Entre abusos laborales y grandes contratos

SINOHYDRO: LA MUESTRA DEL DRAGÓN CHINO Y SU PASO POR BOLIVIA

CEDLA.- En los últimos cinco años, es notorio el incremento de empresas chinas en Bolivia a través de contratos millonarios suscritos con el Estado boliviano, en un escenario de apertura a estas empresas para la ejecución de un significativo número de obras públicas.

Empresas y consorcios como: Sinohydro, CAMC Engineering CO. LTD. Bolivia Branch, Railway y Sinosteel están actualmente a cargo de la construcción de carreteras, la planta hidroeléctrica de San José, la instalación de una planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la instalación de la planta Industrial de Sales de Potasio, el montaje de la planta siderúrgica de El Mutún y la construcción de ferrovías y puentes, entre las obras más importantes. Llama la atención que alguna de las compañías chinas observada como CAMC Engineering CO. LTD, hubiera sido contratada para la ejecución de varias obras públicas (ocho) dejando de lado otras propuestas.

La lucha de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de la empresa china Sinohydro en Bolivia puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma, creando conflictos sociales que no acaban de resolverse por la débil institucionalidad del gobierno actual.

CRISIS Y EXPANSIÓN CHINA

El dinamismo de su crecimiento económico se ha traducido en una participación cada vez mayor en el comercio global, las corrientes de inversión directa y las fuentes del financiamiento internacional. Así, en busca de materias primas, energía y mercados de exportación, China sigue una estrategia sistémica e integral buscando beneficios para promover el crecimiento y la estabilidad de su economía, con políticas de largo plazo, mecanismos de competencia y de mercado, además de una compleja relación entre el sector público y privado. Todo esto bajo control directo e indirecto del gobierno central y los gobiernos provinciales, sea por la vía de la propiedad o mediante incentivos y múltiples políticas e “instituciones transicionales”.

Entre 2005 y 2013, China otorgó a América Latina y el Caribe (ALC), 102.200 millones de dólares en préstamos, sin contar las multimillonarias inversiones en los sectores energético y minero que ascendieron a 346.700 y 171.000 millones de dólares respectivamente en ese mismo período. Más de la mitad de los préstamos fueron dirigidos a proyectos de infraestructura, además de las áreas energética y minera.

En ocasión del primer foro ministerial entre China y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC en 2015, el primer mandatario asiático manifestó la intención de su país de invertir 250.000 millones de dólares en la región durante la próxima década. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, el Banco Central de China anunció el establecimiento de un fondo de inversión de 10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral con la región latinoamericana, en ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de infraestructura. Todo indica que ALC se ha convertido en un socio comercial privilegiado para la implementación de su estrategia de largo plazo.

No obstante, el dinero chino llega con sus propias condiciones. Junto con los pagos de altos intereses, se exige que nuestros países utilicen compañías, materiales, tecnología y hasta mano de obra china en la ejecución de los proyectos que financian por medio de préstamos.

PRESENCIA CHINA EN BOLIVIA

En la región, Bolivia es uno de los países que recibe menos inversiones chinas, pero la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en la mayor fuente de recursos crediticios en los últimos años. Este financiamiento tiene como destino principal a la ejecución de proyectos en las áreas de tecnología (satélite espacial), transporte militar (aviones, helicópteros), telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía eléctrica, agroindustria, vivienda, entre otros.

Su rápido y constante aumento numérico tiene que ver con la prestación de servicios o ejecución de proyectos que son financiados tanto por la banca estatal de ese país (China Export and Import Bank-Eximbank y el Banco de Desarrollo de China-CDB), como con recursos fiscales que provienen de los impuestos de los bolivianos (TGN) y de otras fuentes de préstamo (CAF, BID, FONPLATA, etc.). Es decir, que más allá se las condicionalidades de los préstamos de la banca china para encargar las obras a sus empresas públicas y privadas, éstas se benefician de la ejecución de grandes proyectos financiados con recursos propios del país y de otras fuentes.

Recientemente, el Embajador de la República Popular de China, destacó que su país es actualmente la principal fuente de recursos de crédito para Bolivia y ratificó la concesión de un nuevo préstamo millonario de 7.500 millones de dólares para un paquete de proyectos, anunciado tiempo atrás por el gobierno nacional. A continuación reveló que la gente no conoce que ésta es solo la primera etapa y que habrá una segunda y tercera etapas “podrían ser cuarenta mil millones de dólares de préstamo para más proyectos”.

