Los exportadores de productos básicos ubicados en Brasil, que han sido multados por tala ilegal y deforestación en la Amazonía, comercian libremente con grandes importadores e inversores de todo el mundo y reciben financiación de estos, según afirma un informe divulgado en abril por la ONG Amazon Watch y elaborado junto con National Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil (APIB), el organismo brasileño de coordinación de los grupos indígenas del país.

El informe sostiene que, si bien los productores de soya, ganado, madera y otros productos básicos fueron imputados de delitos medioambientales en la Amazonía, sus productos continúan ingresando a los mercados internacionales, en especial a los tres socios comerciales más importantes que tiene Brasil: China, la Unión Europea y Estados Unidos. La UE, por ejemplo, obtiene el 41 % de sus importaciones de carne de Brasil, mientras que la ganadería sigue siendo la causa principal de la deforestación amazónica.

“Todos compramos productos que están destruyendo los bosques de manera ilegal —afirma Christian Poirier, director de programa en Amazon Watch—. Esta investigación demuestra cómo los mercados mundiales mantienen a los peores actores en el sector agroindustrial de Brasil. La zona de la Amazonía sufrió una pérdida de 1300 millones de hectáreas (5019 mi2) de bosques en el 2018, mientras que el propio Brasil tuvo un repunte importante en deforestación el mismo año, durante la campaña del candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones.

Empresas multinacionales citadas
El informe afirma que los productos básicos que se originan en zonas deforestadas de manera ilegal en Brasil llegan libremente a una variedad amplia de mercados por medio de cadenas de suministro en todo el mundo. Amazon Watch nombró 23 empresas importadoras que tienen relación comercial o financiera con exportadores brasileños multados, incluidas las gigantes multinacionales de productos básicos alimenticios y agropecuarios Bunge, Cargill y ADM.

Según el informe, en abril del 2018, Ibama (el ente de regulación medioambiental de Brasil), multó a cinco de los grandes comerciantes agrícolas del país (incluidos Cargill y Bunge) por haber comprado tres mil toneladas de soya y de otros granos a granjas embargadas, que han destruido vegetación nativa dentro del bioma del Cerrado —la sabana brasileña— en una operación que aplicó multas medioambientales por un total de alrededor de 27 millones de dólares tanto para comerciantes como para granjeros.

En un comunicado por correo electrónico, Bunge afirmó que había recibido una notificación de Ibama en abril del 2018, relacionada con la “supuesta compra” de unas 225 toneladas de soya “producidas en zonas prohibidas para la agricultura”. Pero la empresa sostiene que pone en duda las acusaciones y que ha enviado una respuesta formal para impugnar los hallazgos de Ibama. “Pensamos utilizar todos los canales disponibles para aclarar este asunto y esperamos resolver esto lo antes posible”, escribió Bunge.

En un comunicado por correo electrónico, Cargill afirmó que “las acusaciones no tienen fundamento” y negó cualquier relación comercial con las propiedades en cuestión o con las supuestas transacciones fuera de la norma. “Enviamos nuestra explicación a Ibama, y es importante mencionar que, hasta la fecha, no se ha impuesto ninguna multa”, escribió la empresa.

ADM dijo que no respondería solicitudes de comentarios de manera directa, sino que la respuesta llegaría por parte de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove). En un comunicado por correo electrónico, Abiove afirmó que la lucha contra la deforestación “es tratada con prioridad” y que la organización ha implementado varias acciones desde el 2006 “para eliminar la deforestación en la cadena de la soya”.

Abiove citó la “moratoria de la soya” de Brasil, que utiliza datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), un organismo gubernamental con sede en Brasil, para controlar la plantación de soya en zonas deforestadas después de julio del 2008, lo que garantiza a las compañías afiliadas “una política de deforestación cero a través de procedimientos y auditorías independientes que no compran soya a granjas donde se haya detectado la deforestación después de la fecha mencionada”.

Según el informe, algunas empresas exportadoras brasileñas, relacionadas con la deforestación, también reciben grandes ingresos de financiación de bancos y de administradores de activos (en su mayoría con sede en Estados Unidos y en Europa). Para llegar a esta conclusión, se entrecruzaron datos de las multas más grandes por deforestación ilegal que aplicó Ibama desde el 2017 con datos de 23 empresas importadoras y cuatro comerciantes de productos básicos, además de la conexión financiera mundial con las cadenas de suministros.

