Según los datos recopilados por Pablo Villegas, investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (CEDIB) de la ciudad de Cochabamba, el cuestionado Decreto Supremo 2366, aprobado el pasado 20 de mayo por el Gabinete de Evo Morales es muy similar a un proyecto de ley planteado en julio de 2003 por Alejandra Sánchez de Lozada, hija del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Dicho proyecto fue frenado por el rechazo de las organizaciones indígenas poco antes de la llamada Guerra del Gas.

 El decreto 2366 autoriza el ingreso de las empresas petroleras a las áreas protegidas, que en el país suman 22. Once de ellas estarían a expensas ahora de la nueva frontera petrolera.

Según Villegas, en 2003, varias compañías petroleras habían hecho conocer su molestia porque el gobierno de  Sánchez de Lozada les había otorgado concesiones para exploración, a las que luego les negaba el ingreso por ser áreas protegidas.

De acuerdo al registro histórico, José María Moreno, representante de Andina (REPSOL) manifestó que se hacía difícil la explotación de crudo por la imposibilidad de realizar nuevas exploraciones en áreas protegidas y decía: “no puede ser que salgan áreas a concurso en las que luego no se puede trabajar”.

Las compañías argumentaban sus reclamos sosteniendo que el país estaba cerca de un desabastecimiento de carburantes por la ausencia de petróleo.

Las autoridades gubernamentales de entonces decían, sostiene Villegas, que el hecho de que las áreas de exploración petrolera se sobrepongan a la áreas protegidas, “no debería ser un factor que impida dicha actividad, (porque) es posible realizar actividades exploratorias acatando normas y procedimientos acordes con las normas legales de protección al medio ambiente”.

 En consecuencia, el oficialismo de entonces elaboró varias soluciones. Entre aquellas estaba un proyecto de ley de áreas protegidas impulsado por la diputada Alejandra Sánchez de Lozada.

Una vez conocido el proyecto de ley, diversos actores que más adelante formaron parte del gobierno del MAS, se opusieron.

 Desde el Décimo Congreso de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dirigida por Román Loayza, se conminó a las empresas petroleras a retirarse de las áreas protegidas y parques nacionales.

“Las empresas petroleras, mineras y madereras deben salir de los parques nacionales. Debe efectuarse una redelimitación de las áreas protegidas en todo el país. Asimismo, la administración y el control de estos parques debe hacerse por las comunidades campesinas y pueblos indígenas que vivimos en ellos”, rezaba un pronunciamiento oficial de la entidad que también representaba a las seis federaciones del Trópico cochabambino.

“La oposición más fuerte y fundamentada vino, sin embargo”, dice Villegas, “de parte de Gabriel Herbas, entonces diputado por el MAS; y ahora Contralor. Herbas denunció que el gobierno del MNR-MIR-NFR de entonces querían “mostrar hipócritamente que Bolivia conserva y protege su ambiente y sus áreas protegidas”, cuando en los hechos ocurría lo contrario.

Respecto al proyecto de ley, el diputado Herbas dijo que estaba diseñado para favorecer los intereses de las empresas transnacionales petroleras, mineras y madereras, y que era “la propuesta de legalización de actividades petroleras en estas áreas”.

 Por el lado del gobierno, Cynthia Silva, parte del equipo redactor del proyecto de ley, argumentó de forma similar a como se defiende el decreto 2366: “Se permitirá la explotación razonable en vía de excepción en el caso de encontrarse grandes reservas de minerales o hidrocarburos en las áreas protegidas, pues se debe encontrar un punto de equilibrio entre la conservación y explotación controlada a favor de la región”.