Los manifestantes le avisaron a la policía que entre ellos había una mujer embarazada. De pie, frente a una fila de retroexcavadoras, intentaban defender sus casas de un pedido de restitución de la posesión a una empresa privada. Pero la policía los presionaba para que dejaran pasar al convoy y luego los roció con gas pimienta.

La mujer embarazada salió de donde estaba, delante de las retroexcavadoras, tambaleado, con las manos en los ojos.

Era un 12 de agosto y los habitantes de la comunidad de Cajueiro, en la Amazonia brasileña, continuaban con una lucha que se había iniciado en 2014, para salvar sus casas de un proyecto que el gobierno había autorizado a tomar su lugar: un mega-puerto que conectaría la zona rural de San Luis, en el estado de Maranhão, con el resto del mundo.

El llamado Puerto de San Luis, capitaneado por la empresa China Communications Construction Company y por la brasileña WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais, tiene como objetivo facilitar la exportación de minerales y soja producidos en Brasil. A pesar de que hay otros puertos en la región, éste sería el primero que operaría una empresa de China, el país más interesado en abaratar y aumentar la eficiencia de la exportación brasileña de minerales, soja y otros commodities.

En aquel día, más casas fueron destruidas para efectuar la reintegración de 22 lotes. Actualmente quedan en el lugar 34 personas, de las 250 que allí vivían originalmente. Apenas siete lotes todavía no fueron reintegrados.

El conflicto entre la policía y los habitantes de la comunidad mostró que el gobierno actúa en forma agresiva para garantizar la continuidad de la obra, a pesar de que existen investigaciones del Ministerio Público del Estado que cuestionarían la legalidad del proyecto.

La comunidad internacional se muestra preocupada por el tratamiento que los habitantes de Cajueiro recibieron de las autoridades. Una carta en defensa de Cajueiro fue firmada por Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, y por más de cien entidades brasileñas e internacionales.

La batalla también constituye un capítulo más del conflicto entre los que luchan por una Amazonia con más selva y los que la imaginan como una frontera abierta al desarrollo industrial y agropecuario. El puerto de San Luis forma parte del llamado Arco Norte, una iniciativa que recibe inversiones públicas y privadas de magnitud para puertos, vías ferroviarias y carreteras y tiene como objetivo acelerar el flujo de la creciente producción de minerales y granos de la Amazonia y del Cerrado.

Con respecto a la vegetación original, la Amazonia ya perdió un 18% y el bioma del Cerrado, un 50%. Las áreas que todavía están preservadas suelen albergar comunidades indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos) y pequeños productores rurales, como los que están luchando por Cajueiro.

“En la comunidad había gente que vivía allí y convivía hace décadas, que tenían una vida buena y ayudaban a preservar la selva”, explicó Ademar Pereira, de 70 años, uno de los moradores que perdió su casa en estas últimas dos semanas. “Ahora es una tristeza total”.

Entre investigaciones y protestas
La obra del puerto ya deforestó una superficie equivalente a 200 estadios de fútbol. Muchas familias, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, fueron removidas de la comunidad de Cajueiro.

Tal como revelamos en el reportaje Sitiados por el progreso, publicado en Diálogo Chino en abril, en la localidad se vienen demoliendo viviendas desde 2014, con o sin autorización judicial. Existe una presión tan grande para que los moradores dejen la comunidad que, según la Comisión Pastoral de la Tierra, algunos fueron amenazados de muerte por matones.

Además, la compra del terreno donde avanza la obra podría están involucrada en una serie de delitos.

Investigaciones del Ministerio Público del Maranhão señalan que una “cuadrilla” está actuando para apropiarse de tierras públicas con títulos de propiedad falsos para darle lugar a obras de infraestructura en la zona rural de San Luis. La investigación ganó fuerza luego del secuestro de documentos y computadoras del tamaño de cuatro camiones en el mes de abril.

La apropiación de tierras con títulos falsos sería realizada una banda formada por empresas, servidores públicos y notarías, según cuenta Haroldo Paiva de Brito, fiscal de justicia de conflictos agrarios del Ministerio Público de Maranhão.

“¿Cómo se explica que el estado le concede una escritura pública a la comunidad y que, años más tarde, aparezca alguien diciéndose dueño de la tierra? Según nuestra investigación, las tierras públicas fueron usurpadas por particulares, que las vendieron a las empresas privadas relacionadas con la construcción del puerto”, resaltó. “Eso podría dar como resultado la anulación del registro privado de tierras y de la licencia de la obra”.