En el aspecto financiero, el informe señala con contundencia a BlackRock, la empresa estadounidense de gestión de inversiones mundiales, como un “financiero clave de los gigantes agropecuarios más involucrados en la deforestación de la Amazonía brasileña”. Según el informe, BlackRock tiene más de 2500 millones de dólares en acciones de estas empresas brasileñas. BlackRock afirmó a través de un correo electrónico que “no hará comentarios”.

Deforestación amazónica en aumento
“En la actualidad, no existe un equilibrio entre los deseos de la industria y los derechos humanos fundamentales y la protección medioambiental —sostiene Poirier—. Vemos que la industria consigue todo lo que quiere, y la gente en los bosques está pagando el precio. No podemos permitirlo”.

Las pérdidas forestales en la Amazonía aumentaron un 54 % en enero, en comparación con el año anterior, según datos de Imazon, un instituto de investigación brasileño. Según Amazon Watch, la cría de ganado y la producción de soya son los causantes principales de la deforestación (legal e ilegal) en el país, con un total combinado del 80 % de la deforestación amazónica.

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Los expertos temen que la deforestación se acentúe durante la presidencia de Bolsonaro, debido a los planes del presidente para abrir las tierras indígenas a la minería y a la industria agropecuaria, así como también al continuo debilitamiento de las normas y organismos medioambientales.

“Hay una tendencia a empeorar con Bolsonaro. Y recién estamos al comienzo de su gobierno y en medio de la temporada de lluvias en la Amazonía, cuando es más difícil llevar adelante la deforestación”, señaló Paulo Barreto, un investigador sénior de Imazon.

Desde Presidencia no hubo respuestas a la solicitud de comentarios.

Cadenas de suministros conectadas con la deforestación
La empresa ganadera Agropecuária Santa Barbara Xinguara (Agro SB) está a la cabeza de la lista de Ibama de las multas más altas por la deforestación ilegal en la Amazonía en el 2017, con un total de 20 000 millones de dólares, según el informe. Agro SB pertenece a Opportunity Fund, que está controlada por el conocido banquero Daniel Valente Dantas, quien ha sido imputado de delitos financieros en Brasil.

El informe incluye pruebas circunstanciales de que las granjas AgroSB venden ganado a JBS, uno de los exportadores de carne más grandes de Brasil y una empresa ligada a la corrupción. Según el informe, la granja de AgroSB, Fazenda Espírito Santo, en el norte del estado de Pará, señaló que fue distinguida en el 2017 por brindar “el mejor lote de animales sacrificados de enero en JBS”.

En un comunicado por correo electrónico, el gerente de personas y sustentabilidad de AgroSB, Cledson Rocha Lima, afirmó que la empresa había sido multada en el 2017 por “supuesta comercialización” de ganado de áreas embargadas en la granja Vale Sereno, pero que Ibama “reconoció que había cometido un error” y había comenzado a suspender estas sanciones a partir del 2018.

En un comunicado por correo electrónico, JBS señaló que no adquiere animales de granjas involucradas en delitos ambientales y que tiene una política de compras responsable que establece “un criterio social y ambiental estricto para la selección de proveedores” mediante un sistema de monitoreo que emplea imágenes satelitales y datos georreferenciales de granjas, así como también información de organismos gubernamentales para apoyar un análisis diario de más de 80 000 proveedores de ganado en Brasil. “Cualquier granja no conforme queda inmediatamente bloqueada en el sistema de compras de la empresa”, agregó en el comunicado.

Sin embargo, es bien sabido que los productores de ganado y de productos básicos de Brasil utilizan un Sin embargo, es bien sabido que los productores de ganado y de productos básicos de Brasil utilizan un para simular que el ganado no fue criado en zonas recientemente deforestadas.

JBS es el procesador de carne más importante del mundo, con operaciones en Brasil, Canadá, Estados Unidos y Australia. La empresa tiene un registro largo de corrupción en Brasil, en la que sus empleados (incluido el anterior CEO Wesley Batista, y el anterior director Joesley Batista) han sido conectados con escándalos de sobornos. Esto incluye el soborno a tres presidentes brasileños y a más de 1800 funcionarios electos, según sostiene el informe. JBS Brasil opera 35 fábricas procesadoras de carne con una capacidad diaria de 34 200 cabezas a lo largo de 10 estados brasileños. Varias están ubicadas en la Amazonía. JBS exporta regularmente carne y productos derivados a Estados Unidos y a Europa.

Productos derivados de la madera mencionados
También se aplicaron multas por un total de 3,9 millones de dólares por falta de supervisión ambiental en madera comerciada entre el 2017 y el 2018 a Nordisk Timber Eireli que, según el informe, provee a una serie de empresas líderes en madera dura en Europa y en Estados Unidos.

