El desfile de mineros hacia las bocaminas del Cerro Rico se inicia muy temprano y se extiende por varias horas. Miguel Delgadillo, socio de la cooperativa Compotosí, estima que en la actualidad ingresan a diario alrededor de 20 mil personas. Buscan nuevas vetas o explotan las ya existentes pese a que la montaña, la más importante en la historia de Bolivia, tiene más de 100 hundimientos y registra permanentes derrumbes internos. No podía ser de otra manera, es la consecuencia de más de 400 años de explotación ininterrumpida del Sumaj Orck’o.

Pero ésa no es la única razón para su deterioro. En las últimas décadas no hubo modernización en los métodos de extracción de minerales y las prácticas actuales, con mineros más “empíricos” que técnicos, siguen dañando las entrañas del coloso potosino. Sumado a ello, el Estado ha brindado condiciones favorables para que el sector cooperativo siga operando.

Con el fin del ciclo de la primera época de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en el Cerro Rico, en 1985, la minería cooperativizada ganó terreno. El actual gerente de la Comibol oficina regional Potosí, Ramil Silvestre, explica a este medio que desde ese entonces, el cerro “ha sido operado netamente por cooperativas”.

Pese a que han pasado 38 años, hoy en día aún es posible ver en uso parte de la herencia estructural de aquellos tiempos. Al ingresar por Pailaviri, una de las “puertas” más conocidas del Cerro Rico, los pasillos dentro de la montaña conservan los materiales que fueron utilizados hasta 1985.

Se puede observar, por ejemplo, travesaños rectangulares de madera en la parte superior de los corredores. Parecen vigas de cemento que resisten el peso de ciertos sectores del cerro para permitir que conserve su forma de túnel; pero al acercarse y tocar el material, es madera. “Eso es desde la Comibol, maderas bien tratadas que traían desde afuera, parece concreto”, dice el minero José Luis Alave mientras acompaña un recorrido interior mina en febrero de 2023.

También es posible ver cómo algunos espacios que en su momento fueron cuartos de enfermería, u oficinas para controlar personal, están en desuso en relación a sus fines originales y son utilizados como sitios de descanso. Los buzones —especie de resbalines para deslizar la carga mineral de niveles más altos— aún son usados. Todavía hay escaleras de hasta 90 metros de altura, ascensores y sistemas de poleas para carga de minerales, todo de la época de la Comibol.

Al respecto, el economista Pablo Poveda considera que la fuerza de trabajo del cooperativismo está obligada a recrearse bajo las formas de producción atrasadas. “El modo de producción del cooperativismo minero tradicional es herencia de Comibol; los yacimientos, reservas, infraestructura, maquinaria, herramientas favorecen a un núcleo del cooperativismo minero que surge con la relocalización en los ochentas”, explica Poveda en el libro Formas de producción de las cooperativas mineras de Bolivia (2014).

Poder cooperativo con prácticas precarias

En las dos últimas décadas, el sector cooperativo minero se ha fortalecido. Desde el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) se destaca una serie de facilidades para ese ramo a partir de beneficios impulsados por el Gobierno. Se dice que “ha demostrado que puede soportar mejor el escenario de precios internacionales por sus bajos costos de operación” en relación a otros subsectores de la minería. Se afirma, además, que el crecimiento, en cantidad de cooperativas, en el periodo de la “Economía Plural” (2006-2021, coincidente con el gobierno del Movimiento Al Socialismo-MAS) es muy superior que aquel derivado de la “relocalización y el desempleo” (1985-2000). Desde la década del 2000 hasta el 2021 el número de cooperativas mineras se triplicó en Bolivia, según el Boletín Q’ujta número 11 del Viceministerio de Cooperativas Mineras (2021).

Como ejemplos de impulso, la cartera de Minería cita la Ley 356 General de Cooperativas de 2013, la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, además de “asistencia técnica y financiera”. En el reportaje “15 años de normativa a la medida de los cooperativistas mineros en Bolivia” del medio Guardiana, se identificó cómo desde 2006, año que ingresa el MAS al poder, se forjó una alianza estratégica entre Gobierno y sector cooperativo.