Sin freno
Para Ana Carolina Carvalho Dias, abogada de la Unión de los Moradores Protección de Jesús del Cajueiro, la acción de desalojo fue ilegal, dado que todavía no se esclareció a quién pertenecen las tierras donde se lleva a cabo la obra portuaria.

A los moradores tampoco se les avisó que serían desalojados. Según Dias, el inicio del desalojo comenzó el lunes, día 12, pero la orden judicial que lo autorizaba recién llegó al día siguiente. De repente, los habitantes vieron cómo sus pertenencias eran colocadas en la calle y sus casas demolidas.

“En un estado democrático de derecho, las partes involucradas en juicios deben ser intimadas e informadas antes de llevar a cabo acciones como ésta”, reclamó. “El desalojo no respetó ese proceso y trató a los habitantes como invasores”.

En los días siguientes, cuando protestaban contra la violencia oficial, manifestantes, habitantes y ex-residentes de Cajueiro fueron expulsados usando la fuerza policial, balas de goma y gas lacrimógeno mientras manifestaban frente al Palacio de los Leones, sede del gobierno del estado. La Orden de los Abogados del Brasil de Maranhão investiga el caso.

Con respecto al desalojo autorizado por el poder judicial del estado de Maranhão, el gobernador Flavio Dino (PCdoB) comentó, en su Twitter, que “la policía militar no puede simplemente negarse a cumplir una orden judicial. Hubo varios intentos de mediación, que lamentablemente se frustraron. No cabe al gobernador anular o suspender una decisión de otro poder”.

A los habitantes desalojados de la comunidad de Cajueiro WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais se les ha ofrecido “casa nueva, empleo, alquiler social y canasta básica”. Un folleto distribuido por la empresa no ofrece detalles ni informa sobre por cuánto tiempo se les concederían esos beneficios.

En un comunicado, el Gobierno de Maranhão declaró que está investigando acusaciones de violencia contra residentes y manifestantes, pero no explicó por qué los lotes fueron reintegrados sin previo aviso.

Hasta el momento de cierre de este artículo, China Communications Construction Company no aceptó los pedidos de entrevista solicitados. Tampoco hemos logrado entrar en contacto con WPR – São Luís Gestión de Puertos y Terminales.

Brasil en el tablero chino
El Puerto de San Luis recibió financiación por hasta 700 millones de dólares (aproximadamente 2.600 millones de reales) del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) luego de un acuerdo firmado por el ex-presidente Michel Temer en septiembre de 2017.

De acuerdo con Ariel Armony, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, las inversiones forman parte de una política del gobierno chino que estimula a empresas nacionales a expandir sus negocios en diversos países. Al plantar banderas en el tablero global del desarrollo económico, China también calienta la disputa por el liderazgo político con Estados Unidos.

“El involucramiento de China en América Latina es parte de una política gubernamental que incentiva a empresas chinas a buscar mejores oportunidades de inversión en todo el mundo. Aunque la intención de esa política haya tenido mayormente connotaciones económicas, los líderes chinos entienden que esa expansión global tiene ramificaciones políticas”, explicó.

Con respecto a los perjuicios ambientales e impactos sociales de esos proyectos, Armony evalúa que China viene exigiendo una mayor transparencia y respeto a la legislación a las empresas que participen en proyectos en América Latina. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las restricciones legales que imponen los países o estados son suficientes para atraer inversiones.

De este modo, explica, engaños en los impactos ambientales y violaciones a los derechos de poblaciones indígenas y ancestrales refuerzan una percepción de que, como dice Armony, “la expansión de China en el sur global tiene su lado negro”.

En una carta abierta firmada por Leilani Farha, la relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, personas y organizaciones que apoyan a la comunidad de Cajueiro señalaron que las autoridades están yendo contra leyes locales para beneficiar el puerto. También cuestionan que el gobierno respalde un modelo de desarrollo a base de cultivos que degradan el ambiente y afectan a comunidades tradicionales.

«El estado de Maranhao refuerza una política de volverse un corredor de exportaciones», concluyen, «en detrimento de su población y su historia»

Fuente: https://dialogochino.net/30162-sao-luis-megaport-conflict-intensifies/?lang=es