El fallo “establece la prohibición de cualquier actividad vinculada a la explotación de minería por parte de la empresa minera Korihatum SRL (que reservó ocho cuadrillas) en el área que corresponda a la comunidad Correo denominada Chontalaka-Yuyo, ubicada en la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz”.

Por otro lado, el TCP dispuso que “en vía de cooperación” con la AJAM esta instancia proceda al control, fiscalización y prohibición de cualquier actividad minera, además de “retirar” la maquinaria existente con el apoyo de la fuerza pública.

En audiencia se demostró, con documentos, que la empresa no concluyó el trámite para obtener su contrato minero que solo se logra a través de una consulta previa en la comunidad y con la aprobación de la AJAM y de la Asamblea Legislativa.

A más de 90 días, denunciaron que la empresa continúa operando y que ahora intenta desvirtuar a los accionantes, cuestionando la legalidad del directorio que interpuso la acción popular.

En audiencia del 4 de agosto, la empresa Korihatum SRL, según la resolución, presentó documentación de la elección de nuevos representantes de Correo por lo que pidió que la demanda sea rechazada. La Sala Tercera se declaró incompetente de analizar este requerimiento, pero el 7 de septiembre acreditó el “apersonamiento extemporáneo” de un directorio paralelo a la cabeza de Hermenegildo Tipuni Sompero.

Informe de la AJAM

En cumplimiento a parte del fallo constitucional, el 24 de agosto, un abogado y un técnico de la AJAM realizaron una inspección técnica en Chontalaka Yuyo. El informe emitido cinco días después cuenta con fotografía del lugar y la descripción de los acontecimientos que incluyen amedrentamientos a los funcionarios por parte de las personas que desarrollan minería ilegal en Apolo. “En las fotografías 1, 2 y 3 se evidencia actividad minera de manera flagrante sobre la llanura aluvial, dentro del área denominada Chontalaka Yuyo, donde los operadores de la maquinaria pesada al ver personero de la AJAM huyeron y dejaron abandonadas las retroexcavadoras. También se pudo observar dragas convencionales para la separación del oro aluvial”, dice la página 6 del informe firmado por los funcionarios Andrés Callisaya Quispe y Guido Amadeo Rojas.

Callisaya y Quispe también dieron cuenta de un campamento equipado y habitado por hombres y mujeres. Al menos se encontraron 20 carpas con la capacidad de cuatro personas cada una.

Los personeros admitieron que no pudieron desalojar los campamentos ni retirar la maquinaria “debido al poco personal que se trasladó al lugar, además que no contamos con expertos que operen maquinaria y peor aún si los implicados huyeron con las llaves”.

La AJAM, en el mismo informe, se comprometió a interponer una denuncia penal contra quienes resulten los autores, pero se desconoce si está abierto algún caso ya que los interesados tampoco fueron notificados.

Sobre el campamento encontrado en Chontalaka-Yuyo, la empresa Korihatum envió un memorial de fecha 31 de agosto al TCP negando que estuviera realizando algún trabajo de explotación minera. Sin embargo, en audiencia del 4 de agosto admitió que existe un “campamento” pese a que no tiene autorización para operar.

Cartas a las autoridades

La explotación minera en Apolo no es un asunto reciente. En particular el caso de Chontalaka Yuyo es de conocimiento hasta del jefe de Estado, según un informe enviado a él por el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.

En fecha 24 de noviembre de 2021, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), envió una Petición de Informe Escrito (PIE) No. 023/2021/2022 al presidente Luis Arce donde transcribe la solicitud del legislador Hilarión Mamani para que Villavicencio responda dos preguntas sobre Korihatum SRL.

El 14 de diciembre de 2021, el ministro de Minería envió la nota MMM-DS-3168-DGAJ-1584/2021 al presidente donde responde al senador Mamani. El documento refiere que la empresa Korihatum SRL “no cuenta con contrato minero u otro derecho minero”.

En mayo de este año, el presidente del Tribunal de Justicia Indígena, Hugo Molina, se dirigió al fiscal general, Juan Lanchipa, para denunciar “la actitud pasiva del Ministerio Público de La Paz, que en acuerdo con la AJAM – La Paz coordinan trabajos con las empresas mineras, amedrentando y deteniendo pobladores”.

Publicado en: El Deber