La dueña de Nordisk, Edma Lamounier Barros, negó las acusaciones. “No estoy al tanto de esta multa… No recibimos ninguna multa de Ibama desde que compramos la empresa [en el 2015] —informó Barros a Mongabay por teléfono. Sin embargo, explicó que están apelando unas multas impuestas durante la presidencia del dueño anterior de la empresa—. Solo trabajamos con madera certificada, tenemos el Sello Verde… Somos muy cuidadosos con esto… No tentamos a la suerte”, señaló y agregó que la empresa vende madera de áreas de manejo forestal, incluidos Estados Unidos, Europa y China.

El informe cita a Vandecasteele Houtimport y a Vogel Import & Export (ambas con sede en Bélgica) por comprar, respectivamente, 437 y 743 toneladas de madera a Nordisk entre el 2017 y el 2018. Según el informe, durante el mismo periodo, Tradelink Group (con sede en el Reino Unido) adquirió 1036 toneladas de madera de Nordisk, mientras que las empresas GWW Houtimport, Hoogendoorn Hout y Van den Berg Hardhout (con sede en Países Bajos) importaron, respectivamente, 1122 toneladas, 526 toneladas y 4403 toneladas. Northwest Hardwoods (con sede en Estados Unidos) también se encuentra en la lista, con 60 toneladas de madera importada de Nordisk entre el 2017 y el 2018, según Amazon Watch.

El informe también menciona a Tradelink Madeiras, una subsidiaria de Tradelink Group en Brasil, por su “mala fama de violar la ley ambiental brasileña en repetidas ocasiones”. Cita multas por un total aproximado de USD 260 000, junto con denuncias por trabajo esclavo en la cadena de suministros durante el mismo año.

En un comunicado por correo electrónico, el oficial de cumplimiento de normas de Tradelink Group, Robbie Weich, negó todas las acusaciones. “Toda la materia prima comprada por Tradelink durante el periodo de investigación [2017] no tiene ninguna acusación de deforestación ilegal, y nuestra defensa administrativa presentada en tiempo y forma respecto de cada multa está bajo revisión de la autoridad competente”, escribió. Agregó que las multas se refieren a “pequeños inconvenientes administrativos” planteados por el estado de Pará, pero rechazados por Ibama. Weich agregó que el equipo de diligencia debida de la empresa en Brasil “lleva a cabo auditorías detalladas en la cadena de suministro y en el campo por cada compra de materia prima” y desestimó toda acusación de trabajo esclavo. Además, agregó que Tradelink es una de solo dos empresas en el sector de madera dura que es signataria y asociada del Instituto del Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (inPACTO).

Vandecasteele y Vogel señalaron que no responderían de manera individual, sino a través de Fedustria, que representa a la federación belga de industrias textiles, madereras y de amoblamientos, incluidas las empresas importadoras de madera.

“Queremos subrayar que las empresas importadoras mencionadas se oponen rotundamente a cualquier comercio de madera ilegal y que han tomado todas las medidas posibles y acciones de diligencia debida (tal como lo requiere el Reglamento de la Madera de la Unión Europea) para asegurar que no se saca ni comercia madera ilegal”, escribió en una carta firmada el director general de Fedustria, Filip De Jaeger.

Jaeger agregó que “los afiliados a Fedustria llevan adelante un proceso riguroso de diligencia debida para mitigar los riesgos” cuando comienzan a operar con un proveedor. “En el contexto de la puesta en práctica de los procesos EUTR [Reglamento de la Madera de la Unión Europea] —controlados por autoridades nacionales en la Unión Europea—, la información contenida en el informe de Amazon Watch será primero verificada y controlada, y se tomarán medidas correctivas si fuera necesario”.

En un comunicado por correo electrónico, el subdirector de GWW, Arjan de Jong, escribió que estaba “sorprendido y conmocionado” por enterarse de que uno de sus proveedores brasileños está relacionado con el incumplimiento del control medioambiental, ya que la empresa solo compra y vende madera certificada.

Si bien GWW Houtimport no tiene compras abiertas con Nordisk en el presente, Jaeger afirmó que la empresa “está en conversaciones con este aserradero, lo que indica que el caso sigue en etapa judicial, y tiene confianza en que el resultado mostrará que no se han realizado prácticas ilegales”.

Northwest Hardwoods, Hoogendoorn Hout y Van den Berg Hardhout no respondieron al pedido de comentarios.

El informe también afirma que los supermercados orgánicos de lujo en Alemania compraron 9,1 toneladas de extracto de pulpa de açaí, producido en tierras recientemente deforestadas en el estado de Pará por la empresa brasileña Argus Comercio e Exportação de Alimentos, a pesar de las multas por USD 570 000 impuestas a su dueño, Arnaldo Andrade Betzel, entre el 2017 y el 2018.

