El pueblo indígena de Tacovo Mora ingresó ayer en un bloqueo indefinido en el ingreso de la planta separadora de líquidos de Río Grande

La Estrella del Oriente.- El pueblo indígena de Tacovo Mora ingresó ayer en un bloqueo indefinido en el ingreso de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en rechazo al ingreso de la empresa Chaco para la exploración y búsqueda de hidrocarburos en zonas protegidas del país, además denuncian que no fueron consultados para dicha exploración.

“Hemos instalado un bloqueo indefinido a la entrada de la planta de Río Grande que está ubicada a 10 kilómetros de la comunidad Yatairenda, rechazando el ingreso de la empresa petrolera a hacer su trabajo de exploración sin consulta previa a la capitanía de Tacovo Mora y por eso estamos preocupados por la vulneración de derechos que hace el Gobierno nacional”, informó Ronald Gómez, representante de los indígenas de Takovo Mora.

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país. El presidente Evo Morales dijo durante el congreso de Gas & Petróleo realizado el pasado mes en Santa Cruz, que la actividad solo afectaría el 0,4% del conjunto de las siete áreas, de 22 reservas, que serán intervenidas, además de que el pueblo guaraní habría autorizado dicha exploración, sin embargo los guaraníes lo niegan. Asimismo, Gómez pidió a la empresa Total el cumplimiento del acuerdo que ha suscrito la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) con la firma y el Gobierno, para volver a enterrar los restos óseos hallados fortuitamente en el campo Incahuasi, Caraparicito.

La semana pasada, tras un ampliado la APG se anunció la presentación de una Acción Popular que buscará, mediante un recurso de amparo constitucional, la anulación de tres decretos supremos que autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas. Los guaraníes creen que estos decretos violan la Constitución Política del Estado porque alientan la explotación petrolera en sus territorios.

El pasado 1 de julio, el defensor del pueblo, Rolando Villena, presentó ante el TCP un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2195 de compensación a indígenas por los impactos ambientales de la explotación minera e hidrocarburífera con el argumento de que viola el derecho a la libre determinación.

La CPE establece que “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”. TEXTO: bismark marupa bmarupa@gmail.com