El presidente Evo Morales instruyó que por la importancia de estos créditos, se conforme un equipo especial en Bolivia a cargo de los ministerios de economía y de planificación, así como otro pequeño pero decisivo equipo en China que haga conocer la información sobre las convocatorias a proyectos para que las empresas de ese país presenten sus propuestas.

Las empresas chinas ejecutan en Bolivia alrededor de 2.000 millones de dólares en esos proyectos, un equivalente al 6% del PIB del país. Esta cifra se convertirá en 9.500 millones de dólares, cuando se haga efectivo el préstamo de 7.500 millones obtenido por Bolivia en el China Eximbank, que el Gobierno solo puede gastar, a través de empresas de esta nacionalidad.

En 2015 se procedió a la creación de la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia con la participación inicial de 40 empresas. La Cámara funciona bajo la dirección de la Embajada china y la orientación de la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada (El Deber, 2015). Actualmente, según su embajador, en Bolivia operan más de 100 empresas chinas, tanto públicas como privadas, en diferentes proyectos.

A pesar de este ascenso de la presencia de China en el país, no existe un acuerdo marco que regule las relaciones bilaterales. Según el ministro de planificación, el último acuerdo fue suscrito hace 30 años (1986) y nunca fue actualizado; anunció que está en curso la elaboración de uno nuevo que buscará “concretar importantes créditos para el país, así como profundizar las relaciones bilaterales, en el marco de la solidaridad y complementariedad mutua, pero sobre todo, del principio de soberanía financiera”. Mientras tanto, ni las empresas chinas que ejecutan proyectos en el país, ni las instituciones nacionales cumplen un rol en la necesaria tarea de hacer cumplir las normas vigentes –locales e internacionales– en materia laboral, social e incluso ambiental.

SINOHYDRO GRAN EMPRESA ESTATAL CHINA

La empresa estatal china Sinohydro fue fundada a inicios de la década de los años 50 como contratista para proyectos hidroeléctricos públicos. Forma parte de las siete empresas estatales más importantes del sector de construcción, consideradas como “vanguardia” de los proyectos de ayuda exterior de China, entre los años 1950 y 1960. Fue una de las primeras en beneficiarse de la “política de salida” o “política hacia afuera” del gobierno que permitió que las empresas constructoras aumentaran su participación en el mercado mundial. En 2002 la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) informaba sobre la conformación de Sinohydro Corporation Limited como resultado de la reestructuración de las unidades de energía hidroeléctrica y de ingeniería de la ex Secretaría de Energía y el Ministerio de Electricidad e Industria, actualmente opera bajo el control de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatal-SASAC. En 2011, se fusionó con otras 58 empresas de suministro provinciales para formar la Power Construction Corporation of China (China Power). Desde entonces, Sinohydro se convirtió en la marca insignia de los negocios internacionales de esta corporación.

Según la ICM, es una de las empresas con mayores conflictos en el tratamiento de las negociaciones laborales a nivel mundial y existen múltiples evidencias de que no respeta las leyes laborales ni las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los países donde presta servicios. También existe una fuerte crítica de diversos grupos de la sociedad civil y activistas ambientales internacionales que rechazan la devastación del medio ambiente y la reubicación forzosa de comunidades locales como consecuencia de la construcción de represas, así como la falta de transparencia y de consulta sobre el impacto social y medioambiental en los que incurre la empresa, en las mega construcciones que viene ejecutando.

LA SINOHYDRO EN AMÉRICA LATINA Y EN BOLIVIA

El ingreso de la Sinohydro en América Latina se consolida a finales de 2008, momento en el que estalla la crisis financiera mundial y donde la gigante asiática encuentra un nuevo mercado potencial e incursiona en países como Honduras, Costa Rica, Belice, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ejecutando importantes proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, agrícolas y de comunicaciones, entre otros.

Sinohydro llega a Bolivia a finales de 2012 con la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno boliviano a través del Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE para agilizar el proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en el norte amazónico del país. Este memorándum se firmó mientras la Sinohydro, que estaba a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en Ecuador, enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General de ese país y en siete juzgados civiles y laborales de Pichincha, acusada de presunto delito de peculado, incumplimiento de pagos a una empresa subcontratista, e incumplimiento en el pago de haberes e indemnizaciones laborales.

A pesar de que las irregularidades de la empresa Sinohydro fueron dadas a conocer a las autoridades nacionales bolivianas, a la fecha esta empresa tiene cuatro contratos con el gobierno de Evo Morales, todos a través de licitación pública internacional. El primer contrato data de abril de 2014 y corresponde a la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama en sus dos tramos: tramo I Puente Ichilo – Puente Mamorecito y tramo II Puente Mamorecito-Ivirgarzama ($us 144 millones), firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Es precisamente, durante la ejecución de esta obra que se dieron a conocer las denuncias de los trabajadores bolivianos por la violación de sus derechos laborales y malos tratos por parte de la empresa.

