El sector de la electricidad está viviendo una transición sin precedentes; así queda recogido en un reciente informe publicado por el World Economic Forum titulado The Future of Electricty en el que se analiza el nuevo paradigma al que se enfrentan los gobiernos y las empresas en todo el mundo. El documento asegura que “en la última década, el consenso global acerca de la importancia de reducir las emisiones de carbono ha puesto de manifiesto la necesidad de ‘descarbonizar’ también el sector eléctrico, el segundo mayor emisor de carbono después del transporte”. En este sentido, América Latina puede presumir de llevar años moviéndose hacia un sector energético más limpio y también menos dependiente de las importaciones de petróleo.

Además, en un entorno internacional protagonizado por la inestabilidad en los precios del crudo, la búsqueda de alternativas energéticas para garantizar el abastecimiento seguro de electricidad a la población es una preocupación de primer nivel para todos los gobiernos. En este sentido, la electricidad presenta la ventaja de poder generarse mediante recursos naturales renovables, presentes en muchos países de América del Sur, aunque de manera desigual.

En esta región, las cuencas transfronterizas representan el 75 por ciento del caudal, una realidad que ha impulsado la puesta en marcha de importantes proyectos hidroeléctricos, como reconoce la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según este organismo, las diferencias estacionales y de precipitaciones en los distintos territorios provocan momentos de sequía y otros períodos con exceso de agua, una situación que se puede aprovechar mediante la cooperación energética entre países.

Pero a pesar de estas oportunidades, la región sólo ha desarrollado aproximadamente un 30 por ciento de su capacidad hidroeléctrica. Brasil es el país que presenta más potencial en cuanto a generación de electricidad mediante recursos hídricos, seguido de Colombia, Perú y Venezuela.

Existen, no obstante, factores que generan inestabilidad en el uso del agua como generadora eléctrica. La debilidad institucional o la ausencia de un marco jurídico que recoja las expectativas económicas y las necesidades sociales y ambientales de usuarios, operadores y comunidades afectadas por el desarrollo de estos proyectos hídricos, son algunos de ellos.

Las interconexiones eléctricas conectan las redes nacionales mediante líneas de alta tensión y subestaciones, permitiendo así el intercambio energético transfronterizo. De esta forma, un país puede aprovechar el excedente energético de su vecino cuando su demanda supere la generación eléctrica nacional. Con esta colaboración energética se garantiza el abastecimiento de los ciudadanos y se optimiza una energía que de otra forma no sería aprovechada.

En términos económicos, un sistema energético interconectado obliga a los agentes a tener ofertas competitivas respecto a los operadores del otro país, lo que se traduce en una bajada de precios de las tarifas.

Aumento constante de demanda energética

Pero no todas las regiones del mundo podrían plantearse un mercado energético regional a una escala de 20 millones de kilómetros cuadrados donde viven más de 500 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial (BM). Los países de América Latina aumentarán su demanda de energía entre 2014 y 2017 en casi un 5 por ciento (ver figura inferior) según un estudio publicado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Perú, Costa Rica y Bolivia son algunos de los Estados en los que más crecerá esta demanda.

En los últimos años, el panorama energético de América Latina ha experimentado numerosas reformas, aunque no todas en la misma dirección. Por ello, hoy es posible encontrar en la región mercados totalmente integrados y otros muy desagregados. Teniendo en cuenta esta realidad, no resulta sorprendente que la calidad del servicio en producción y eficiencia presente diferencias entre un país y otro. En este contexto, la integración energética mediante un mercado eléctrico regional puede mejorar la eficiencia y promover la competencia entre los productores energéticos.

El consumo de energía que ha mostrado la región en la última década es una pista de cómo va a crecer la demanda en los próximos años. Entre 2002 y 2012, América Central y América del Sur han aumentado su consumo eléctrico en un 51 por ciento, según los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés). Durante ese período, Guatemala y Paraguay han duplicado su consumo, aunque no así la generación energética. En este sentido, Brasil continúa siendo el gigante generador de electricidad, alcanzando los 537.000 millones de kilovatios-hora (MMkWh) en 2012. Pero el país carioca no sólo es líder en este aspecto. Con un consumo de 483.000 MMkWh, Brasil fue el país de la región con mayores flujos de importación eléctrica, 40.000 MMkWh. La diferencia entre estas cantidades tiene que ver con las pérdidas en la distribución de la energía. Ese mismo año, el segundo mayor importador de energía eléctrica de la región fue Argentina, con 8.100 MMkWh.

En la lista de países a la cabeza de exportaciones ocupa la primera posición Paraguay que, atendiendo a los datos de la EIA, en 2012 vendió fuera de sus fronteras 47.600 MMkWh. Tras él, aunque a una gran distancia, se encuentra Colombia, que ese mismo año exportó 7.150 MMkWh.

En general, tanto el consumo como la generación eléctrica en la región han aumentado entre 2002 y 2012 en torno a un 50 por ciento y las previsiones apuntan a que la tendencia va a continuar. Así lo recoge un reciente documento publicado por la consultora PwC, que de cara a los próximos 20 años pronostica un incremento de la demanda eléctrica mundial como consecuencia del crecimiento demográfico y los cambios tecnológicos, focalizados en aplicaciones alimentadas con esta energía.

