En el marco del examen que realizará el Comité de Naciones Unidas para Derechos Humanos a Venezuela sobre el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos civiles y políticas, Laboratorio de Paz se encuentra en Ginebra para denunciar los escasos resultados de las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas.

Tras 30 años de lucha por parte del movimiento indígena venezolano, la Carta Magna de 1999 incorporó el Capítulo VIII, donde se reconocen derechos de los pueblos y comunidades indígenas en concordancia con los estándares internacionales. Entre otros se ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se aprobó la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras Indígenas; la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y Venezuela votó a favor de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, propuesta en las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de este marco normativo favorable para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y tras 15 años de aprobación de la CRBV, los avances concretos no se han correspondido con los derechos consagrados en las leyes del país.

La demarcación de los territorios indígenas debía realizarse en un plazo de dos años según lo dispuesto en la Constitución en 1999. Sin embargo en diciembre del año 2014 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) denunció que sólo se ha  demarcado el 12.4% de los hábitat y tierras indígenas en el país. El 87,6% sigue en mora.

Diferentes organizaciones indígenas y aliadas de los derechos indígenas, concuerdan  que el  retraso en la demarcación de tierras se relaciona con la existencia de riquezas minerales en sus territorios. El Estado no sólo no proporciona información sobre las medidas adoptadas para garantizar el consentimiento previo, libre e informado como lo estipula artículo 120 de la CRBV sino que Organizaciones indígenas y aliadas han denunciado que el Estado venezolano no ha realizado ninguna consulta previa, libre e informada en las concesiones otorgadas desde el año 1999 en materia energética, mineral y maderera en sus territorios.

En diciembre del año 2010 el presidente Hugo Chávez anunció la creación del Distrito Militar número 1 en el municipio Guajira del estado Zulia, territorio habitado por la etnia wayúu, el pueblo indígena mayoritario de Venezuela. El Comité de los Derechos Humanos de la Guajira, denunció en octubre del 2014 que efectivos militares habían violado el derecho a la vida de 13 indígenas, documentando además 15 casos de tortura, 60 allanamientos ilegales y 760 privaciones ilegítimas de libertad. La presencia militar ha sido justificada por las autoridades para enfrentar los delitos asociados al contrabando. Las organizaciones indígenas wayúu han exigido la derogación del Distrito Militar 1 en la Guajira y la realización de un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los objetivos de la presencia militar en sus territorios.

En Venezuela se viola el derecho a las organizaciones e instituciones propias y la libre asociación, a través de medidas que imponen formas de organización distintas a las tradicionales. Desde el año 2009, con la Ley Orgánica de Consejos Comunales, el Estado ha promovido y jerarquizado los llamados Consejos Comunales Indígenas  dentro de las comunidades, como figuras obligatorias para la interlocución con las autoridades.

Estas organizaciones se han implementado sustituyendo a las organizaciones propias, tales como los Consejos de Ancianos; socavando la autonomía, sus formas asamblearias deliberativas y autodeterminación introduciendo nuevas instituciones con lineamientos apegados a las directrices ideológicas gubernamentales. Lo anterior se reflejó en las declaraciones realizadas en el año 2013 por el Vicepresidente Jorge Arreaza: “Aquel miembro de un pueblo indígena que no tiene la claridad de no estar con la Revolución Bolivariana es prácticamente un traidor a su pueblo, un traidor a su comunidad”.

Laboratorio de Paz espera que de los resultados de la evaluación realizada al Estado venezolana se realicen recomendaciones que ayuden a mejorar la situación de las comunidades indígenas del país y el disfrute de sus diferentes derechos.