La inversión de recursos para infraestructura resulta de importancia económica y social, las políticas públicas que tendrían que dirigir esfuerzos importantes a la satisfacción de necesidades sociales de servicios de saneamiento, transporte, educación, producción y energía para las poblaciones, históricamente no son diseñadas para que el mayor porcentaje de inversiones lleguen a esos sectores. Grandes proyectos de infraestructura e industriales resultan promovidos y planificados en el país bajo el argumento de “desarrollo”, “salto industrial” y el objetivo de mantener el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo y la reducción de la pobreza o con la justificación de necesidad de renta para la inversión social. Es así que las políticas públicas y los discursos gubernamentales se concentran en promocionar las mayores inversiones del Estado que se dirigen a proyectos de construcción de carreteras destinadas al comercio internacional, ferrocarriles bioceánicos, centrales hidroeléctricas para la exportación de electricidad y plantas industriales justificadas a partir del potenciamiento del mercado.

El paquete anunciado de financiamiento chino de 7500 millones de dólares para megaproyectos de transporte, hidroeléctricas, riego y plantas industriales, que llegaría a tener un gran impacto en la deuda de Bolivia; los programas de apoyo al sector transporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que consolidan hasta ahora a este banco como el principal acreedor del país y los principales préstamos del Bando Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concentran en proyectos de infraestructura a gran escala como parte esencial de la planificación del desarrollo de Bolivia.

Qué significa en realidad un “megaproyecto”?

Resultado de algunos estudios, se ha propuesto las “seis C” como herramienta teórica para intentar identificar dichos proyectos. En base a algunas de sus características más visibles, se señala que se trata de obras: colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por los retos en ingeniería que suponen y su anti esteticismo; costosas, generalmente con costos superiores a los proyectados; controversiales; complejas y con problemas de control” [1]. No se trata de emprendimientos aislados, en los hechos constituyen una red logística y de ocupación territorial que significa la transformación del espacio y un profundo reordenamiento involucrando la modificación de las relaciones existentes, nuevos actores y dinámicas en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Deuda, inversiones y megaproyectos en tiempos de bonanza y crisis

Desde finales del siglo XX y principios del XXI, nos encontramos en un periodo de explotación de la naturaleza que no ha tenido precedentes. La demanda creciente proveniente principalmente de los países emergentes, en particular China e India, el crecimiento de la población mundial y el desarrollo tecnológico han generado la explotación masiva de recursos naturales para su incorporación en los mercados internacionales en un contexto de elevados precios de materias primas. Sectores como la minería y el petróleo, forestal y el agro-negocio, han estado en una etapa de permanente crecimiento acompañados de cuantiosas inversiones en grandes proyectos de infraestructura ejecutados con el fin de sustentar el mercado y el crecimiento de la economía global.

Grandes obras que en general han mantenido la dependencia del financiamiento externo para su ejecución, y enfocadas en la expansión del mercado y la libre circulación de mercaderías y capitales. A través de estas obras, los territorios han resultado intervenidos para el acceso y explotación de recursos cada vez más escasos y para la interconexión de estas regiones con los centros mundiales de producción industrial, constituyendo a su vez nuevos mercados para esa producción. Las promesas usualmente fueron la creación de nuevos puestos de trabajo que probablemente fueron creados, pero no entre los trabajadores industriales sino en servicios y comercio.

Sin embargo, en los últimos años el panorama mundial ha cambiado, el “crecimiento” prometido no es el mismo para todos y menos aún sostenible, si bien China sigue creciendo a un ritmo más lento, los países latinoamericanos ya están sufriendo los efectos del proceso de reprimarización de sus economías y escaso desarrollo industrial del periodo de auge de los precios de las materias primas. Los primeros afectados resultan los trabajadores que rápidamente ven reducidos sus ingresos y fuentes de trabajo.

Nos encontramos en un escenario de contracción de la economía mundial, reducción del volumen del comercio regional, disminución en los precios de las materias primas, incertidumbre en relación al desarrollo de las condiciones comerciales y financieras internacionales y disponibilidad de recursos, que están llevando a estrategias y acciones definidas como “colectivas”, es decir, que deben adoptar “todos” los países para sostener la demanda mundial.

