La Ley de Hidrocarburos 3058 -vigente desde 2005- “cumplió un ciclo” y está en marcha un plan destinado a “cambiar totalmente” el régimen de las actividades de extracción de gas y petróleo con la aprobación de una (nueva) “adecuación normativa”, anunció el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“Hay que ser conscientes, la Ley 3058 desde su promulgación el 2005, ha cumplido un ciclo, y ese ciclo hay que evaluarlo, hay que hacer los ajustes correspondientes”, afirmó la autoridad de Estado en oportunidad de presentar la estrategia que tiene para reactivar, agresivamente, la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo.

La declaración mostró un cambio radical de postura que mantenía a principios de año cuando desecho la aprobación de una nueva ley, y habló, a cambio solo de “adecuar la norma para los nuevos proyectos”.
La propuesta busca hacer reformas para “la promoción de campos maduros, la industrialización para la sustitución de combustibles, además de los proyectos ligados a temas energéticos y la industrialización de litio”, detalló entonces Molina a medios locales en la ciudad de Santa Cruz.

Sin embargo, el lunes pasado, cambió totalmente su concepto de reformas a la Ley 3058. El Ministro dijo que el Gobierno desplegará “todo el esfuerzo posible, que es totalmente un desafío, una necesidad que tiene el país de cambiar totalmente toda esa tendencia que venía desarrollando hasta finales del 2020 (en materia de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos)”.

La Ley 3058 fue promulgada el 17 de mayo de 2005 poco después de una crisis política de grandes dimensiones que golpeó al país tras la renuncia que hizo a la jefatura de Estado, el expresidente, Carlos Mesa (2003-2005), agobiado por una movilización social que promovió entonces el dirigente cocalero, Evo Morales, quién un año después fue ungido como Primer Mandatario.

La Ley de Hidrocarburos 3058 fue aprobada el año 2005 y tuvo, entre sus objetivos centrales, la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para que varios niveles del Estado puedan tener acceso a una coparticipación de los recursos.

La norma que regenta, hasta ahora, la exploración, explotación, comercialización e industrialización del gas y el petróleo, nació sin apoyo del Movimiento al Socialismo MAS-IPSP, pero fue, paradógicamente éste partido que se benefició de los alcances que tuvo.
De hecho durante el gobierno de Morales, el Decreto Supremo 28701, de 1 de mayo de 2006, “Héroes del Chaco”, que dispuso la nacionalización de los Hidrocarburos, estuvo encima de la ley.

“¿Qué pretende modificar el ministro Molina?, si en los últimos 16 años la Ley 3058, fue trastocada sistemáticamente con la emisión de varios decretos que, destrozaron los postulados que tuvo originalmente. La descuartizaron”, comentó al respecto Juan Tadeo Guaraní, que el año 2005, fue parte del equipo que redacto la ley a la que el ministro declaró llegó a su fin.

Es más, Guaraní invocó al ministro “reflexione” antes de hablar del fin de un ciclo para la norma.

“Seguramente tiene una evaluación económica, social y técnica para llegar a esa conclusión. Tendrá que explicar al Estado que beneficios dejó la norma y que falto cumplir para maximizar los beneficios por la explotación del gas y el petróleo para la población”, subrayó el ingeniero petrolero.

La industria del gas tiene un marco legal disperso
La Agenda de Reactivación de los Hidrocarburos que dejó el gobierno transitorio de la expresidenta, Jeanine Añez, a la actual administración del Estado, señaló que desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, pasando por otras leyes – como la ley de incentivos-; decretos supremos -como el denominado “Héroes del Chaco” – hasta resoluciones ministeriales -como la que determina la asignación de la producción de gas natural a los mercados de exportación- no existe un cuerpo único legal vigente en el país.

Es más durante el período 2005-2021, en que está vigente la norma para la industria del gas, no fue la única disposición legal que marcó el ritmo legal del sector.

«De hecho existió una superposición de normas y la existencia de contradicciones entre ellas, y un escenario distinto a nivel nacional e internacional que demanda nuevas políticas hidrocarburíferas, lo que hace necesarias la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que se convierta en el criterio ordenador en el marco legal aplicado a este sector», planteó el documento oficial que tiene el ministro en las gavetas de su despacho.

Propuesta para una reforma integral de la Ley 3058
El gobierno transitorio dejó también una propuesta integral para encarar una reforma a la Ley de Hidrocarburos.Bajo el liderazgo del Ministerio de Hidrocarburos y acompañado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), un grupo de técnicos debe trabajar en un proyecto de Ley de Hidrocarburos que sea consistente con la CPE y, en lo posible, con las leyes relacionadas con el sector y que fueron aprobadas después del año 2005, planteó la Agenda de Reactivación de los Hidrocarburos.

La presencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el equipo de trabajo se debe a que será parte importante (y sustantiva) de la nueva ley, en el capítulo sobre impuestos, regalías y participaciones aplicados al sector, así como su distribución a nivel nacional y regional, sugirió el informe.

Reformas para captar mayores inversiones
“Creemos que todo este compromiso, con toda la adecuación normativa que estamos trabajando vamos a lograr este cambio importante”, anunció Molina para quién es imprescindible hacer los ajustes para lograr captar mayores inversiones privadas que requiere el sector.

“Nuestro el sector de hidrocarburos requiere fuertes inversiones al mismo tiempo requiere una nueva visión (para encarar el desarrollo de) la industria los últimos años y las perspectivas que tiene para las siguientes (décadas)”, afirmó el Ministro.

Publicado en: Brújula Digital