Desde entonces, los cascos son más frecuentes en las esferas de legislación y toma de decisiones. Un ejemplo es que el primer ministro de Minería del primer gobierno del MAS en 2006, fue el minero cooperativista Wálter Villarroel. Sumado a ello, en la actualidad hay legisladores nacionales de filas cooperativistas, existe el Viceministerio de Cooperativas Mineras y está en funcionamiento el Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), “una institución no bancaria del Estado que otorga préstamos al sector minero cooperativista” y que ya benefició a al menos 475 socios de cooperativas.

Además, en la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, se los identifica como piezas importantes en el esquema de producción mineral nacional. En el artículo 369 numeral I se reconoce “como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas”.

En tanto que en el artículo 370 numeral II se dispone que el Estado “promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país”.

Si bien existe un crecimiento en número de cooperativas y de cooperativistas, las condiciones de trabajo, al menos en el Cerro Rico, no han mejorado para este sector y la montaña lo resiente. Hoy en día, según datos de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí y de Comibol, existen 109 cooperativas afiliadas a nivel departamental a Fedecomin, de las cuales 33 están activas operando en el Sumaj Orck’o.

El investigador Poveda, en un contacto reciente con este medio, afirma que los cooperativistas trabajan casi de manera manual, sin planificación y de forma desordenada. Eso afecta también a la estructura del Cerro Rico, dice. “Nos hemos quedado prácticamente en la minería que se hacía a mediados del siglo pasado, con esas técnicas. En esas épocas la minería era masiva en fuerza de trabajo. La minería ha evolucionado, pero (en el Cerro Rico) siguen con métodos antiguos, tradicionales”, remarca el investigador.

A propósito, en la visita de Página Siete Plus al Cerro Rico, José Luis Alave explica los detalles de la mina y también la forma poco tecnificada con la que se trabaja en la actualidad. “Ésa es una veta principal de zinc”, dice mientras señala una marca grisácea, en forma de rayo, en el techo de roca del pasillo que atravesamos. “Ésta tiene plata, zinc y cobre”, afirma unos metros más adelante. “Hay que saber dónde buscar, ¿no?”, se le pregunta. “En su mayoría nosotros somos empíricos y a la suerte hacemos los recortes. Así nos ubicamos a cuántos metros está la próxima veta. Como decimos, a ojo de buen cubero le damos”, responde.

El especialista en minería Héctor Córdova afirma que ya no se puede extraer minerales del Cerro Rico de forma profesional porque al interior ya no hay condiciones para hacerlo de esa manera. “En minería tenemos siempre un orden bien claro. Entre galería y galería, en el sentido horizontal, debe haber una distancia de 40 metros y en el vertical, también 40 metros. Pero en tanto tiempo de explotación, estas galerías ya no guardan la distancia.

Ahora a veces son 30 centímetros de espesor entre una galería y otra y es muy peligroso”, dice Córdova, quien es analista de Fundación Jubileo.

Y como consecuencia de esas condiciones de trabajo y de los siglos de explotación continua, la morfología del cerro ha cambiado, se ha perdido su estructura cónica original y los hundimientos, que hasta fines de 2022 según Comibol eran al menos 113, son cada vez más frecuentes. Además, los accidentes y muertes de los mismos cooperativistas o de trabajadores subcontratados, conocidos como “segunda mano”, son al menos semanales.

Un Estado permisivo

En 2017, el Ministerio de Minería identificó una serie de inconvenientes para hacer una buena gestión en el sector. En su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, reveló que había: institucionalidad estatal débil en minería en los tres niveles (central, gobernaciones y municipios), predominio de intereses corporativos, instituciones públicas que no cumplen sus funciones, escaso monitoreo e información incompleta, fragmentada y no pública sobre operaciones mineras.

En la actualidad, el único ente del Estado cercano a una función de administración en el Cerro Rico es la Comibol. Pero su alcance para hacer fiscalización o controles no es suficiente. Silvestre explica que lo que hacen es un “contrato por bocamina” que implica, en pocas palabras, un permiso para explotar vetas según un proyecto presentado a Comibol por determinada cooperativa. Más allá de eso, las cooperativas deciden al interior de la montaña. “Si tú rentas un departamento como dueño, vas a fiscalizar que no hagan bulla, que no hagan daño, pero el acomodar el catre, el cocinar depende del que va a arrendar el departamento”, ejemplifica. “Algunas cosas salen de nuestras manos”, complementa Silvestre.

