Los operadores privados consideran importante reforzar la seguridad jurídica y llevar a cabo cambios que tengan relación con la mejora en la producción de campos maduros y con los incentivos para el sector

El Gobierno anunció que este año se modificarán al menos dos importantes aspectos de la Ley 3058 de Hidrocarburos y que realizará cambios a la Ley 767, de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Las petroleras privadas identifican cuatro elementos que permitirán ampliar su participación en el upstream; el primero, la seguridad jurídica.

La administración de Luis Arce impulsa un plan de reactivación de las inversiones en búsqueda y producción de gas y petróleo. Esta estrategia incluye nuevos mecanismos técnicos, financieros y legales, informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina.

“En este momento, las condiciones del mercado y de la industria petrolera requieren un ajuste”, por lo que “estamos trabajando en distintos mecanismos que tienen que ver, incluso, con la modificación de la Ley 3058” y “la adecuación de la Ley (767)”, indicó la autoridad, en el marco de la Rendición Pública de Cuentas Final 2021 del sector energético.

Medidas necesarias

El segundo caso tiene que ver con cambios en los mecanismos de devolución de los incentivos, en tanto que el primero está relacionado con ajustes a los “retornos económicos” para las petroleras y a “los aspectos vinculados con la capacidad de inversión” de las empresas que operan en el país, entre otros “aspectos que promuevan la inversión y la exploración”.

Este trabajo, remarcó Molina, “requiere un esfuerzo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el compromiso de las regiones”.

Para la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), “la posible modificación de la Ley 3058 es una buena señal”. “Es necesario que el país ofrezca condiciones para las inversiones y el potencial negocio futuro”, elementos como el “equilibrio entre el atractivo técnico y económico de los diferentes proyectos” que “están buscando las empresas en el ámbito mundial”, informó la institución a EL DEBER.

“El problema es mucho más grande que cambiar la redacción de una ley”, dijo el exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres, quien considera que la actual administración “no sabe cómo” afrontar las consecuencias de “la falta de exploración hidrocarburífera en el país durante 14 años”.

A través de YPFB Corporación, se han hecho “pequeñas inversiones” insuficientes para incrementar las reservas de gas y petróleo, y para atender la demanda del mercado interno y de Argentina de los próximos años, indicó.

Según Torres, no hay empresas que quieran invertir en Bolivia, luego de que en 2007 el país oficializará su salida del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que deja este delicado asunto para las inversiones a merced del controvertido sistema judicial y de las leyes del país.

Además, en caso de tener éxito, se requieren 10 años para incorporar la producción de un nuevo campo gasífero, un tiempo corto si se toma en cuenta la acelerada declinación de los megacampos, el potencial desabastecimiento de gas derivado de una menor producción y el incremento del consumo en el mercado interno.

Al momento, se ejecutan 19 pozos exploratorios, de los que tres son operados por privados.

Con el objetivo de ampliar sus inversiones, las petroleras privadas consideran necesario reforzar la seguridad jurídica, revisar la cuestión de los incentivos, implementar acciones para mejorar la producción en campos maduros y hacer más eficiente la aplicación de los contratos, entre otros.

Para la CBHE, existe el compromiso de “impulsar la reactivación de la industria” petrolera, para lo cual “trabajará en conjunto con los organismos de Gobierno”.

Publicado en: El Deber