El 80% del combustible que se desvía en el país a actividades ilícitas es dirigido para el consumo de los autos chutos, para la minería ilegal, los bidoneros y revendedores, mientras que sólo el 20% se destina al contrabando, por lo que el plan de control recientemente presentado busca frenar esas actividades, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

El jueves, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Defensa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentaron la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, que establece controles militares en 12 puntos fronterizos, limita la venta en galones y dispone el control por GPS a cisternas. Para ello, el Gobierno aprobó dos decretos supremos, el 4910 y el 4911, para mejorar los controles.

“Se ha identificado que de 250 millones de litros que se desvían a estas actividades, el 80% es para la actividad ilícita, expendio de revendedores, bidoneros, autos chutos y minería ilegal, y 20% sale de contrabando”, precisó Molina en declaraciones a Bolivia Tv.

Una vez identificado el problema, se busca aplicar medidas correctivas, porque los recursos que los bolivianos pagan en impuestos permiten cubrir la subvención y se debe controlar y fiscalizar.

El ministro añadió que se intensificaron los controles en zonas de riesgo, como Puerto Suárez, (Santa Cruz), Guayaramerín, Riberalta (Beni), Desaguadero (La Paz) y Cobija (Pando), que se encuentran en áreas fronterizas.

El combustible llega a lugares donde los vehículos cargan gasolina sin contar con documentación legal, como es el caso de los autos chutos, la minería ilegal y el contrabando. En estas zonas se llevarán a cabo actividades de interdicción y de control para evitar que los carburantes nutran el mercado negro de combustibles, añadió.

La autoridad aclaró que el decreto 4910 “no restringe el suministro de carburantes al transporte público ni privado ni a las actividades productivas”,

“Todos los que cuenten con el registro B-SISA tienen que estar totalmente tranquilos, que se preocupen todos los que están llevando adelante actividades ilícitas destinadas al contrabando y a la minería ilegal, vamos a ser implacables”, manifestó Molina.

En ese sentido, informó que efectivos militares y policiales coadyuvan con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en las tareas de control de la venta de combustibles para evitar que los productos sean destinados al mercado negro.

Explicó que esta política marca una ruta para implementar una serie de medidas de control y optimización, desde la importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, y así generar un ahorro al Estado en la subvención de carburantes de 250 millones de dólares durante una primera fase de ejecución.

Bolivia enfrenta una crisis de caída de reservas internacionales netas y una de las causas es justamente el pago de la subvención a los combustibles.

Molina indicó que el sector productivo, para llevar combustibles en bidones para su maquinaria, deberá registrarse en función de los volúmenes que establece el decreto aprobado. Para sustancias controladas, el decreto 4911 establece el registro en línea, que antes era manual y se prestaba a corrupción.

“Ahora será controlado con el sistema informático en el Ministerio de Gobierno y a donde tendrán acceso la Agencia Nacional de Hidrocarburos y YPFB. Esto permitirá una mejor trazabilidad, si antes debía viajar de campo a ciudad, ahora se puede hacer declaración jurada desde casa”, remarcó.

Publicado en: Página Siete