En 13 años y medio (desde 2007 hasta junio 2021), los costos recuperables exigidos por las empresas petroleras sumaron 12.018,2 millones de dólares que el Estado les reconoce  por los  gastos de operación y la amortización de sus inversiones, según revela un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El documento “Información financiera contratos de servicios petroleros a junio 2021” de la estatal petrolera revela los principales componentes de los costos recuperables. Estos se componen de costos de operación que tienen como finalidad garantizar la continuidad de la producción de hidrocarburos.

El otro componente de los costos recuperables es la amortización de inversiones, que consiste en la devolución de las inversiones que generaron el inicio de la producción, el mantenimiento y  la producción de gas y líquidos.

De los 12.108,2  millones de dólares que reconoce el Estado por este concepto, 4.353,2 millones de dólares corresponde a los costos de operación (36,22%) en los que incurrieron las empresas desde 2007. Mientras que 7.665 millones de dólares son por la amortización de inversiones (63,78%) que el Estado devuelve a las compañías. (Ver gráfica)

Los costos recuperables que hasta 2013 estaban por debajo de 748,2 millones de dólares, a partir de 2014 crecieron por encima de los 1.000 millones de dólares, según el informe.

 El año en el que más se elevó este monto fue 2019 con 1.562,1 millones de dólares reconocidos por el Estado.  A junio de 2021    el valor a retribuir a las empresas era de  475,6 millones de dólares.

Declinación de producción

Los datos coinciden con el proceso de declinación de la producción de gas natural a partir de 2015.

Es decir, se paga más y la oferta disminuye.

De acuerdo con datos oficiales ese año se alcanzó 61,33 millones de metros cúbicos día (MMmcd); pero en 2020 se bajó a 43,52 MMmcd y a noviembre de este año se tienen 45 MMmcd.

El  analista del sector Francesco Zaratti explicó que los costos de operación de los campos petroleros tienen que ver con salarios, servicios y otros.

Mientras que la amortización de las inversiones se refiere al capital destinado a la exploración y explotación, que asciende a 9.389 millones de dólares, incluyendo las inversiones anteriores a 2007 (Anexo G de los contratos de servicios).

Zaratti añadió que los casi 54.000 millones de dólares que se generaron desde 2007 por la comercialización de hidrocarburos se repartieron en un 74% para YPFB y 26% a las empresas petroleras, incluyendo a  Chaco y Andina.

Por otra parte, los datos de YPFB revelan que  en el período de análisis la retribución del titular de los contratos alcanzó a 19.042 millones de dólares (costos recuperados 10.655 millones de dólares y participación en las utilidades 8.387,9 millones de dólares). Este último valor es superior a los 6.425,6 millones de dólares que corresponden a  la participación de YPFB.

De acuerdo con Zaratti,  el total recaudado por el Estado por el ingreso operacional asciende a 95%. En cuanto al ingreso total de la venta de hidrocarburos, el Estado se queda con el 74% y las empresas con el 26%.

Para el analista, la elevada renta neta estatal (95% del ingreso operacional que en algunos años ha superado incluso el 100% debido a la utilidad “negativa” de algunos campos) lejos de ser un éxito, representa una barrera para las inversiones en el sector, considerando la existencia de campos grandes y pequeños.

En su criterio, este es el  origen de la actual crisis de producción y reservas, y de la tendencia que existe de  devolver a YPFB los campos petroleros en declinación. “Las cifras de las inversiones recuperables ocultan fracasos exploratorios realizados en campos bajo contrato, como ha sido el caso del pozo Boyui, explorado como parte del campo Margarita y, por tanto, con costos recuperables”, puntualizó.

Observó que la tendencia de los costos recuperables muestra que la recuperación de las inversiones supera con creces los costos de operación (64% versus 36%). Eso explica, dijo,  por que las empresas petroleras prefirieron firmar los contratos de servicios petroleros   con el fin de recuperar su inversiones y obtener buenas utilidades, sin obligarse a realizar inversiones exploratorias de riesgo. “La acelerada monetización de las reservas de gas interpela éticamente en torno a la justicia generacional. Considerando que el resultado de esos ingresos ha sido decepcionante para el desarrollo del país, qué dejamos a las nuevas generaciones”, expresó  el analista.

El exministro de Hidrocarburos  Álvaro Ríos  sostuvo que el esquema de costos recuperables   que se debe retribuir a las petroleras luego de las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no ha resultado en un modelo exitoso para reactivar la exploración.

“Por lo tanto,  el modelo contractual  y tributario  en Bolivia  debe cambiarse y revisarse para que tengamos una nueva era de exploración y podamos encarar los próximos 30 años con suministro interno de hidrocarburos y ojalá continuar con la exportación de gas”, subrayó Ríos.

Añadió que desde 2015 hay un quiebre porque comienza a declinar la producción de gas.

Pero también se reducen los precios de exportación que hasta entonces se situaban entre 10 y 11 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica) y aumenta la deuda para compensar las inversiones de las empresas.

El exsecretario de hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz  José Padilla  manifestó que los últimos años la producción de gas y de líquidos disminuyó, pero los gastos se mantienen y eso se incluye en los costos recuperables.  “Los costos fijos de producción  siguen siendo  los mismos, pero la producción de gas baja. Hay una planilla fija  por ejemplo con 100 obreros y así se  produzca más o menos, igual hay que pagar”, puntualizó.

Renta petrolera

El informe de YPFB refiere que entre 2007 y junio 2021, la renta petrolera sumó 39.868 millones de dólares. “La participación del Estado en el negocio petrolero es en promedio 74% del ingreso comercializado neto y 95% del ingreso bruto. La participación puede superar el 100% debido a que los prestadores de servicios están obligados a realizar el pago de impuestos y patentes, al margen de la utilidad que genere o no el negocio”, remarca el informe de la  estatal petrolera.