Las mayores economías del mundo reunidas en el G-20 [2] junto al Grupo del Banco Mundial (GBM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) establecieron y se encuentran liderando desde el año 2014, medidas para combatir el estancamiento de la economía global, promover el crecimiento del G-20, impulsar en 2,1% su PIB hasta el 2018 y crear millones de puestos de trabajo. Estas decisiones que afectan las relaciones con los países en desarrollo, involucra entre sus mayores prioridades fortalecer el sector de infraestructura y concretar cuantiosas inversiones reuniendo a inversores y a promotores de grandes proyectos en todo el mundo. El año 2015, definieron que deben invertirse adicionalmente 1 billón de dólares al año hasta el 2020 en el impulso al desarrollo de infraestructuras como motor del crecimiento y el comercio internacional, destacando la importancia de la participación privada y subrayando la necesidad de facilitación y crecimiento del comercio a partir de medidas que simplifiquen y reduzcan los costos.

Este retorno poco visible de las instituciones pilares de la ideología neoliberal del Consenso de Washington (FMI; BM) se va fortaleciendo gradualmente sustentado en el “financiamiento al desarrollo” que establece “cerrar la brecha en infraestructura” como factor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, el rápido avance de la estrategia definida por el G-20 se consolida y asumida globalmente. Los países desarrollados, el sector financiero internacional y las mayores corporaciones del mundo van avanzando para que los países en vías de desarrollo que forman parte del G-77 (que actualmente incluye a 134 países principalmente de Centro y Sud América y de África), del que es parte Bolivia, acepten las recomendaciones para enfrentar la disminución de la demanda mundial y la crisis del sistema capitalista.

Es evidente que se avecina un nuevo ciclo de endeudamiento que en los hechos ya ha sido anunciado por el gobierno boliviano, vivimos la emergencia de nuevos actores, como los bancos y empresas chinas, emerge el financiamiento de India y Rusia junto a mayor protagonismo de actores tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, involucrados en el crecimiento de la deuda pública de los últimos años y en particular en la constitución de nuevos marcos regulatorios, flexibilización de normas de contratación pública y ambientales, promoción e incentivos a la inversión extranjera y circulación del capital.

Nuevos instrumentos de financiamiento son creados rápidamente por la banca multilateral y están orientados en: a) apoyar a gobiernos para que ofrezcan al mercado “proyectos bien preparados y viables” para las inversiones público-privadas, b) apoyar en la definición de prioridades de inversión, reformas legales y administrativas para la participación del sector privado, c) evaluar la factibilidad de las inversiones y la factibilidad de estructuración de las Asociaciones Público Privadas (APP), d) diseñar e implementar las transacciones y e) financiar proyectos, que  responden esencialmente a una estrategia que pretende dar respuesta a la crisis con la generación de mejores condiciones para las inversiones privadas en función del interés del capital transnacional y buscando recuperar la drástica caída a nivel mundial de inversiones en infraestructura.

El beneficio de los megaproyectos

Es innegable que el discurso de “desarrollo” a partir de mega-inversiones asentado en la promoción del consumo intensivo y explotación insustentable de recursos encuentra gran receptividad en la sociedad boliviana, no solo de grupos económicos y de poder, sino también en los sectores de bajos ingresos quienes mantienen las expectativas de que las grandes inversiones del Estado se conviertan en empleos y fuente de ingresos.

Sin embargo, los megaproyectos resultan de una dinámica e interrelación de actores e impulsores que intervienen en diferentes escalas y tiempos para garantizar sus intereses.

Por una parte, la banca multilateral y bilateral continúa con la imposición de prioridades con implicancias que superan el financiamiento llegando a definir políticas y el sustento discursivo que las acompañan. El negocio de la consultoría es en general poco visibilizado, en muchos casos con resultados escasos en términos de profundidad de estudios y en particular en términos de veracidad sobre las expectativas de desarrollo que generaría un determinado proyecto; los consorcios internacionales de la construcción, que se adjudican los más grandes proyectos del país en muchos casos en cuestionados y poco transparentes procesos, y que movilizan un amplio sector industrial en sus respectivos países, resultan entre los receptores de los beneficios inmediatos. En conjunto constituyen parte del sistema que funciona para garantizar la expansión acelerada del capital en la región, promoviendo la competitividad de las empresas especializadas en la explotación de materias primas y las ganancias del capital transnacional asegurándose el acceso presente y futuro a recursos naturales a partir de la red logística de infraestructura y las facilidades regulatorias.

Estas políticas e inversiones sustentadas en las necesidades de producción de renta y facilitación del comercio internacional, en muchos casos significan la transferencia de externalidades e impactos negativos a la mayoría de la población, antes que la generación real de beneficios. Es así, que evidenciamos la rápida expansión de periferias urbanas empobrecidas y el desarrollo de ciudades intermedias, receptoras de la población migrante del área rural que está siendo desplazada por grandes proyectos de transporte, hidrocarburos y minería, agroindustria de exportación o por las precarias perspectivas y condiciones de vida resultado de la continuidad de políticas que se rigen a las normas del mercado, establecidas en el período neoliberal.