La Autoridad  Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) prepara una intervención en   Madre de Dios y Suches, que  colindan con Perú, donde se hace una explotación ilegal de oro.

A la fecha se tiene identificados a varios operadores, entre ellos cooperativas mineras, comercializadoras y otros.

“El análisis sobre el oro ilegal es un trabajo que lo estamos haciendo con nuestra similar de Perú, ya nos hemos reunido con  ellos. Hemos empezado a articular con el comando un  operativo conjunto que en los siguientes meses se ejecutará y se hará en dos lugares, en Suches y Madre de Dios”, anticipó el director jurídico de la AJAM, José Encinas.

Aunque por temas de seguridad no se dio la fecha en que se hará el control en esos lugares.

 El representante admitió que la  región Madre de Dios es “complicada”, debido a que en el lugar  se cometen otro tipo   de delitos, como la trata de personas, y se  encontrarán con grupos opositores a la labor de fiscalización.

Encinas recordó que desde 2012, las autoridades de Perú aprobaron  normas para la interdicción de la minería ilegal, que es cuando el oro del vecino país fue comercializado en territorio boliviano e incluso hizo crecer las exportaciones del metal  dorado. “Tenemos casos dramáticos, hay denuncias de Perú  sobre una comercialización de mineral que viene del vecino país y que ha sido convalidada por un par de cooperativas en la zona Madre de Dios,  al norte del país. Los números son dramáticos, si uno se fija la balanza comercial de la exportación de oro  se dará cuenta”, precisó.

Según el informe de la AJAM,  Bolivia  exportó en 2012 casi  60 millones de dólares en oro, pero en 2013,  cuando  la fiscalizadora minera de Perú comenzó sus medidas de control de la explotación ilegal, las ventas bolivianas  al exterior  subieron a 200 millones de dólares, y en 2014, el valor de exportación de oro cerró en más de  1.000 millones de dólares.

Encinas advirtió que ya se tiene identificada las áreas de la minería ilegal,  donde principalmente se extrae oro.

Agregó que  el vecino país  también tiene informes de inteligencia en los que se muestra a los involucrados, desde comercializadores de minerales, cooperativas mineras y otros, que conforman una cadena.

El control en el vecino país

En 2012, el Gobierno peruano aprobó decretos para la Estrategia Nacional para la Interdicción  de la Minería Ilegal, con el fin de erradicar los principales enclaves y reducir significativamente los delitos conexos a esa actividad, entre ellas, la trata de personas, evasión tributaria, daño ecológico y otros.

 Autoridades de ese país informaron que la zona Madre de Dios es la que tiene el mayor número de denuncias por contaminación ambiental a causa de la minería ilegal, según reportó  la agencia de noticias Andina, en agosto de 2014.

 Las competencias de la AJAM

El artículo 40 de la Ley de Minería y Metalurgia 535, sobre las atribuciones y competencias de la AJAM, señala que “promoverá e interpondrá acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal en áreas libres”.

 Encinas enfatizó que si bien la Ley 535 les da facultades para fiscalizar, requieren mayor personal para aplicar sus tareas; por eso  se solicitó mayor cantidad de funcionarios para que vayan a hacer controles in situ (en el sitio).

La fiscalizadora minera intervino en Villamontes

 A principio de este mes, en las zonas Capirendita y San Antonio,  del municipio de Villamontes en el sur del país, se detuvo a 30 personas acusadas de explotación ilegal de minerales y de otros delitos. En el lugar se secuestró  maquinaria utilizada para estos fines, valuada en más de 700.000 dólares.

El megaoperativo  fue realizado a la cabeza de la  Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con las Fuerzas Armadas (FFAA),  la Fiscalía del departamento de Tarija, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales- (Senarecom).

El director ejecutivo  de la AJAM, Carlos Alberto Soruco,  destacó la intervención y dijo que es la primera vez, desde la vigencia de la actual Ley de Minería, que una entidad del Estado  realiza un operativo de esta magnitud en contra de la minería ilegal.

El artículo 104 de la Ley de Minería señala:  “…el que realice  actividades de explotación de recursos minerales sin contar con la licencia o derecho otorgado en el marco de la presente ley incurre en explotación ilegal”.

La información de minería fuera de la norma fue dada por agentes de inteligencia.

 Las sanciones penales, establecidas por ley, incluyen la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones tributarias y pago de regalías que corresponden a los actores productivos mineros, agrega la norma.