Al aeropuerto de Chimoré, las plantas de Úrea y Amoniaco, las empresas públicas Ebococa y Lacteosbol, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y decenas de proyectos ejecutados en el Chapare, se suma la reciente compensación económica de 1,6 millones de dólares para los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos les pagó por los  impactos ambientales  del Gasoducto Carrasco-Cochabamba.

Desde hace más de una década, el Chapare -región productora de coca y bastión del MAS- se ha beneficiado con megaobras, proyectos de envergadura e inversiones millonarias, convirtiéndose en la más beneficiada del “proceso de cambio”.

“El Gobierno ha hecho muchas y muy grandes inversiones en el Chapare y seguramente algo ha debido llegar a los campesinos. Pero, creo que en general han sido malas inversiones, sin impacto positivo. Resaltan la planta de úrea y el aeropuerto de Chimoré que no tienen utilidad ni beneficio para los cocaleros”, afirma el analista Roberto Laserna.

La compensación

La compensación  de 1,6 millones de dólares fue revelada por el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales la semana pasada, en un ampliado de evaluación realizado en el trópico cochabambino.

“Recién sacamos nuestra personería jurídica y ahora tenemos una cuenta bancaria que era necesaria (para el depósito). Quiero que sepan, compañeros, tenemos de compensación colectiva a las seis federaciones más de un millón de dólares de YPFB Transporte ”, dijo Morales.

Hace unos días, la estatal petrolera confirmó la compensación y aclaró que en diciembre de 2021 ya efectuó el desembolso del 50% de los 1,6 millones de dólares a la cuenta de las seis federaciones de cocaleros.

“Los $us 1,6 millones, monto establecido como producto de la compensación por impactos socioambientales del proyecto, deberían ser invertidos en proyectos de estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel. El 50% ya fue transferido en diciembre del 2021 para el inicio de los proyectos mencionados y el restante 50% será transferido una vez se demuestre el avance físico y financiero correspondiente de los mismos”, dice el comunicado oficial de la petrolera.

Ese dinero debe destinarse a la construcción de estaciones de servicio o surtidores  que abastezcan la demanda de combustible tras el crecimiento del parque automotor en la región.

Marcial Carlos Córdoba, concejal suplente por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en el municipio de Entre Ríos, del trópico, precisa que en el Chapare  hay entre 12 y 15 surtidores que no logran abastecer la demanda, lo que impulsa el contrabando de combustible,  gasolina sobre todo.

“En mi municipio tenemos dos surtidores, pero se necesita  más  porque se genera mucha trancadera en las estaciones”, dice.

Respecto a la ejecución de los proyectos, Córdoba precisa que aún no dan detalles ni la coordinadora ni su federación; tampoco informan cómo invertirán los recursos ni su distribución a los sindicatos o municipios.

“Por el momento no están informando a los sindicatos, creo que todavía lo están viendo en Gabinete. Acá están comentando sobre esos recursos de 1,6 millones de dólares. Aún no han oficializado a las bases en qué rubro van a invertirlo, aunque dijeron que será para surtidores”, indica Córdoba, quien pertenece a la Federación Mamoré de Bulo Bulo de Entre Ríos.

Megaobras en el Chapare

Según datos del Ministerio de la Presidencia, entre 2011 y 2019 el gobierno del MAS benefició a los municipios del trópico productores de coca con 417 proyectos del programa Bolivia cambia, Evo  cumple por 1,4 millones de bolivianos.

“Como parte de los proyectos en el Chapare está el ciclo combinado que es una planta inmensa, luego -en importancia- tenemos la Planta de Úrea y Amoniaco. También tenemos proyectos con el Bolivia cambia Evo cumple como los módulos educativos que cuestan entre ocho a 10 millones de bolivianos. La empresa Ebococa, donde tenían que fabricar mates y queques de coca no funciona hasta el momento y se ha convertido en un elefante blanco, no sabemos qué pasó”, evalúa Córdoba.

Otras obras de envergadura son el aeropuerto Soberanía del municipio Chimoré que costó al Estado 34,5 millones de dólares y que en 2018 y 2019 registró un déficit superior a los 20 mil bolivianos, según datos del Ministerio de Obras Públicas.

La Empresa Boliviana de Coca, Ebococa, fue inaugurada en 2010 y durante tres años funcionó al 20% de su capacidad, hasta que en 2014 suspendió operaciones.En 2021 hubo la intención de reactivarla, pero a la fecha continúa sin funcionar.El Chapare es además sede de  la planta de lácteos (Lacteosbol) y la planta procesadora de papel (Papelbol).

En el municipio de Villa Tunari está el CAR, que tiene una piscina olímpica y un estadio de primer nivel. En Shinahota e Ivirgarzama también se construyeron estadios deportivos de lujo.

La Planta Industrializadora de Úrea y Amoniaco, en el municipio de Entre Ríos, otra de las megaobras del MAS, registró diversas paralizaciones y ha sido observada por su ubicación y la falta de mercados externos para los fertilizantes.

Página Siete buscó la opinin del presidente de la Mancomunidad del Trópico, el  alcalde de Puerto Villarroel Limber Cossío, pero no obtuvo respuesta.

“Compensar a los sindicatos por los oleoductos busca seguir reforzando ese sistema de poder y dominación de los cocaleros”, asegura el analista político y económico Roberto Laserna sobre los 1,6 millones de dólares que YPFB Transporte transferirá a las Seis Federaciones del Trópico como compensación ambiental por la construcción del Gasoducto Carrasco en 2007.

Para Laserna, la compensación millonaria a los cocaleros es irregular, por lo que insta a la Contraloría y Procuraduría investigar el caso.

“Creo que se trata de una iniciativa irregular que requiere de mayor explicación por parte de YPFB. Además, la Contraloría y la Procuraduría deberían estar actuando para esclarecer esta situación. YPFB no ha dado todavía explicaciones claras sobre esta compensación de cómo la calcularon, cuándo la negociaron, con quiénes, cuáles son las comunidades afectadas y de qué manera éstas se beneficiarán con la compensación. El país debe saber por qué se excluye de la compensación a las comunidades indígenas yuracarés y yuquis”, cuestiona Laserna.

Legisladores de la oposición también observaron los recursos destinados a los sindicatos cocaleros. El diputado  de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedraza declaró  que Evo Morales “no conforme con el despilfarro de 14 años, donde gastó el dinero estatal en canchitas o en proyectos fantasmas como el caso Fondioc, continúa saqueando a los bolivianos”.

Mientras que la senadora de Creemos Centa Rek sostuvo que ese tipo de compensaciones deben ser para reparar los daños ocasionados por ciertas obras a los ecosistemas y no para beneficiar a un sector en particular.

Ante estas críticas y otras más, el senador oficialista Leonardo Loza presentó el pasado jueves en el  Juzgado del Chapare una denuncia por difamación y calumnias contra tres diputados opositores que cuestionaron el pago de compensación que hace YPFB a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. (MMM)

Publicado en: Página Siete