La estatal replica que los procesos penales a los que se refiere el abogado Erick Osvaldo “no han sido iniciados por Cofadena, sino por otras personas que fueron afectadas por estos ilícitos a los que la Corporación se adhirió únicamente en el caso de avasallamiento”.

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) aclaró que es titular de una concesión minera de 60 kilómetros a lo largo del rio Mapiri y rechazó que criminalice a defensores del pueblo leco. Dijo que se adhirió a un proceso penal en contra de dos miembros de esa comunidad en un caso de avasallamiento iniciado por terceros.

“Cofadena es titular de una concesión minera denominada ATE “Alto Mapiri” en mérito a la resolución constitutiva número 129/2003 del 23 de mayo de 2003, que tiene una extensión de 60 kilómetros a lo largo del río Mapiri, que va desde el municipio de Mapiri al municipio de Guanay”, se lee en el comunicado de la empresa estatal.

La aclaración de Cofadena surge luego de que el abogado Erick Osvaldo señalara que la comunidad indígena Leco de Santa Rosa de Cadima, ubicada en el municipio de Guanay, en La Paz, afronta la depredación de su territorio a causa de operaciones mineras ilegales que son impulsadas por Cofadena, en coordinación con una empresa unipersonal creada por Mario Orihuela Aguirre, “comunario que aprovechando su posición de dirigente, obtuvo un poder de los comunarios para otorgar consentimiento ilegítimo en dichas acciones extractivas”.

Según la denuncia publicada por ANF, ante la resistencia y oposición a estas actividades que afectan a la vida de los habitantes de la comunidad, Cofadena y Orihuela iniciaron procesos penales en contra de los dirigentes del lugar y contra uno de los propietarios de las viviendas afectadas. En este sentido, agrega, “se ha evidenciado actos de criminalización de dos defensores, uno en detención domiciliaria, y otro detenido en el penal de San Pedro, en La Paz”.

Al respecto, Cofadena replica que los procesos penales a los que se refiere el abogado Erick Osvaldo “no han sido iniciados por Cofadena, sino por otras personas que fueron afectadas por estos ilícitos a los que la Corporación se adhirió únicamente en el caso de avasallamiento”.

En ese sentido, la empresa estatal indica que le “preocupa que se señale a Cofadena como si criminalizara a dos defensores lecos”.

Cofadena remarca que existen dos miembros de la familia G. Q. de la comunidad Santa Rosa, dentro de la titularidad de Cofadena, y que son parte de los pueblos Lecos, que actualmente se encuentran con detención preventiva por los delitos de avasallamiento, explotación ilegal, asociación delictuosa, evasión, favorecimiento a la evasión y atentado a la libertad de trabajo, desde la gestión 2019.

Sin embargo, el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) recuerda a las autoridades nacionales, departamentales, y municipales, que es deber del Estado garantizar que los defensores de derechos puedan cumplir con su labor, tomando las medidas necesarias para evitar que cualquier persona, ya sea autoridad pública, agente estatal o individuo particular, actúe de tal manera que impida el rol de defensa de estas personas.

En este caso, refiere, no solo se ha obstruido el trabajo de quienes están detenidos, sino que, a partir de esta acción legal, se ha generado un clima de hostilidad contra otros defensores, pudiendo haberlos intimidado y así anular la oposición a las actividades extractivas ilegales y depredadoras.

Fuente: ANF