A través de un pronunciamiento, la Asamblea por los Bosques y la Vida de Bolivia pidió a la Sala constitucional cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) que la acción popular presentada por legisladores opositores sea favorable en defensa del Parque Nacional Madidi y para los pueblos indígenas que lo habitan.

Según el documento, el TDJ debe hacer cumplir lo que señala la Constitución Política del Estado (CPE) y ponerse a favor “de la salud y la protección del patrimonio natural. La sociedad civil organizada”.

De acuerdo a la Asamblea de Bosques, existe una omisión de cumplimiento de deberes por parte de las instituciones que “se evidencia en la falta de informes, accionar y transparencia que deberían proteger el Parque Madidi y a sus habitantes”.

La acción popular la presentaron legisladores de CC contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, para “que realicen los actuados que establece la legislación boliviana e intervengan la actividad minería ilegal para que se evite más daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de los habitantes de las comunidades aledañas”.

“La sociedad civil cuestiona a estas instituciones que hasta el momento no han hecho nada para frenar el avasallamiento minero en la región. ¿Cuántas veces han hecho recorridos junto a los guardaparques? ¿El SERNAP ha tomado en cuenta las denuncias que los guardaparques han emitido sobre la presencia de mineros ilegales?”, indica la nota de prensa.

Según los activistas, se conoce que los guardaparques están rebasados con el ingreso de maquinaria pesada que entra al Madidi con el apoyo de autoridades municipales y dirigentes.

Algunas fechas de las audiencias se suspendieron y el 11 de julio, última suspensión de la misma, los vocales de la Sala del TCJ dejaron que mineros de esa zona ingresaran a la audiencia para que esta sea suspendida.

“Es escandaloso que los violadores de la ley puedan estar como terceros y que se les negará a las víctimas poder estar presentes. Existieron también varias postergaciones acompañadas por la violencia y amedrentamiento de parte de mineros que buscan realizar minería ilegal dentro del Área Protegida”, se lee en el documento.

Además manifiesta que al país ingresaron, durante siete años, 1.285 toneladas de mercurio y que Bolivia es el primer importador de ese elemento del mundo.

“A pesar de haber firmado el Convenio de Minamata en agosto de 2017 y haber ratificado su participación mediante la Ley 759, en que la norma reafirma su objetivo de “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”, el gobierno ha incumplido completamente aquello.

Por otro lado, los activistas cuestionan a las instituciones estatales de no tener informes sobre la contaminación que genera el mercurio en los ríos, animales y habitantes del parque nacional Madidi.

“Estamos convencidos que el ecocidio de nuestra tierra no es el camino. Entendemos el valor incalculable y beneficios ecosistémicos que tiene el Madidi y los bosques amazónicos para el país, es por está razón que exigimos salir del extractivismo voraz que solo lleva muerte, despojo, violencia patriarcal, contaminación y más pobreza”, indica el documento.

Publicado en: Brújula Digital