Después de  la promulgación de la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, Ley 708, los empresarios privados comprometieron una inversión de 3.000 millones de dólares para este año. El Gobierno  afirma que se garantiza la seguridad jurídica.

Los recursos serán destinados a diferentes áreas y servirán para asegurar el crecimiento económico del país, que se prevé que este año cerrará  en 5%.

“Luego de largas jornadas de trabajo y revisión económica y estadística, estamos en condiciones de anunciar que acompañaremos en el objetivo del crecimiento de la economía; para ese cometido es necesario que la inversión privada logre niveles aproximados de 3.000 millones de dólares como el Presidente (Evo Morales) lo demanda”, afirmó ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Ayer se promulgó la Ley de Conciliación y Arbitraje, que se presenta como una alternativa para la resolución de problemas para las empresas y el mismo Estado boliviano antes de acudir a otras instancias, incluso internacionales, señaló el presidente Evo Morales, durante el acto en Palacio de Gobierno.

“Saludo  este trabajo conjunto entre el sector inversionista, tenemos una ley para inversión y conciliación, digna, con mucha ética en Bolivia y soberanía, ahora ningún sector empresarial puede quejarse sobre que no hay garantías ni seguridad jurídica”, fundamentó el Presidente.

Nostas anticipó que la inversión privada   estará concentrada en hidrocarburos, manufactura, agricultura, ganadería, finanzas, transporte, almacenamiento, construcción y comercio.

“En cuanto el Gobierno mantenga las metas de inversión pública anunciadas ( 6.179 millones de dólares), el empresariado estará a la altura de este desafío”, enfatizó.

El representante de los empresarios aseguró a los gobiernos de otros países y a los organismos de la cooperación internacional que la ley fue consensuada con su sector.

La nueva norma

La nueva norma, que sustituye a la Ley 1770 de Arbitraje  y Conciliación, ofrece medios alternativos de solución de conflictos en al menos 12 materias excluidas de arbitraje, a diferencia de la anterior ley que preveía sólo cuatro, señala una nota del Ministerio de Comunicación.

En los siguientes días  el Ejecutivo elaborará el reglamento de la nueva ley, que será aprobado mediante decreto supremo.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó que  la ley genera un procedimiento de arbitraje con los “elementos más modernos” para la protección de inversión pública y privada.

“La ley establece un régimen especial para las inversiones. Un régimen que somete a las leyes bolivianas la inversión, pero que genera una seguridad jurídica para los dos extremos (público y privado)”, afirmó Arce.

Cualquier controversia sobre inversiones se deberá dirimir en  el país, según estipula la

norma.

“Las controversias en materia  de inversiones  estarán sometidas a la jurisdicción, a las leyes y autoridades bolivianas”, señala el parágrafo I, artículo 127.

Pero la norma aclara que antes de ir a arbitraje, las partes deberán recurrir a la conciliación.

Las controversias sobre  recursos naturales no irán a  arbitraje

La propiedad de los recursos naturales no podrá ser sometida a conciliación ni a arbitraje en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), establece la nueva  Ley de Conciliación y  Arbitraje promulgada ayer.

En su artículo 4, con  el título de “Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje”, el anteproyecto precisa que “no podrán ser sometidas a la conciliación o el arbitraje la propiedad de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre reservas fiscales y  los tributos y regalías”.

También se excluye de esos procesos el acceso a los servicios públicos; a las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados;  a materias que afecten al orden público y a las cuestiones sobre las que haya recaído la  resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución. En el artículo 7 de reserva de la información, la ley señala que “cuando el Estado sea parte de un procedimiento de conciliación o de arbitraje, toda la información conocida y producida en dicho procedimiento  tendrá carácter reservado si fuera calificada como tal por la normativa vigente”.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó ayer que Bolivia tiene controversias abiertas con las empresas privadas de Iberdrola, la Jindal y Abertis, por la nacionalización casos con los que se prevé llegar a un acuerdo en este año.

El lunes pasado, Arce indicó  que Bolivia ahorró  el pago de más de 2.000 millones de dólares por concepto de  indemnizaciones a empresas nacionalizadas y otras controversias, pero sin acudir a arbitrajes internacionales.

Gobierno: Es un medio alternativo

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró ayer que la Ley de Conciliación y Arbitraje  es un “medio alternativo de resolución de controversias”.

“La Ley de Conciliación y Arbitraje norma la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual, entre esos  contratos de alquiler, anticresis y empresas constructoras”, mencionó la autoridad, según ABI.

Explicó que con la vigencia de la ley, los centros de Conciliación y de Arbitraje autorizados deben adecuar sus reglamentos en un plazo de 45 días y las autoridades del área regulada que hacen conciliación entre usuarios o consumidores y las entidades reguladas lo harán a base de sus normativas y procedimientos.