A propósito de la dificultad de hacer controles, un vecino de Pailaviri, barrio cercano al Cerro Rico, cuenta que durante las noches, más que todo, se ven las luces de las volquetas subir y bajar por las faldas del Cerro Rico. “Las extracciones de carga las hacen de noche para no crear incertidumbre a la gente de día, para que nadie fiscalice”, dice esta persona que prefiere resguardar su identidad.

Según el economista Franz Flores, en el caso concreto del Cerro Rico, el distanciamiento del Estado con el poder y control real de la minería se dio a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado. “Al cerrar la Comibol (en 1985), (se) cierra el instrumento que tenía el Estado de control del espacio minero. Es como si el Estado se hubiera suprimido de su responsabilidad de los espacios mineros. Entonces, es cuando entra la minería mediana y la minería cooperativista”, dice Flores quien es autor del libro de reciente publicación, El esplendor inútil. Potosí ante el Estado boliviano.

Hoy en día, tanto la concejala Reyna Menacho, como la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, cuestionan la labor estatal para preservar el Cerro Rico. Menacho explica que al tratarse de un patrimonio más que de un yacimiento, desde el Gobierno central se debe instruir a los ministerios de Minería y Culturas trabajar en políticas efectivas de preservación.

Entre 2014 y 2022, desde el Ministerio de Minería se emitieron cuatro resoluciones ministeriales (135/2014, 293/2014, 099/2017 y 105/2022) relativas al control y seguimiento de actividades en el Cerro Rico. Según una respuesta de Petición de Informe Escrito —solicitado por la senadora Daly Santa María Aguirre—, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, informó en mayo de 2022 que el objetivo de realizar un “celoso seguimiento” de la explotación es velar por la estabilidad de la montaña y preservar su morfología. No obstante, los trabajos sin mayor control estatal y con masiva presencia cooperativista, continúan, así como los deterioros.

Respecto al cerro en tanto patrimonio, Graz observa que no hay una gestión efectiva del Ministerio de Culturas para su salvaguarda. “Hasta el momento no ha tenido acciones concretas y certeras”, dice. El 20 de agosto de 2021 la titular de Culturas, Sabina Orellana, participó, junto con Villavicencio, en una reunión en la que se crearon dos comisiones para preservar y buscar nuevas áreas de trabajo alternativas para los mineros. Desde aquella ocasión, hubo muchas voces, incluso de autoridades nacionales y locales, que hicieron eco de la necesidad de proteger a la histórica montaña. Sin embargo, nada parece haberse concretado. En enero de este año, Orellana afirmó en una rueda de prensa que no era tuición de su Cartera “sacar” a los cooperativistas del cerro, según informó El Potosí.

Desde el ámbito patrimonial, el Cerro Rico fue reconocido en varias ocasiones. En 1943, mediante el Decreto Supremo 072, y luego con la Ley de 21 de noviembre de 1945 se lo declaró “Reliquia Nacional”. Décadas después, en 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió a la ciudad de Potosí en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad con la famosa montaña como emblema. En 1990 el macizo fue declarado “Monumento Nacional” mediante la Ley 1197.

No obstante, en 2014 la Unesco incluyó a Potosí en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. La “degradación potencial del sitio histórico por las operaciones mineras; inestabilidad y riesgo de derrumbe del Cerro Rico” fueron algunos de los motivos para que se tome esa decisión que fue refrendada en 2021.

El 22 de diciembre de 2022, la concejala Menacho solicitó mediante una nota oficial que los diputados Abelardo Colque Vicente y Juan José Tórrez Pacheco, miembros de la Brigada Parlamentaria de Potosí, viabilicen una interpelación a la ministra Orellana sobre la situación del Sumaj Orck’o. Esta concejala se apoya en la Sentencia Constitucional 1062/2022-S4 de 19 de agosto de 2022 que estipula, entre otras resoluciones, que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización “como órgano rector del patrimonio cultural boliviano asuma efectivas medidas de protección del Cerro Rico de Potosí”.

Han pasado más de cuatro meses y hasta el momento Menacho no obtuvo una respuesta de los legisladores.