Minería en Latinoamérica

Población de Nueva Trinidad decidió vivir en “Territorio libre de Mineria” en consulta popular

El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.
"Yo nací en esta tierra, ahora tengo a mis hijos y no voy a permitir que vengan a tocar terrenos que son privados, porque los compré con mi sudor... nadie tocará nuestros terrenos por la minería", dijo María Esperanza Sibrián.
Junto a ella, 803 votantes más decidieron blindar su territorio contra cualquier iniciativa de la industria minera, en el municipio de Nueva Trinidad, Chalatenango. El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.
Nueva Trinidad se encuentra a 105 kilómetros de San Salvador, se extiende en un área de 46.33 kilómetros cuadrados y se divide en 7 cantones y 56 caseríos. Es un pueblo de agricultores que comparten una herencia histórica de los años de la guerra civil en El Salvador.
El Alcalde José Matías Ábrego afirmó que la consulta popular fue exitosa por la participación de la población. "Estamos dando cumplimiento a la petición del pueblo sobre la prohibición minera, estamos satisfechos", señaló.
La petición de la consulta popular se concretó luego que, varias comunidades, con el acompañamiento de organizaciones sociales que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó una ordenanza municipal, que declarara al municipio como "territorio Libre de Minería".
Al evento se hicieron presentes el Secretario de Participación Ciudadana de la Presidencia, Marcos Rodríguez; el Ministro de Gobernación, Arístides Valencia; la Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Yanira Cortez, y los alcaldes de San José Las Flores y Arcatao, de Chalatenango.
"Estuve hablando con el Señor Presidente de la República (Salvador Sánchez Cerén) y entre otras cosas, hablamos sobre esta consulta como un ejemplo de participación ciudadana, así como la marcha de la paz (26 de marzo) que son dos acciones concretas desde la sociedad civil y con el beneplácito del gobierno, para profundizar la democracia", declaró Marcos Rodríguez.
"El pueblo es el mandatario, y se hará lo que el pueblo decida y no determinadas minorías de poder", subrayó.
Mientras, la Procuradora Adjunta (PDDH), Yanira Cortez, reconoció la importancia de fortalecer la democracia desde el nivel de las comunidades y autoridades municipales, en busca de acuerdos que permita un desarrollo social sostenible.
"La participación ciudadana es importante y por medio del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, es uno de los requisitos mínimos para vivir en democracia. Y es por esto, que la PDDH felicita al tercer municipio de Chalatenango que lleva a cabo, este acto que activó un mecanismo importante de participación y fortalecimiento de la democracia", indicó.
Para el Ministro de Gobernación, Arístides Valencia, la iniciativa del gobierno municipal con la consulta pública resalta el compromiso de las autoridades de buscar acuerdos; que es un hito histórico al conformar una sociedad civil crítica y dispuesta a decidir su futuro junto a su municipalidad.
"Lo importante de esta consulta es que se hace en el marco de un tema tan complejo como la minería metálica, la que tendría un alto impacto no solo en Nueva Trinidad o Chalatenango, las consecuencias de esta industria supera a todo el país. Para nosotros es fundamental esta participación, este ejercicio de derechos, que es una expresión de la voluntad del pueblo que da un valor fundamental a la construcción del desarrollo social y no desde un modelo económico que vaya en contra de la población", afirmó.
En cuanto a los compromisos por tratados comerciales de carácter supranacional frente a la ordenanza municipal de Nueva Trinidad, Marcos Gálvez, de CRIPDES, explicó que la medida tendrá que ser respetada, porque nace de la población. "Nosotros esperamos que todos los organismos nacionales e internacionales respeten la voluntad del pueblo de Nueva Trinidad, que respeten su derecho a la vida y salud; a pesar de que tengamos leyes sobre los intereses de El Salvador, porque este proceso está basado sobre la legalidad", acotó.
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Mexicana Southern Copper cancela millonario proyecto de cobre en Perú en medio de protestas

Southern Copper, controlado por el Grupo México, canceló este viernes su proyecto Tía María de US$1.400 millones en el sur de Perú.
Lima. Southern Copper, una de las productoras de cobre más importantes del mundo, canceló su proyecto Tía María de US$1.400 millones en el sur de Perú en medio de protestas de lugareños que rechazan el plan, dijo el viernes el director de Relaciones Institucionales de la empresa.
Southern Copper, controlado por el Grupo México, esperaba producir en el proyecto unas 120.000 toneladas de cobre anuales a partir de 2016.
La compañía minera tenía ya la aprobación del estudio de impacto ambiental en Tía María y esperaba del Gobierno una licencia para iniciar la construcción de la mina este año.
El director de Relaciones Institucionales de la compañía, Julio Morriberon, hizo este anuncio en una entrevista a la radioemisora local RPP, en medio de una nueva protesta contra el proyecto en la región de Arequipa que comenzó el lunes, por temores a que afecte la actividad agrícola de la zona.
Consideró que son los grupos violentos, apoyados ahora por algunos actores políticos, quienes se oponen a que el valle salga adelante.
"Como arequipeño me frustra ver como esta inversión de más de US$1.400 millones se nos escapa de las manos para ir a países vecinos, pero en la vida hay que tomar decisiones oportunas y nosotros nos vamos a caer en el juego de la postergación eterna que viene afectando otros proyectos", remarcó.
Las acciones de Southern Copper caían el viernes en la bolsa peruana casi un 5%, mientras que sus papeles en México retrocedían cerca de un 4%.
La explotación de recursos naturales en Perú es foco de constantes conflictos sociales protagonizados por pobladores y comunidades nativas que acusan a las empresas de no respetar sus tierras o de contaminar las zonas donde viven.
Varios proyectos mineros en el país han sido suspendidos en los últimos años en medio de protestas, entre ellos el plan aurífero Conga de US$5.000 millones, que llevaban adelante la estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura.
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