El segundo contrato fue firmado en junio de 2014 entre Sinohydro –en asociación accidental con la empresa CBI– y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE a través de la nacionalizada Corani S.A. para la “Construcción de obras civiles, red vial, regulación y conducción” del proyecto hidroeléctrico San José (corresponde al segundo contrato de los cuatro que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico San José) ($us 124,1 millones), donde también se han registrado denuncias de los trabajadores por las mismas razones anotadas en el caso de la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama. El tercer contrato fue firmado en septiembre de 2015 entre Sinohydro y la estatal ABC para la construcción del tramo “Padilla-El Salto” ($us 89,6 millones).

Finalmente, en noviembre de 2015 se firmó el millonario contrato para el diseño y construcción de la sección central de la carretera “El Sillar” bajo la figura de contrato “llave en mano” –donde la empresa tiene a su cargo los estudios técnicos, el diseño y la ejecución de la obra– con una modalidad de financiamiento gestionada por el proponente ($us 426,1 millones). Llama la atención que la firma del contrato se hubiera hecho efectiva a pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas y la ABC por la adulteración de datos y documentos de un miembro del equipo de profesionales en un formulario que tiene valor de declaración jurada. Según el documento base de contratación, esta irregularidad llevaría a la descalificación de la propuesta presentada y el posterior cobro de la boleta de seriedad (1% del monto económico propuesto), algo que no sucedió en este caso. Esto sugiere la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y posterior firma del contrato con Sinohydro.

“NOS CHUPAN LA SANGRE”, PROTESTAN LOS OBREROS

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo- Ivirgarzama a cargo de Sinohydro, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

En julio del mismo año, los obreros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Libertad (uno de los campamentos instalados), declararon el primer paro indefinido denunciando la violación de sus derechos y demandando la atención de un pliego de peticiones de 19 puntos, que expresa los múltiples problemas que enfrentan y la extrema precariedad de las condiciones en las que trabajan.

Las demandas llegaron a la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia a la que está afiliado el sindicato, entidad que convocó a un ampliado nacional en la ciudad de La Paz. Las decisiones de este ampliado no fueron dadas a conocer públicamente.

El paro prontamente fue levantado gracias a la firma de un acta de entendimiento entre los trabajadores y la empresa Sinohydro para atender el pliego petitorio. El compromiso no fue cumplido por la compañía, provocando un segundo paro de los trabajadores en el mes de octubre, que generó una reacción violenta de la empresa. En efecto, los huelguistas fueron agredidos por ejecutivos chinos con una pala cargadora cuando se encontraban en vigilia en el campamento, a la espera del resultado de una audiencia que se realizaba en la Jefatura de Trabajo de Cochabamba.

Una nueva huelga fue declarada en noviembre de 2015. Esta vez con el bloqueo de la carretera en cercanías del campamento de Entre Ríos (Chapare). La empresa no solo incumplió el acuerdo, sino que procedió al despido injustificado de varios trabajadores. Luego de aproximadamente 10 días de paro y movilizaciones, los trabajadores suspendieron las medidas, tras un nuevo compromiso de la empresa para cumplir con todas las demandas laborales, reproduciéndose el círculo vicioso de manejo del conflicto iniciado en el mes de marzo.

Un año después de iniciado el conflicto, el 13 de enero de 2016, los trabajadores declararon el cuarto paro con carácter escalonado, exigiendo el cumplimiento de las demandas pendientes del pliego petitorio. Un día después, el Ministerio de Trabajo envió una carta a la Cancillería solicitando que interponga las acciones pertinentes para promover una reunión con la Embajada Popular de China en Bolivia y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar los conflictos laborales de las empresas chinas CAMC, Sinohydro y Sinohidro-CBI y lograr algunas directrices, dirigidas al cumplimiento de la normativa laboral vigente en el país.

La huelga fue levantada, pero algunos días después, los obreros de la empresa declararon un nuevo paro (el quinto) esta vez con carácter indefinido y al que posteriormente se plegaron más de 700 familias de las comunidades afectadas por la construcción del tramo Ivirgarzama-Ichilo en reclamo por el incumplimiento de la indemnización ofrecida por parte de la ABC y la empresa, por la cesión de sus terrenos para la construcción de la carretera. Un representante de Sinohydro advirtió con aplicar sanciones además de calificar la huelga como “ilegal”, porque su declaración no habría seguido el procedimiento fijado por ley.