Desde hace décadas, varios países de América Central y del Sur estudian las posibilidades de llevar a cabo proyectos que permitan aprovechar las infraestructuras nacionales para establecer una interconexión eléctrica a lo largo del subcontinente. Ante la escasez de reservas de recursos energéticos tradicionales como el petróleo y el gas, los países latinoamericanos caminan hacia un sistema de interconexión eléctrica que recorra el subcontinente permitiendo la optimización energética a gran escala.

La apertura de la planta hidroeléctrica de Salto Grande, entre Uruguay y Argentina en 1979, e Itaipú, en Paraguay y Brasil en 1984, fueron las primeras experiencias en un camino que, décadas después, puede suponer el abastecimiento de millones de personas con energías limpias.

A diferencia de estas primeras interconexiones, en las que los actores se limitaban a dos países vecinos, hoy se pueden encontrar en América Latina diversos ejemplos de colaboración entre varios estados.

La integración energética en Centroamérica

América Central es la región más madura en lo que a interconexiones eléctricas multilaterales se refiere. Desde 1995, los gobiernos centroamericanos, con el apoyo de España y del Banco Interamericano de Desarrollo, acordaron llevar a cabo estudios técnicos para desarrollar una idea surgida algunos años atrás y que ahora se conoce como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac), una infraestructura de transmisión eléctrica de 1.790 kilómetros de longitud de 300 megavatios (MW) a través de estos seis países (ver figura inferior).

Tras la puesta en marcha del tramo 15 de Septiembre-Pavana, entre El Salvador y Honduras en 2003, esta región se encuentra plenamente enlazada mediante el Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional, en lo que se ha denominado el Mercado Eléctrico Regional (MER) de Centroamérica.

La necesidad de regular los intercambios energéticos entre los países que componen este espacio –Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá- propició la aparición del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que entró en vigor en 1998, después de ser ratificado por los seis países.

De acuerdo con un reciente estudio publicado por el BM, la configuración de un mercado energético regional proporciona ventajas en el comercio de la energía, ya que reduce el tiempo de planificación y agiliza la implementación de las reglas reconocidas en ese mercado. Según el organismo, esta necesidad se hace más evidente teniendo en cuenta que otros organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio, no abordan adecuadamente las transacciones de electricidad.

Con la entrada en vigor del Tratado en América Central, nacen tres organismos regionales para operar, gestionar y coordinar la red en estos seis países. Por un lado, la Comisión Regional de Integración Eléctrica (CRIE), que es el regulador encargado de modular el mercado regional y unificar los procedimientos técnicos. En segundo lugar, el Ente Operador Regional, cuya tarea es coordinar el mercado diario y difundir información a través de los operadores de los sistemas nacionales regionales. Por último, la Empresa Propietaria de la Red, la compañía que opera las interconexiones, participada al 75 por ciento por capital público y al 25 por ciento privado.

Respecto a estos accionistas, cabe destacar la presencia de la eléctrica española Endesa, la mexicana CFE y la colombiana ISA, que, junto a otros inversores privados, han aportado al proyecto 58 de los 505 millones de dólares del coste final.

La puesta en marcha de la Línea Siepac ha permitido optimizar los recursos energéticos y las infraestructuras, utilizando los excedentes de electricidad y aprovechando la diferencia de los husos horarios. Según el BID, en 2013 “las transacciones del Mercado Eléctrico Regional (MER) alcanzaron los 1.500 gigavatios-hora (GWh), lo que representa un incremento de más del 300 por ciento de las transacciones del MER con respecto a 2012”.

Apoyo de organismos internacionales

Pero a pesar de los avances, desde que se iniciara el intercambio energético en Centroamérica, apenas el 5 por ciento del consumo de electricidad se ha cubierto con estos flujos.

Según el BM, en la actualidad, los intercambios de electricidad están dominados por contratos bilaterales. De hecho, en 2011 estos acuerdos representaron el 92 por ciento de los intercambios transfronterizos. Por ello, varias instituciones animan a la región a seguir adelante con estos proyectos.

Así, la Cepal publicó en 2004 un informe en el que recogía algunos fundamentos para avanzar en este campo. Pero son el CIER, junto a la Corporación Andina de Fomento (CAF), los organismos que han cuantificado con más detalle los beneficios de estas infraestructuras.

Y es que más allá de contar con los recursos naturales, la región goza de la experiencia técnica y los organismos reguladores necesarios para poder madurar este proceso complejo.

El anhelo de integración regional ha unido el centro y el norte de América. La interconexión México-Guatemala se encuentra plenamente operativa desde 2010. Se trata de una línea de transmisión a 400 kilovoltios (kV) con una longitud de 27 kilómetros en el país azteca y 71 en Guatemala. En total, 98 kilómetros y medio con un circuito habilitado. La red cuenta con dos subestaciones, una en la ciudad mexicana de Tapachula y otra en el Departamento guatemalteco de Retalhuleu. En 2011, el flujo eléctrico en esta interconexión fue de 1.260 GWh. Ese año, México exportó a Guatemala 525 GWh.

En América del Sur, la frontera entre Colombia y Venezuela presenta cuatro conexiones eléctricas entre ambos países (ver figura superior). Estas infraestructuras son de las más antiguas de América Latina y su capacidad energética es bastante limitada.

Por otro lado, a lo largo de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina (ver figura superior), se concentran muchas de estas redes. Destaca en esta zona la central hidroeléctrica Salto Grande, que tal como señala el CIER, comparte su producción entre Uruguay y Argentina a partes iguales, de manera sincronizada. En este caso, los sistemas eléctricos de ambos países están conectados a un sistema troncal de transmisión de 500 kV.