En un comunicado por correo electrónico, el director de operaciones de la empresa, Rafael Siqueira, sostuvo que la notificación de infracción elaborada por Ibama contra Betzel es “injustificada” y que aún no ha sido materia de dictamen por parte del organismo. “La empresa lleva a cabo sus actividades en la más estricta legalidad, con todas las autorizaciones necesarias para la operación, emitidas por el Gobierno”, escribió. Siqueira agregó que los productos exportados por la empresa provienen de áreas con licencia legal, sin ningún inconveniente legal respecto de la plantación y de la cosecha.

El comercio de la moda relacionado con la deforestación
Amazon Watch también investigó las cadenas de suministros de los comerciantes minoristas internacionales del sector de la moda, que venden productos ligados a la deforestación ilegal. Según el informe, la cadena minorista de accesorios Brighton Collectibles (con sede en Estados Unidos) compró 28 embarques de cuero por un total de 4,4 toneladas a la curtiduría italiana Faeda. Esta, a su vez, importó el cuero de Frigorífico Redentor (con sede en Brasil), una subsidiaria del Grupo BIHL (una empresa familiar), que fue multada por un millón de dólares entre el 2017 y el 2018 por deforestación ilegal. En el 2009, una investigación de la Policía Federal llevó a prisión a cuatro de los hermanos BIHL por sobornos a funcionarios públicos y a inspectores relacionados con las operaciones ganaderas de la empresa, según el informe.

En un comunicado por correo electrónico, Faeda afirmó que el grupo BIHL es un “proveedor esporádico” y que le compró menos del 0,2 % de su materia prima en los últimos dos años y que esa cantidad no fue vendida a Brighton Collectibles. “Profundizaremos en el tema para comprender su participación en la deforestación, pero es seguro que dejaremos de comprarles de inmediato si se confirma la noticia”, escribieron desde la empresa.

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Faeda sostuvo que les preocupa el medioambiente y la sustentabilidad y que “no podemos aceptar que nuestros proveedores estén involucrados en la deforestación amazónica”, razón por la cual selecciona proveedores preferenciales entre las empresas certificadas por LWG [Leather Working Group].

Brighton y BIHL no respondieron a los pedidos de comentarios.

Punto de inflexión: sector privado promueve cambios
Si bien, durante siglos, la economía de Brasil ha estado basada en las exportaciones de productos básicos (en su gran mayoría derivados de zonas deforestadas), los conservacionistas y los científicos han instado cada vez más a un alto en la deforestación de la Amazonía, en especial como medio para mantener el almacenamiento de carbono allí, con el objetivo de frenar el cambio climático en Sudamérica y en el resto del mundo.

“Esta es la contradicción brasileña: por un lado, el país tiene la pluviselva más grande del mundo, que está allí para asegurar el futuro de la vida humana en la Tierra… y [por otro lado también posee] una frontera agrícola en expansión, con la economía del país sumamente dependiente de la agroindustria”, señaló Paulo Adario, estratega forestal de Greenpeace International.

Impulsado por el comercio de productos básicos, Brasil es el vigesimosegundo exportador más grande del mundo, según el informe. Mientras el país enfrenta la peor crisis financiera en décadas, los voceros de la industria destacan con frecuencia que el sector agrícola es una prioridad para estimular la economía brasileña. Entre la agricultura y la agroindustria suman el 44 % de las exportaciones del país y el 23 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2017, lo más alto en los últimos 13 años, según la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA).

A medida que el gobierno de Bolsonaro avanza con la desregulación medioambiental, el apoyo feroz a la agroindustria y a la minería, y la campaña para desarrollar la Amazonía improductiva, el sector privado tanto en Brasil como en el mundo deberá jugar un papel clave en frenar el comercio de productos provenientes de áreas deforestadas, según afirma Poirier.

“Una de las únicas maneras de detener a Bolsonaro y a su Gobierno [para impedir que deforesten la Amazonía] es perseguir a los mercados internacionales que sostienen el sector agroindustrial primario —explicó—. La buena noticia es que, si los financistas y los compradores de productos básicos de Europa y de Norteamérica cortan lazos con los malos actores brasileños, podrían utilizar su poder en el mercado para enviar una señal al liderazgo brasileño de que la comunidad mundial no tolerará las políticas de la nueva administración”, concluyó Poirier.

Fuente: https://es.mongabay.com/2019/08/brasil-deforestacion-negocios-china-europa-estados-unidos/