La minería ilegal del oro crece en Bolivia y en Latinoamérica debido a la corrupción de los funcionarios públicos y a otras cinco debilidades que son características de los países de la región, señalaron expertos en la materia en un encuentro organizado por Naciones Unidas en Brasilia, al que asistió Los Tiempos.

Entre las vulnerabilidades identificadas, además de los actos ilícitos de las autoridades nacionales y locales, están las extensas y porosas fronteras, la falta de gobernanza, la desactualización normativa, los pobres controles financieros, los espacios comerciales libres de fiscalización y la desinstitucionalización generalizada.

El séptimo encuentro de delitos relacionados con minerales, realizado en la capital de Brasil, se realizó con base en las reglas de Chatham House, por lo que la información compartida puede ser difundida sin precisar las fuentes que la proporcionaron.

En primer lugar, los expertos resaltaron que la región se caracteriza por sus extensas fronteras con complejas geografías que favorecen el tráfico del oro ilegal y dificultan los controles.

También señalaron las debilidades de gobernanza política, es decir, las organizaciones públicas y privadas tienden a corromperse con facilidad ante los ofrecimientos de la minería ilícita, que mueve billones de dólares en la región.

En tercer lugar, están los marcos normativos desactualizados que, por ejemplo, no consideran a la minería ilícita como una fuente de lavado de dinero, dificultan los controles, operativos y la aplicación de medidas correctivas por parte de las autoridades.

En el evento se resaltó que, tal como ocurre en Bolivia, pese a que la mayoría de los países de Latinoamérica suscribieron el Convenio de Minamata, los avances en su implementación fueron insuficientes.

De hecho, en el país aún no  se cuenta con un Plan Nacional de Acción (PNA) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera. Se espera que la propuesta esté concluida recién para 2025, cuando el plazo era 2022, según los acuerdos internacionales.

En cuarto lugar, se constató que los paraísos fiscales (ubicados principalmente en Centroamérica) y la penetración de las criptomonedas en algunos países facilitaron el lavado de dinero de las ganancias que deja la extracción del oro al margen de la ley.

La quinta debilidad es la permisividad en temas logísticos y comerciales, como ocurre en las zonas francas, donde se crean “agujeros negros” para el tráfico de minerales y el lavado de dinero que casi no puede ser regulado.

De hecho, fuentes oficiales señalaron que se presume que parte de la producción de oro ilegal en Bolivia se desvía hacia Chile, para después ser exportado por empresas formales o enviado hacia otros continentes por medio del contrabando.

Las zonas francas al norte del vecino país facilitan estos flujos del mineral.

Por último, la debilidad institucional se expresa en la corrupción de las autoridades que, en vez de cumplir su deber, permiten la minería ilícita, pero también en la poca capacidad que tienen los organismos del Estado para coordinar entre sí y en el ámbito internacional para frenar estos ilícitos.

Fragilidad

Se constató en países de la región que en la explotación ilegal de oro los “facilitadores” cumplen un rol importante. Estos son autoridades nacionales o locales que ceden a la presión de los delincuentes.

Un elemento común entre los países es que, pese al discurso de protección al medioambiente y el vivir bien “suma qamaña”, las acciones políticas favorecen la minería aurífera ilícita.

Incumplimiento

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Cecilia Requena, informó en reiteradas entrevistas que tuvo que recurrir a la justicia (a través de una acción popular) para intentar que las instituciones del Estado responsables de proteger los parques nacionales cumplan su rol en lugar de facilitar la extracción minera en estos lugares.

Recomiendan incluir a indígenas

Expertos y funcionarios que combaten la minería ilegal resaltaron la importancia de que las autoridades políticas incluyan a las comunidades mineras e indígenas en la elaboración de políticas públicas que buscan frenar este ilícito.

En Bolivia, el gobierno de Luis Arce conversa continuamente con las cooperativas mineras, que producen el 99 por ciento del oro y velan por sus intereses. Sin embargo, la oposición y los defensores del medioambiente cuestionaron que los indígenas no son considerados en las conversaciones.

Este sector es el más afectado, pese a que no practican la minería, ya que son envenenados con mercurio usado para la extracción del oro.

Publicado en: Los Tiempos