Los cooperativistas auríferos mostraron su fuerza ante el Gobierno al bajar del 11% al 4,8% el impuesto que deben pagar por las exportaciones de oro. Este no es el único beneficio que tiene este sector, ya que pueden usar el mercurio sin restricciones, logran asociarse a empresas sin perder el rango de cooperativas, además de otras seis ventajas, según expertos del área.

Tema tributario

El primero de los beneficios es el tributario. La ley de Minería establece que las compañías deben pagar un impuesto a las utilidades (IUE) adicional al normal cuando la cotización es alta los mineros. “Todo el mundo paga un IUE sobre el 25% de sus utilidades. Cuando los precios son altos, los operadores mineros pagan un 12,5% adicional. Es decir, un impuesto total del 37,5%. Las cooperativas están liberadas de este impuesto”.

Este impuesto a las utilidades es pagado “por todo el mundo” detalla el experto Héctor Córdova. “Incluso las ganancias que general nuestros ahorros en el banco deben pagar este 25%. El que no pague y esté inscrito en Impuestos es perseguido, lo sancionan, multan e incluso embargan sus bienes; pero las cooperativas no pagan ese impuesto y tienen ganancias millonarias”.

Ante las críticas de la población, los cooperativistas accedieron a pagar un impuesto de un 1% y el Gobierno propuso un 11%. El diálogo con el Gobierno se prolongó por casi un año y a mediados de mes colapsaron la ciudad de La Paz por dos días y lograron un 4,8%. “Ese porcentaje es muy pequeño. El año pasado, de haber aplicado ese porcentaje, las cooperativas habrían pagado unos 120 millones de dólares de impuestos.

En la protesta, los cooperativistas aseguraron que pagan regalías a los departamentos donde explotan este mineral, pero, según Córdova, éstas ascienden sólo al 2,5% cuando deberían ser del 7%”.

¿Cómo lograron este beneficio? Todos los minerales deben pagar una regalía sobre el valor bruto de las exportaciones. La plata, por ejemplo, asciende al 6% y al oro, que es “más fácil de extraer”, le corresponde un 7%. Sin embargo, la ley de Minería establece una regalía del 2,5% para operaciones pequeñas que trabajan en establecimientos marginales de pequeña escala, artesanales y cuya producción sea menor a los 20 kilos mensuales. Sin embargo, tras protestas del sector este cupo se elevó a 40 kilos.

Esta medida tenía dos finalidades: Favorecer a la gente pobre que no tenía otro empleo y evitar que estas operaciones, que por lo general se encuentran en la frontera, saquen el mineral de contrabando y vayan a tributar a un país vecino.

“Lamentablemente, el Estado no tiene la fuerza para controlar que el oro extraído sea de un operador con un yacimiento marginal o no; de una pequeña escala o grande. Con esto, muchos operadores que trabajan con gran maquinaria, en buenos lugares, extraen gran cantidad de oro y sólo pagan el 2,5% de regalías, afirmando que su operación es marginal y de pequeña escala”, afirmó

El experto aseguró que, de aplicarse la ley, “Bolivia habría recaudado más de mil millones de dólares. Es decir, 10 veces más de lo que autorizó el Gobierno con el 4,8%”, afirmó.

IVA cero

El segundo beneficio lo obtuvieron el 2010 cuando se declaró un Impuesto al Valor Agregado (IVA) “cero” para las cooperativas en la venta de su producción. Este sector no tiene la obligación de pagar el 13% para la comercialización de sus minerales.

Mercurio

El uso indiscriminado del mercurio –que permite separar el oro de las rocas y sedimentos– es el tercer beneficio que tienen los cooperativistas. “La ley del Medio Ambiente determina ciertas condiciones para usar mercurio. Establece que sólo deben emplearlo en la etapa final cuando este metal líquido sea empleado en equipos especiales. No se cumple y las cooperativas no son sancionadas ni hay algo que impida este tipo de acciones y están libres de operar”, afirmó Córdova.

Hasta 2014, el país importaba 10 toneladas de mercurio, pero desde 2015 esta cifra se disparó hasta llegar, en promedio, a 192 toneladas anuales desde 2015. Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) informó que en el país sólo se emplean 90 toneladas de forma legal. El restante se va a la minería ilegal o pasa por contrabando a otros países de la región.

“Hay un convenio internacional de poder restringir esta sustancia tóxica y casi todos los países del continente lo han suscrito. Bolivia, a diferencia del resto del mundo, que asumió medidas para que se cumpla, no tomó medidas fuertes y contundentes para disminuir esta sustancia tóxica. Entonces, Bolivia se constituyó en un canal de distribución, casi de lavado de mercurio para países vecinos”, afirmó.

Personal

La Ley de Cooperativas les permite contratar personal para trabajos administrativos o asesoramiento técnico, pero les prohíbe traer personas para tareas de minería. “Sin embargo, uno observa que trabajan muchas personas que no son socias de la cooperativa. Por tanto, se incumple esa norma establecida en la Ley de Cooperativas de Minería y el Gobierno no evita esta situación”, apuntó Córdova.

Empresas

El artículo 151 de la Ley de Minería les prohíbe a las cooperativas asociarse con empresas y mantener su estatus de cooperativa. Sin embargo, hay empresas trabajando con maquinaria pesada, con personal extranjero y el registro de producción están a nombre de cooperativas. “Eso quiere decir que hay una asociación con empresas que no está permitido, pero no se evita esta situación”.

Fondo de financiamiento

El Gobierno creó un fondo de financiamiento para las cooperativas llamado Fondo de Financiamiento para la Minera (Fofim). “Las empresas tienen dificultades para conseguir financiamiento porque la ley impide que presenten el yacimiento como garantía. En cambio, las cooperativas tienen un fondo exclusivo para ellas”, según Córdova.

Comercialización

El Gobierno creó una empresa comercializadora porque las cooperativas denunciaron que las privadas “las estafan”. “El Gobierno dio vida a esta comercializadora e hizo que Comibol otorgue el capital de arranque para esta empresa”.

Licencia ambiental

Para el experto, un beneficio “ilegal” es aquel que se refiere a la licencia ambiental. La Ley 1333 y el reglamento específico para el sector minero establecen la obligatoriedad de tener licencia ambiental para iniciar operaciones.

“El 15% de las cooperativas tienen licencia y el restante operan ilegalmente, pero con autorización del Gobierno. No hay un control que obligue a las cooperativas a presentar su licencia ambiental antes de iniciar operaciones. Las cooperativas firman un compromiso para entregar esta información, pero no lo cumplen. Como resultado más del 85% de las cooperativas operan sin licencia ambiental”.

Representación política

Finalmente, las cooperativas mineras tienen representantes en la Asamblea Legislativa y un viceministerio “exclusivo”. Las Gobernaciones también crearon secretarias de minas para atender exclusivamente sus requerimientos.