El primer día de febrero de 2016, una delegación de trabajadores arribó a la ciudad de La Paz con el objetivo de presentar su queja ante el Ministerio de Trabajo, pretensión que no tuvo lugar a causa de una reunión fallida que develó el poco o ningún interés de esta cartera de Estado para atender sus demandas. El 3 de febrero se habría efectuado la reunión solicitada por el Ministerio de Trabajo, con la Cancillería y funcionarios de la embajada china. Los representantes de las empresas en conflicto tuvieron algunos minutos para exponer sus análisis sobre los conflictos laborales. Los grandes ausentes fueron los representantes de los trabajadores.

El 12 de febrero, luego de 22 días del quinto paro, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa que determina: i) la conformación de mesas de trabajo para buscar resolver las demandas; ii) el compromiso de los trabajadores para trabajar dos horas diarias adicionales para reponer el tiempo perdido en la construcción de la obra y, iii) el compromiso de la empresa de no aplicar descuentos por los días de paro.

Luego de tantos acuerdos incumplidos, queda la duda sobre la resolución de las legítimas demandas de los trabajadores por medio de estos mecanismos, sobre todo cuando la voluntad estatal no está de su lado.

La larga lucha de los obreros de la empresa Sinohydro, por cambios sustanciales en sus condiciones precarias de trabajo y por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, desnudó el pisoteo de las normas bolivianas por parte de esta compañía extranjera que sistemáticamente se negó a acatar las disposiciones nacionales frente a la inercia del Ministerio de Trabajo que incumplió su rol constitucional y aquel establecido por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES BOLIVIANAS

En el modelo de contrato establecido por la ABC para el proyecto de “Construcción de la Doble vía Ichilo-Ivirgarzama”, obra adjudicada a la empresa Sinohydro, la cláusula décima quinta (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) dispone: “El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS.

Además, el modelo de contrato contempla la obligación de la empresa de brindar un seguro “contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente” a favor de los trabajadores (cláusula trigésima cuarta), considerando los riesgos laborales que implica la construcción de la obra.

En el Documento Base de Contratación-DBC, no se otorga ningún tratamiento preferencial en materia laboral a favor de las empresas extranjeras y éstas tampoco tienen la posibilidad de transferir la responsabilidad por el cumplimiento de leyes laborales a la entidad pública contratante. Esto significa que cualquier empresa contratada por la ABC, está obligada al cumplimiento de las disposiciones laborales y de las actas de entendimiento o acuerdos suscritos, bajo la fiscalización del Ministerio de Trabajo como cabeza de sector; sin embargo, pese a ello, las vulneraciones más constantes son: inexistencia de contratos de trabajo escritos, largas jornadas de trabajo y horas extras sin pago, sin seguro de salud, insuficientes medidas de seguridad ocupacional,  salarios arbitrariamente afectados, violencia física y psicológica, despidos injustificados, incumplimiento de normas de seguridad industrial y la descalificación de los dirigentes sindicales.

Además de incumplir las normas laborales bolivianas, Sinohydro incumplió varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo-OIT que fueron ratificados por China y Bolivia. Al ser ratificados, los convenios se convierten en leyes nacionales que deben ser cumplidas.

Entretanto estremece el silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo, que no parecen tener en mente la necesidad de velar por la existencia de condiciones laborales dignas, en los millonarios proyectos que ejecutan las empresas chinas, como muestra el caso analizado y otros similares. A futuro, la inversión pública seguirá asentada en la contratación de nueva deuda con la banca internacional con un creciente predominio de la banca china, en medio de condiciones que se construyen a partir de sus propias necesidades y de las debilidades institucionales del país para fiscalizar, actualizar y hacer cumplir las leyes laborales y sociales que se establecen en los contratos entre las partes.

La experiencia enseña que las prácticas de explotación laboral se han instalado en el país desde la década de los noventa bajo la influencia de los grandes capitales –nacionales, extranjeros y mixtos–. En consecuencia, en este nuevo escenario, no solo hace falta evaluar los impactos directos de la presencia de empresas ejecutoras chinas sobre las condiciones laborales, mediante el seguimiento permanente del comportamiento del empleo, los salarios y otras condiciones de trabajo, sino también enfrentar las consecuencias negativas de la violación de derechos laborales. Esto no significa otra cosa que resolver oportuna y eficazmente los conflictos laborales y/o sociales que se presentan, actuando en consecuencia con las prerrogativas que otorgan las leyes nacionales o mediante la adopción de nuevos instrumentos regulatorios con ese mismo fin.