Un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz revela que el 71% de las personas que vive en el norte paceño tiene niveles de contaminación por mercurio por encima de lo permitido. La organización exige que el Gobierno frene la minería ilegal.

Tres de cada 10 indígenas que viven en zonas con influencia de la minería aurífera en el norte del departamento de La Paz tienen en promedio niveles de contaminación por mercurio que triplican el límite máximo permitido, según un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz.​

La investigación, efectuada en 268 personas de 27 comunidades indígenas, revela que, mientras lo máximo de mercurio permitido en el organismo de un ser humano es de una parte por millón (es decir, un miligramo por cada kilo), los esse ejja tienen 6,9 partes por millón (ppm), los mosetenes 2,7, los uchupiamonas 2,5, los tacanas 2,1 y los lecos 1,2 ppm.

Así, el promedio registrado es de 2,96 ppm, cuando el límite máximo permitido es de 1 ppm, según los resultados del estudio de “Impactos en la minería aurífera en comunidades indígenas”, cuyos análisis fueron realizados en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La investigación advierte que el 71% de las personas analizadas tiene niveles de contaminación por mercurio por encima del límite máximo permitido y que 10 de las comunidades estudiadas tienen toda su población con niveles de mercurio por encima de lo que el cuerpo humano puede tolerar.

Los ese ejja son los más afectados por su mayor dependencia del pescado en comparación con otros pueblos, ya que se alimentan de peces contaminados con el mercurio desechado en los ríos y con los sedimentos que deja la extracción de oro.

“Ante esta afectación que estamos sufriendo, hemos planteado al Gobierno que tiene que haber una política de estado de atención, un plan que pueda mitigar estos efectos en la salud y el medio ambiente”, dijo el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de la Paz (Cpilap), Gonzalo Oliver.

Esta política tiene que ver principalmente con medidas que eviten el consumo de agua contaminada de los ríos por parte de comunidades indígenas que no cuentan con servicios básicos y que, en muchos casos, tienen a los ríos como única fuente de agua, lo que los deja “muy expuestos a estos peligrosos niveles de contaminación”.

“No se puede seguir atentando contra nuestra salud. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y precautelar el derecho a la salud a la vida de los indígenas”, aseveró Oliver, quien agregó que en caso de no tener respuesta estatal se exigirá la intervención de organismos internacionales que velan por la defensa de los pueblos indígenas.

El estudio encontró en la población analizada: nitritos, que pueden producir algunos tipos de cáncer gastronintestinal; fluoruros, que pueden derivar en enfermedades óseas; plomo, que tiene efectos neurotóxicos y causa daño cerebral.

También encontró bromo, sustancia corrosiva para la piel, los ojos y el tracto respiratorio; cloro libre; que puede producir quemaduras en las vías respiratorias o el tracto gastrointestinal; y un ph “ligeramente ácido en la mayoría de las estaciones”, lo que causa irritación en las mucosas y órganos internos, además de procesos de ulceración.

El estudio ““Impactos en la minería aurífera en comunidades indígenas” continúa con la recolección de muestras del pueblo tsimán en el río Quiquibey y de otras comunidades indígenas.

A partir de estos resultados, se exigirá al Gobierno central y a la Gobernación de La Paz, que tiene competencias en materai ambiental, que frenen la minería ilegal en zonas que influyan en el día a día de las poblaciones del norte de La Paz.

“Este estudio demuestra que hay una afectación a los pueblos indígenas y el Estado debería parar inmediatamente y ejercer el control de la minería ilegal, que es la que generalmente mayor contaminación genera”, sostuvo el presidente del Cpilap.

Publicado en: El Deber