• Hace más de un año la justicia ecuatoriana falló a favor de los indígenas cofán de Sinangoe y ordenó el cese de toda actividad y concesión minera en su territorio. A pesar de eso, la comunidad denuncia nuevas actividades y falta de vigilancia y control por parte del Estado.
• La Defensoría del Pueblo afirmó el año pasado que la comunidad cofán de Dureno no fue consultada sobre la intención de instalar tres plataformas petroleras, con 10 pozos cada una, en sus tierras ancestrales. Los indígenas dicen que la decisión fue revocada porque, en una nueva instancia, confundieron su caso con el de los cofán de Sinangoe.

A finales del 2018, la Corte Provincial de Sucumbíos en Ecuador ordenó revertir todas las concesiones mineras que estaban operando cerca del río Aguarico y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite. Esta sentencia fue sin duda el desenlace esperado por la comunidad indígena Cofán de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo tras la acción de protección presentada.

El 22 de octubre de ese año los indígenas celebraron la decisión del ente judicial que ordenó la suspensión inmediata de 20 concesiones activas y 32 que estaban en trámite. La sentencia fue interpretada como un hito por las nacionalidades indígenas ecuatorianas. Casi un año después, el 5 de septiembre de 2019, la Corte Constitucional volvió a darles la razón y no admitió las demandas —conocidas como acciones extraordinarias de protección— que varias personas interpusieron contra la sentencia de la Corte de Sucumbíos. Entre los demandantes se encontraban Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de Procuradora Judicial del Ministerio del Ambiente y Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de Director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

La Corte Constitucional dijo, además, que “por considerar que este caso podría ser objeto de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que constituya jurisprudencia vinculante […] al permitir establecer un precedente jurisprudencial y versar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional, este Tribunal considera fundamental remitir el proceso a la Sala de Selección correspondiente”. Es decir, la sentencia en favor de los cofán podrá ser usada para crear nuevas normas en Ecuador.

A pesar de estas decisiones judiciales en favor de la nacionalidad indígena, a inicios de 2020 sus líderes denunciaron nuevamente la presencia de maquinaria minera y de obras sobre los ríos que terminan afectando sus territorios. Además, la comunidad cofán de Dureno, que tenía una resolución de la Defensoría del Pueblo que los protegía de actividades petroleras en su territorio ya que no fueron consultados, denunció que repentinamente esa decisión fue revocada.

Minería en territorio ancestral y área protegida

A principios de enero, la guardia indígena cofán en sus frecuentes recorridos de monitoreo detectó nuevamente la presencia de tarabitas —una especie de teleférico rudimentario— usadas para el traslado de material minero sobre los ríos cofanes y chingual, dentro de su territorio ancestral. Así mismo, registraron invasores en el río Candue intentando bloquear el caudal del río que ingresa hasta su comunidad.

Nixon Andy, coordinador de la guardia, aseguró que para los cofán de Sinangoe “estos hallazgos son preocupantes y molestos, ya que estamos ubicados dentro del área protegida del Parque Cayambe Coca. Ninguna autoridad hace patrullaje, pero nosotros seguiremos recorriendo nuestro territorio para proteger nuestra casa y vivir en armonía”.

Alex Lucitante, vocero de la comunidad, le dijo a Mongabay Latam que en la semana del 13 al 19 de enero la guardia indígena realizó un nuevo recorrido junto con el Ejército, donde vieron actividades y personas con dragas y cerca de ocho campamentos mineros. Los indígenas también se encontraron con pescadores ilegales que, según dicen, construyen represas para el uso de veneno en la zona del río Candue.

Como consecuencia de los recorridos, la comunidad ha recibido llamadas y sus dirigentes han sido interrogados por personas extrañas que buscan disuadirlos de hacer control territorial.

Por ahora, en un comunicado oficial, la comunidad indígena aseguró que responsabilizan “a las autoridades competentes del nivel provincial y nacional de todos los hechos que atenten contra nuestra integridad y la de nuestro territorio, si una vez denunciados y conocidos estos hechos no se toman las medidas de protección necesarias, urgentes y concertadas con la comunidad”.

Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio del Ambiente para saber su opinión frente a lo denunciado por los cofán de Sinangoe, pero hasta el momento de publicación de este texto no se recibió respuesta.

¿Una decisión sustentada en un error?

Los reclamos de los indígenas cofán este año no provienen solo de la comunidad Sinangoe sino de la comunidad de Dureno, asentada al borde del río Aguarico, a 30 minutos de la ciudad de Lago Agrio.

El problema que dicen tener no es con la minería sino con el petróleo. La empresa estatal Petroamazonas, desde hace varios años, tiene la intención de construir tres plataformas para la perforación de 10 pozos petroleros en cada una de ellas y pretende también construir una carretera de 12 kilómetros dentro del territorio cofán. En 2019 la comunidad presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo por la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada —un tema sobre el que la rama judicial ecuatoriana ha fallado a favor de los indígenas en varios casos: los cofán de Sinangoe, los waorani de Pastaza y los kichwa de Santa Clara—.

El 21 de marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos emitió una resolución en la que, después de una investigación, le daba la razón a los cofán de Dureno. En abril de ese mismo año, Petroamazonas hizo una solicitud de reconsideración y a finales de 2019, la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo revocó la resolución inicial que protegía el territorio indígena.

En esta nueva decisión la entidad aseguró que el objeto de la petición se encuentra pendiente por resolver en la Corte Constitucional y, por lo tanto, ordenó el archivo del expediente. En el documento se dice que esto “sería una causal para inadmitir la petición al encontrarse la cuestión u objeto de la petición sometido a resolución constitucional”.

Sin embargo, los líderes de la comunidad aseguran que ellos no han elevado su petición a instancias judiciales. “Es absolutamente falso que nuestra petición o el objeto de la misma esté pendiente de ninguna resolución de la Corte Constitucional ni de ningún otro Juez en el país, dado que no hemos presentado ninguna acción judicial relacionada con esta cuestión. Y ello confiando en que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, asumiera sus responsabilidades constitucionales y legales y actuará ante la grave vulneración a nuestros derechos fundamentales”, aseguran en un comunicado.

“Ellos [la Defensoría] se confundieron. Los compañeros de Sinangoe son los que están con una acción de protección pero exclusivamente por el tema minero. Días atrás presentamos nuevamente nuestros argumentos jurídicos para que reviertan esta nueva resolución. Queremos que el Defensor pida una disculpa pública porque este error, en este momento, nos dejó completamente vulnerables”, asegura Albeiro Mendua de la comunidad de Dureno.

Alex Lucitante, vocero de los cofán de Sinangoe, respalda lo dicho por Mendua y asegura que la acción de protección que su comunidad ganó puede ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional para crear nuevas normativas en Ecuador pero que la comunidad de Dureno, y sus peticiones sobre el tema petrolero, no tienen nada que ver con su caso.

Harol Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, asegura que uno de los procesos internos que tiene la entidad es la investigación defensorial, que es llevada en primera instancia por las delegaciones provinciales y hasta hace tres meses existía la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración que lo resuelve la oficina de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Dicho recurso fue el que se falló en contra de la comunidad de Dureno. “Esta decisión se puede apelar por vías contencioso administrativas. Si una persona o comunidad se siente afectada o no está conforme con una decisión de la Defensoría, tiene las vías adecuadas para poder impugnar y seguir el trámite”.

Burbano no le confirmó a Mongabay Latam cuánto durará este proceso y si la entidad considera que cometió una equivocación.

Todavía no se sabe qué pasará con las nuevas denuncias por minería en la comunidad cofán de Sinangoe y tampoco con el presunto error de la Defensoría en el caso de la comunidad cofán de Dureno. Los líderes indígenas están preocupados por la vulneración de sus derechos y a menos de dos meses de iniciado el año, los conflictos socioambientales por actividades extractivas vuelven a estar presentes en la agenda ecuatoriana.

Fuente: Mongabay